Por Jesús Michel Narváez
Leí con interés la información surgida en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la iniciativa presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y que tiene clara dedicatoria para los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama -los mencionó por su nombre- sin incluir a los otros 9 consejeros.
Es una reforma a la Constitución y a la Ley de Amparo para que nadie perciba mayor salario que el presidente de la República.
La intención es que se nieguen amparos a los servidores públicos que se niegan a aceptar la reducción de sus salarios.
Durante su exposición, el legislador de Morena, se empecino en señalar a los dos consejeros de “abusar del amparo mediante suspensiones”.
Desde de la Tribuna legislativa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, señaló: “Se han resistido y han abusado del amparo a través de suspensiones, abusando del derecho, siguen violando esta disposición. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han encabezado las violaciones a la Constitución para tener privilegios”.
¿Y los otros 9 consejeros ganan menos de lo que establece la Ley?
No lo dice en su iniciativa y se advierte que es sencillamente para denostar a quienes han hecho frente a los ataques presidenciales y de legisladores de Morena y sus satélites, por supuesto, mientras que las oposiciones han buscado salvaguardar no el salario de los consejeros sino la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Se colige en el texto que la reforma aplicaría para todos los servidores públicos y por tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también les llegará la lumbre a los bolsillos.
Sin embargo, el estatus de los colegiados juristas parece estar aparte.
¿Quién le negaría una suspensión a un ministro que siente afectada su economía?
¡Nadie!
Seguramente se hará general para todos quienes conforman las plantillas de los órganos autónomos constitucionales y entre los que se encuentran la gobernadora del Banco de México y los 5 subgobernadores; los 7 comisionados de la Comisión Nacional de Competencia Económica; otros 7 en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el presidente y los vicepresidentes del INEGI y un largo etcétera.
Sin embargo, no queda claro si a los ministros de la Corte les aplicara la medida.
Porque al inicio de la administración se planteó que todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, ganarían menos que el presidente de la República, quien arbitrariamente se fijo el salario de 112 mil 122 pesos. Desde 2019 los ministros defendieron su independencia y siguen con los salarios aprobados por las legislaturas desde hace décadas. La medida no puede ser retroactiva en perjuicio ,de nadie. Lo dice la Constitución.
Y en el salario del presidente, claro, no se contabiliza pago de renta por vivir en Palacio Nacional, de energía eléctrica, de servidumbre, de seguridad, de gasolinas, de alimentos, de medicinas y atenciones médicas. Súmele y verá cómo se abulta.
¿Osará Gutiérrez Luna echarse el trompo a la uña y obligar a los ministros, magistrados y jueces a reducirse el salario “voluntariamente” o en apego a la reforma que propone?
Veremos de qué está hecho el veracruzano amigo de su góber.
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