Por Silvestre Villegas Revueltas
En los años de 1879 y 1879, el presidente de los Estados Unidos, el republicano Rutherford Hayes le escribió al general Porfirio Díaz, quien se ostentaba como presidente -de jure- mexicano pero había llegado al poder gracias al triunfo de la Revolución de Tuxtepec (1876), en el sentido de que las autoridades mexicanas debían poner orden en la frontera que separaba ambos países, porque de años atrás existía un reclamo de ciudadanos americanos en torno a las permanentes incursiones de “ladrones” de México que se apropiaban de ganado, de caballos y también procedían a robar muchos ranchos de anglos e hispanos bien adentro de territorio estadounidense; igualmente existía una lista que sumaba el asesinato de muchos conciudadanos del presidente Hayes. Agregaba y puntualizaba la misiva “diplomática” que, en el caso que México no diera los pasos necesarios para resolver y finiquitar “los abusos de los ladrones mexicanos”, el ejército federal de los Estados Unidos el cual ya estaba acantonado al norte del Río Bravo, procedería a invadir la república mexicana con el objeto de capturar a los cabecillas, ponerlos frente a un tribunal y exigir del gobierno mexicano las reparaciones pecuniarias suficientes.
La prensa en ambos países editorializó en el sentido de que la violencia fronteriza y el ambiente de confrontación presagiaba otra guerra mexicano-americana. En son de burla, el general Ord, comandante de las fuerzas americanas señaló que se le debería devolver a México el texano “Valle del Río Grande” para que entre aquellos “mongrel greasers” se robaran y mataran entre ellos; en tanto que la prensa en la Ciudad de México subrayó que el presidente Díaz sería el comandante idóneo para enfrentar la posible invasión americana. Lo que sucedió en el lapso de los años 78,79 y 80 fue que el régimen de Díaz -que todavía no era el caudillo de fines de siglo- negoció con los caciques estatales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para que junto con las fuerzas federales, las guardias estatales que conocían la geografía y a las personas, llevaran a cabo una estrategia tendiente a pacificar la frontera; hubo diversos muertos muy característicos y se le ordenó al general Juan Nepomuceno Cortina (en Tamaulipas), venir a la Ciudad de México. Tuvo hasta su muerte acaecida años después un exilio dorado en Azcapotzalco. Era Cortina un señalado enemigo de las elites texanas y existían en Texas órdenes para su arresto y traslado, “vivo o muerto” pero Porfirio Díaz no lo extraditó a los Estados Unidos. Asimismo, y la otra parte del problema, el régimen porfiriano pagó semestralmente y con una puntualidad que ya la hubieran querido los acreedores ingleses, franceses y españoles: la deuda que por agravios en contra de la vida y propiedad de ciudadanos americanos fue conocida genéricamente como Las Reclamaciones Estadounidenses. ¿¿Algunas semejanzas respecto al mensaje de Trump en torno a la violencia de los carteles en la frontera?? Muchas, pero falta de ver qué tipo de solución implementará el gobierno de López Obrador.
Tan importantes como las reclamaciones estadounidenses son las que se formularon y hoy se formulan en la república mexicana. Desde los años de 1840, y en los tiempos santannistas, los cronistas, los viajeros extranjeros, los diplomáticos y los literatos como Manuel Payno se quejaron, padecieron y formularon estrategias para acabar con el bandidaje que permeaba desde las goteras de la capital hasta los caminos en desiertos y serranías de nuestro dilatado territorio nacional.
Al finalizar la guerra civil conocida como La Reforma y el Segundo Imperio Mexicano, el gobierno de Benito Juárez se encontró un país repleto de bandoleros que robaban y secuestraban; frente a ello se crearon partidas policiaco-militares que paulatinamente fueron acabando con los ladrones, pero, posteriormente y ya desnaturalizados, se convirtieron en los “famosos” rurales, que lo mismo defendían un caso justo que eran el brazo armado de violentos caciques durante la longeva dictadura de Porfirio Díaz.
Es penoso historiarlo y comentarlo en los medios de comunicación actuales, que México siempre ha sido pasto del robo, del asesinado, del plagio y de la corrupción que permite todo tipo de violencias. Pero, a pesar de lo anterior, también han existido tiempos republicanos que, teniendo gobiernos fuertes y ordenados, han mantenido un clima de tranquilidad y paz social. Hoy, noviembre de 2019, estamos en una genuina crisis de inseguridad y que como en tiempos del ya mencionado arriba Porfirio Díaz o más recientemente durante el gobierno de López Portillo, la violencia en sus diversas formas ha asolado a los mexicanos, pero también le ha pegado a los intereses de los EU. Es justo señalarlo que paulatinamente, pero de una manera progresiva e imparable, en México, desde inicios de los años 1980, la ciudadanía ha padecido las secuelas de una inseguridad producto del narcotráfico y de la corrupción gubernamental que lo ha tolerado. Los estrategas colombianos lo previeron en aquellas décadas y en los últimos veinte años la violencia creció exponencialmente. La familia LeBaron es el último caso conocido, pero cuántas madres llevan años excavando en Veracruz, en el noreste y muchas otras partes de la república en la búsqueda de familiares desaparecidos. Es obligación del actual gobierno como de cualquier otra administración en México brindar seguridad, prosperidad y felicidad a sus conciudadanos; no hacerlo y ello es igualmente aplicable para el gobierno morenista, que lo fue para los anteriores cuando comenzó la cuenta de miles de muertos víctimas de la violencia, que si no pueden se vayan, como la oposición variopinta gritó desde tiempos de Vicente Fox.
