Por Margot Acosta
“El orgullo de mi nepotismo”, así llamaba el presidente José López Portillo a su hijo José Ramón, en aquellos lejanos tiempos cuando, sin gritos ni sombrerazos las familias presidenciales colocaban en el gobierno federal, lo mismo en el poder Ejecutivo o en el Legislativo y en el judicial, a toda su parentela.
Aquello, nunca sancionado, aunque si criticado, era el común denominador en un sexenio. En la actualidad no sólo los parientes ocupan posiciones, sino también los compadres, los amigos, los cuates, los conocidos. Sí, por encima de los conocimientos (se supone) está la lealtad, misma que de nada sirve cuando esos personajes meten la pata, lo cual sucede constantemente sobre todo en la actual administración federal y, quizás, en varias locales.
Se supone que en México desde 2020 el nepotismo empezó a ser sancionado, sobre todo al considerar que se trata de un vínculo directo con la corrupción.
A tal grado existe el problema (agudizado en la actualidad) que va a cumplir un año (el 27 de noviembre de 2020) de la denominada Reforma Judicial. Sí, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que implementaba el Plan Integral de Combate al Nepotismo y Fortalece el funcionamiento del Instituto de la Judicatura como Escuela Judicial.
En realidad, el plan está dirigido a ese sector, pero pareciera que, la pretensión es ser un ejemplo en general, al plantear en el quinto de sus considerandos:
“En México, la figura del nepotismo se identificó y prohibió expresamente en la Ley Federal de Austeridad Republicana aunque ya existían disposiciones que sancionaban dicha práctica violatoria del derecho humano a la participación e igualdad de acceso a los cargos públicos previsto en el artículo 23.1 inciso C de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al considerar que ello era una práctica recurrente dentro del Poder Judicial de la Federación el 4 de diciembre de 2019 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan de Integral de Combate al Nepotismo cuya estrategia radicó en seis secciones:
- ampliación y fortalecimiento del servicio de la carrera judicial;
- creación de un padrón de relaciones familiare
- reconfiguración de los supuestos de contratación que generan responsabilidad administrativ
- creación de un Comité de Integridad;
- buzón electrónico para denuncias; y
- vinculación de los puntos anteriores con la política de adscripción.
Algo es algo.
Pero, por otra parte, hay cuestiones que podrían ser ejemplo para la administración pública, por ejemplo, la existencia ya del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares.
Dentro del mismo:
“… las personas que trabajen en las distintas áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y en los órganos jurisdiccionales a su cargo, deberán registrar sus relaciones de pareja actuales y las familiares por consanguinidad o afinidad”.
Hacen notar que tratándose de las relaciones de pareja el concepto alude a figuras como el matrimonio, concubinato, sociedad de conveniencia u otras. Ello busca evitar que tales relaciones generen potenciales casos de nepotismo o puedan poner en riesgo el derecho de las personas a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
Y es aquí cuando arriba a la menta el reciente recuerdo, cuando el 13 de agosto de 2019 el juez Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano los enemigos casados de la ex Jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, dictó prisión preventiva justificada (se podía escapar, dijo no obstante que ella se presentó voluntariamente) con lo cual quedó claro un hecho no precisamente de nepotismo, pero sí de algo muy similar, presuntamente proveniente de influyentes parientes cercanos del juzgador. Poco más de un año después, surgió el mencionado Acuerdo General de la Judicatura, pero es claro que sin tener nada que ver con el caso Robles.
Con mensaje o no para la prisionera y sus verdugos, indudablemente será de beneficio a futuro.
Actualmente en México el nepotismo se aplica en un alto porcentaje de las dependencias federales y en una buena parte de los gobiernos estatales, mientras los ciudadanos gritan a voz en cuello.
¡Ya basta!
