*“No Ha Lugar” la Incorporación de la Guardia Nacional a Sedena
*La Consulta Para Revocación de Mandato, es Derecho Ciudadano
*Podría ser Iniciativa Preferente en el Inicio de la LXVI Legislatura
*Eduardo Ramírez, Coloca los Puntos Sobre las Íes Legislativas
Por Joel Armendáriz
Es un campo minado. Desde la Constitución, fueron sembradas las suficientes minas para impedir que alguien, el que fuere, caminara como Jesucristo por las aguas acompañado del temeroso Pedro. Minas que están colocadas estratégicamente y por más que se tengan “otros datos”, no serán suficientes para descubrir en dónde no pisar.
Sin embargo, hay quienes suponen que pueden caminar sin peligro alguno, porque presumen que la Princesa Lady Di realizó la recolección en una de sus acciones humanitarias. La percepción es falsa y el presidente de México no podrá, aunque ruegue, dispare cañonazos con el logotipo de Álvaro Obregón, transitar por el minado campo que representa la Constitución, la cual impide que la modifique para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el camino pretende secuestrar la consulta de revocación de mandato y desde Palacio Nacional influir para que el Congreso acelere su trabajo y le regale, en charola de plata, la Ley Reglamentaria de un instrumento que es ciudadano y no del Gobierno.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, uno de los dos órganos políticos de la Cámara Alta -el otro es la Junta de Coordinación Política- y bajo cuya responsabilidad se diseñó el articulado de la Guardia Nacional, habla para MISIÓN POLÍTICA y sus declaraciones se convierten en el freno a la ambición, las prisas y la pretendida intentona de violar la Carta Magna.
Senador le hago una pregunta que no estaba. La SEDENA ya contempla a la Guardia Nacional en su nuevo organigrama, no hay iniciativas todavía. ¿Puede hacer esto una dependencia sin que esté legalmente establecido que va a transferirse oficialmente la Guardia Nacional a la Defensa?
“Mira yo te quiero comentar y lo hago con mucha responsabilidad esta declaración que estoy dando, porque seguramente va a tener una repercusión. Me tocó redactar prácticamente la reforma constitucional de la Guardia Nacional, sus lineamientos legales, y esto es un debate que no alcanzamos la mayoría calificada en el Senado, por eso hicimos el primer parlamento abierto, donde no se quería que las fuerzas armadas estuvieran a cargo de la Guardia Nacional. Nada más se quería una Guardia Civil, una autoridad civil. Esto fue un tema de debate amplísimo, porque le estábamos ya dando tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas que, por cierto, lo han hecho muy bien, sin embargo, solo se les dio la posibilidad de un transitorio de la Constitución, de cinco años, que se va a cumplir en el año 2023”.
Así inició su respuesta. Y habría de añadir:
“Eso fue un acuerdo que se llevó a cabo con los diferentes grupos parlamentarios y una vez que concluyan estos 5 años, a partir de que se hizo la reforma, tendrán que regresar las fuerzas armadas a sus actividades propias de la seguridad de la nación y tendría que estar funcionando esta autoridad civil a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública, porque no hay manera que puedan estar dentro de la estructura orgánica de las fuerzas armadas”.
Toma un respiro y acota: La Constitución es clara y la ley de la Guardia Nacional también.
¿En este caso tendría que haber una reforma constitucional y no les alcanzan los números senador?
Sin tapujos, sin darle vuelta, el senador Ramírez responde:
“No alcanzan ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados”
¿Es decir que hay obligación de respetar el acuerdo y lo que está en la Constitución y en la ley orgánica de la Guardia Nacional que es civil, aunque usted y yo sabemos que no es así?
Su voz, generalmente modulada y sus palabras pausadas, se pierde cuando contesta:
“No puede estar dentro de las fuerzas armadas, no es jurídica ni constitucionalmente correcto, me tocó a mi construir esa reforma, la conozco perfectamente y casi te puedo decir que eso… ¡no ha lugar!”.
LO PROBABLE: AL PERIODO ORDINARIO
En el minado terreno por el que quiere cruzar a paso veloz el presidente López, se encuentra la Ley reglamentaria de la Revocación de Mandato. Es un tema que tiene el tufo de secuestro por parte del Ejecutivo federal.
A petición expresa del Jefe del Ejecutivo, el senador Ricardo Monreal intentó consensuar con los coordinadores de las oposiciones para que en el pasado periodo extraordinario se incluyera el dictamen correspondiente. No lo consiguió y lo único agendado fue el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta.
Eduardo Ramírez lo aborda: “En el tema de desafueros, es competencia del juicio de procedencia, en este caso venían enlistados tres asuntos, pasan el tema a los diputados federales, que se discutieron y el tema el fiscal de Morelos se canceló, porque no se alcanza la mayoría calificada, entonces seguramente esta discusión será a partir de que la nueva Cámara de Diputados se instale y pueda arrancarse con estos temas.
“El Senado no traía temas sobre un extraordinario, sin embargo, puede haber posibilidades, no me quiero adelantar, en la instalación de un periodo extraordinario para analizar la ley de revocación de mandato, que ha sido presentada en días pasados, pero tendríamos que llevarlo al seno de la Comisión Permanente, y a ver si se nos permite un periodo extra para analizar los lineamientos legales de la revocación de mandato para el año 2024.
¿Esa es la iniciativa que está presentando el senador Monreal…?
En efecto. Todavía tenemos tiempo, no es un tema que nos puedan alcanzar, podemos arrancar la legislatura con el tema de la revocación de mandato, y tener la posibilidad para tener un reordenamiento para el próximo año y las bases que van a permitir llevar a cabo esta jornada, si así lo desea el pueblo de México.
¿Esto es el caso por la falta de la ley reglamentaria?
“Si porque solo se hizo reforma a la Constitución, donde se le dan facultades al INE de poder llevar a cabo la convocatoria y la organización. La revocación de mandato, hay que entenderlo desde una perspectiva conceptual: es un instrumento de poder ciudadano, no es un instrumento desde el poder público. Aquí tendría que estar organizada la sociedad, solicitarla, por algún tema de inconformidad o en su caso por alguna organización política para efectos de poder someter a consulta si continúa o no en posibilidad de ejercer sus funciones el presidente de la República.
Cómo lo plantea usted estaría un solo tema en la boleta, es decir el sí o no para la revocación. Déjeme imaginar: ¿no estamos de acuerdo porque nos falta agua, no estamos de acuerdo por la educación o nos están faltando medicamentos, tendría que ser solo un tema?
“Tendría que ser sobre la permanencia o no del ejecutivo federal”
Pero alguna razón habría que darles a los ciudadanos…
No, no establece la reforma alguna particularidad, y puede ir cualquier tema
Luego expone sus conocimientos sobre el tema:
“En el caso de la revocación de mandato tendría que ser una alta inconformidad, para poder organizar al pueblo de México en más de 15 entidades federativas y de esas reunir un porcentaje para la solicitud y luego, tendría validez si participa el 40 por ciento del padrón electoral de México, o sea más de 40 millones de mexicanos que tendrán que participar, si participan menos pues entonces no tendría ni la validez ni el efecto jurídico que se requiere”.
Hipotéticamente se llega a los 37.5 millones que se requieren para que sea vinculante la consulta. Cómo se puede manejar: ¿se le da al triunfo al sí porque tiene más votos o se da el triunfo al no porque tiene más votos o tiene que ser todo en paralelo a un solo si o a un solo no?
“No. Esto funciona como en las jornadas electorales, 50 más 1”.
En síntesis, concluye: “Un voto decide todo”.
Para el presidente López, la ley reglamentaria para la consulta de la revocación de mandato, se ha vuelto una nueva estrategia de propaganda política y ante el fracaso de que se legislara en un extraordinario -por lo menos hasta la semana pasada no se había logrado la convocatoria- estalló, no por pisar una mina, sino porque los senadores de todos los partidos se negaron a incluirla.
El campo sigue minado por el Congreso de la Unión.
