Por Nidia Marín
La obligación de cumplir la ley no debiera ser sólo para los funcionarios, sino también para los ciudadanos. Hoy, por lo que se ha visto, cada quien hace lo que quiere y se saltan el cumplimiento de las normas.
Dice la ONU que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también cumplirán en todo momento los deberes que les impone la norma, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Señala el organismo internacional que la expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la misma, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
Hace notar, además, que “en los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”.
Precisa que se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
Y dice que esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal.
Evidentemente se rechaza la tortura y todo acto que involucre de alguna manera el incumplimiento de la ley.
En cuanto a la impunidad en general, incluida la delincuencial, México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad.
Son 20 las entidades con mayor grado de impunidad en homicidios. Los 12 estados de más problema en esa materia son: Tamaulipas (0.15); Tabasco (2.24); Michoacán (4.64); Puebla (5.21); Guerrero (5.39); Tlaxcala (5.56); Quintana Roo (7.81); Sinaloa (8.28); Oaxaca (8.94); Morelos (9.90); Guanajuato (10.53) y Estado de México (11.77).
Como estará el problema que en 27 de los 32 estados disminuyó el índice de encarcelados por homicidio en averiguaciones previas iniciadas.
Y claro, aumenta la cifra negra y la tasa de violencia se mantiene en niveles muy altos. Los delitos no denunciados incluso aumentaron casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7%.
Esto, dicen, confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.
Los estados con el promedio más alto de delitos no denunciados hasta el año pasado fueron: Guerrero (97.48%); Estado de México (95.45%); Ciudad de México (94.72%); Tamaulipas (94.65%); Jalisco (94.24%) y Tlaxcala (94.21%)
Señor Presidente: o todos coludos o todos rabones. El que la haga que la pague. El cumplimiento de las normas debe ser para todos y nada de que los delincuentes “son seres humanos”, porque entonces la pregunta es: ¿Y los demás no lo somos?
Ese tipo de planteamientos nos están haciendo mucho daño a los mexicanos en general.
Señor Presidente: No les entregue más alas por favor.
