Por Nidia Marín
Grave, muy grave es que la migración interna se haya agravado en México en los últimos años con motivo de la pandemia. De por sí los mexicanos, desde hace más de un siglo, han ido de allá para acá para asentarse primero en los pueblos grandes, después en las capitales estatales y como remate en la actualidad en las Zonas Metropolitanas que ya empiezan a abarcar más y más ciudades y más y más entidades.
¿Y el campo y los pueblos pequeños? Se están quedando solos. Bueno, no tanto porque son habitados por integrantes del crimen organizado, quienes deciden desde autoridades hasta el tipo de siembra y ¡desde luego!, las cuotas en dinero o en especie (en este caso sobre todo a las mujeres y a los menores de edad sin importar el sexo).
De ahí que, si ya existía el serio problema constante de extinguir y crear municipios desde la última década del siglo pasado, la problemática se ha incrementado ante la insensibilidad de los gobiernos estatales y municipales.
El patrón de poblamiento del territorio nacional continúa presentando las dos facetas que han caracterizado a su desarrollo en los últimos años: la concentración y la dispersión. Pero el asunto es preocupante, exponen los especialistas, porque casi 22 mil localidades indígenas (no municipios) en la República tienen menos de 100 habitantes.
Es interesante conocer que entre los censos de población 2010 y 2020 seguimos con las mismas tendencias. De acuerdo al primero las entidades menormente pobladas eran: Colima (650,525 habitantes); Baja California Sur; (637,026); Campeche, (822,441); Nayarit (1,084,979) y Tlaxcala (1,169,936).
En el censo más reciente, de hace dos años estos estados seguían siendo los menos poblados (por cierto, en todos ganó Morena en el pasado proceso electoral). Colima (731391 habitantes); Baja California Sur (798,447); Campeche (928,363); Nayarit (1,235,456) y Tlaxcala, (1,342,977).
Las entidades más populosas de entonces y de ahora siguen siendo el Estado de México y la Ciudad de México, seguidos por Veracruz, Jalisco y Puebla. Son las mayormente receptoras de la migración interna del país, mientras las zonas indígenas tácitamente desaparecen del mapa.
Es en éstas donde se presenta un gran porcentaje de los problemas y, por ejemplo, ahí también se ubica el menor índice de desarrollo humano.
Los estudiosos advierten que la emigración de los habitantes de las localidades pequeñas ha acentuado la dispersión de la población, afectando el bienestar, la disponibilidad de equipamiento, bienes y servicios, así como la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social. La falta de equipamiento incrementa la vulnerabilidad de la población, mientras que la inexistencia de oportunidades incide en la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales locales.
Ni como negarlo si se viene advirtiendo desde el Programa Nacional de Población 2014-2018, en relación a la inequitativa distribución territorial de la población. En aquel momento se mencionaban cifras de acuerdo el Censo de Población y Vivienda 2010. Precisaba, por ejemplo, que 26.1 millones de personas (23.2%) residían en poco más de 188 mil localidades menores a 2,500 habitantes. “La ausencia de infraestructura pública básica, así como la inaccesibilidad a bienes y servicios resulta especialmente crítica en la medida en que estas pequeñas localidades se encuentren también aisladas, situación en la que se identificaron alrededor de 73 mil localidades, habitadas por 6.7 millones de personas”, agregaba.
Hoy, el censo poblacional de 2020 señala, por ejemplo, la población de tres años y más hablante de alguna lengua indígena asciende a 7,364,645 personas (6.1% de la población total). En proporción, este grupo de población disminuyó en relación con 2010 cuando conformaban 6.6% del total (6,913,362 habitantes). El 2% de la población total (2,576,213 personas) se auto reconoce como afromexicana o afrodescendiente. El 11.1% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, 4.9% tiene discapacidad y 1.3% tiene algún problema o condición mental. En total, 16.5% de la población total tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o algún problema o condición mental.
Otro señalamiento, referente a la emigración hace notar la repercusión que la misma tiene en la estructura por edades de la población de las localidades con menos de 2,500 habitantes, “…lo que eleva la vulnerabilidad sociodemográfica como resultado de la selectividad del fenómeno migratorio; esto sintetiza tanto el impacto de la migración como del rezago en la transición demográfica, que a su vez se refleja en la dependencia demográfica, razón que se ubicó en 68.9 personas en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 64) por cada 100 personas en edades productivas (15 a 64 años), en el año 2010 (en el ámbito nacional fue de 51.5)”.
Antes y ahora se hace notar que la población indígena presenta los mismos niveles de carencias, lo cual sintetiza la desigualdad y marginación persistentes. Las estadísticas revelan que 93.9 por ciento de los municipios indígenas del país tiene grado de marginación alto o muy alto; por ende, es impostergable diseñar mecanismos que les permitan acceder a los recursos necesarios para insertarse en los procesos de desarrollo.
Por eso se van. No les queda de otra y hoy con el crimen organizado viento en popa no les queda otro camino.