*Recordando el Andamiaje Construido en México Durante Varios Años
*Aquel Para que la Sociedad Tuviera Mayor Poder Sobre sus Gobernantes
*El Papel de la Ley de Amparo del Instituto Nacional de las Mujeres
*Los Legisladores hoy Tienen la Consigna de Destruir Todo lo Creado
Por Alejandro Zapata Perogordo
Se puede afirmar que desde hace más de tres décadas se comenzó a gestar un cambio del sistema político en México, con muchos avatares: discusiones, propuestas, debates y transformaciones, que fueron superando los obstáculos del viejo andamiaje que se resistía a abrir las puertas a un sistema de competencia, de equilibrios, de mayores libertades y de reconocimiento y respeto a la pluralidad.
La intención con las llamadas reformas políticas consistía en fijar reglas de participación social, donde la sociedad tuviera un mayor poder sobre sus gobernantes, es decir, no solamente desde una perspectiva electoral sino también en el ámbito de gobierno.
Así se fueron creando una serie de figuras e instituciones que -indudablemente- han sido de gran utilidad para las y los mexicanos, al contar con vías y herramientas jurídicas de información, impugnación, defensa y participación.
Dentro de un ambiente evolucionista con un marcado eje en materia de derechos humanos, se hicieron reformas constitucionales de gran calado, así, es de subrayarse el reconocimiento y adopción de la filosofía humanista desplegada en su artículo primero, recogida para su aplicación tanto en el nuevo sistema de justicia penal, como en la reciente Ley de Amparo de esencia garantista.
En ese mismo lapso se formó el Instituto Nacional de las Mujeres, que ha tenido un importante papel, en el proceso de la paridad de género en aspectos sustantivos y de efectividad.
Un apartado a destacar consiste en la obligación que tienen los servidores públicos en transparentas los asuntos de esa naturaleza, al constituir el derecho que tenemos los ciudadanos a la información generada en el ejercicio de su función, la que además se amplió a toda persona, física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
Ese impulso reformador llevado a cabo a lo largo de varios lustros abordó temas cruciales sobre competencia económica; deuda pública; leyes laborales; legislación para combatir la delincuencia organizada; en materia de energéticos; de partidos políticos, de procuración de justicia, etc. Una gran variedad de rubros, así como también, la formación de entes públicos especializados, con autonomía constitucional para evitar contaminaciones de carácter político.
Las tendencias a concentrar el poder principalmente desde el Ejecutivo son permanentes, es una condición que siempre está presente, en mayor o menor medida, lo que hace indispensable para evitar excesos (como los registra la historia), la división competencial por materias.
Ahora resurge con fuerza la intención de manejar todo desde la presidencia, historia ya conocida, experiencia vivida en el viejo régimen y espejo de algunos sistemas vigentes. Para conseguir ese objetivo se ha dado a la tarea de utilizar los medios a su alcance, comenzando por los grupos de legisladores que lo apoyan, quienes tienen la consigna de destruir lo creado.
La eliminación de fideicomisos; el recorte presupuestal a entes públicos; la persecución política; el discurso alentando lucha de clases; el escarnio público a sus adversarios y críticos; en fin, haciendo y utilizando toda clase de medios a su alcance para eliminar las barreras. Lo que le importa es el fin, no los medios.
