Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Frente a la peligrosidad de la variante “Delta” de la tercera ola de la pandemia de la Covid-19 que de manera inexorable crece en el país -y la Ciudad de México no es la excepción-, el secretario general del sindicato que afilia a la mayoría de los trabajadores del poder judicial de la capital, Diego Valdez Medina, urgió la necesidad de establecer medidas de protección para evitar la transmisión del virus.
Luego de que el pasado lunes 2 de agosto se inició el retorno de los trabajadores al servicio del estado, quienes a través del teletrabajo desde sus domicilios particulares cumplían con sus obligaciones laborales, el dirigente sindical le pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, la implementación de medidas preventivas para garantizar la salud y la vida de los trabajadores.
“Se deben implementar acciones más efectivas que las adoptadas con anterioridad, en cuyo supuesto esta Organización Sindical propone la instalación de kioskos sanitarios para la realización de pruebas de detección del COVID-19 en empleados de esta institución y realizar los trámites necesarios para que los compañeros trabajadores que no hayan sido vacunados” lo sean a la brevedad, plantea el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (SUTPJCDMX).
El doctor Valdez Medina sugirió la colocación de cercos sanitarios de acrílico , tapetes sanitizadores, espray sanitizante para uso en personas y documentos, gel antibacterial, caretas y cubrebocas para los trabajadores, los que les deben ser entregados de manera periódica.
De la misma forma, solicitó realizar la sanitización de las áreas de trabajo con personal capacitado, químicos autorizados y periodos determinados por las autoridades sanitarias, los cuales además deberán contar con el visto bueno de la comisión de seguridad e higiene del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Incluso el secretario general del SUTPJCDMX, ante la posibilidad que se incrementen los contagios, “y para evitar decesos, se solicita que se tomen las medidas pertinentes por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Comisión de Seguridad e Higiene y Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con el objetivo de que se proteja cabalmente el derecho a la salud y la vida de los trabajadores de esta Institución”.
Aprovechó la oportunidad para recordarle al presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura de la CDMX que, por acuerdo de la jefa de gobierno de la ciudad, doctora Claudia Sheinbaum, fueron suspendidos los plazos para actuaciones y diligencias en procedimientos administrativos del 26 de julio al 30 de agosto de este año.
Esa decisión debido a que la información de la pandemia de la Covid-19, muestra que los casos sospechosos y confirmados de infectados ha mostrado un constante incremento de contagios y rebrote y hospitalizaciones.
Y toda vez que las actividades que llevan a cabo los trabajadores del TSJCDMX, implican trato directo con usuarios del servicio de impartición de justicia, lo que incrementa la posibilidad de contagio en el trámite de procesos judiciales y administrativos.
Por ello, destacó, es necesario implementar medidas que garanticen la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de sus labores.
PARA LA AGENDA
La subdirectora de personal del ISSSTE, Judith Rojas Velasco, violenta lo previsto en el artículo 52 de las condiciones generales de trabajo de ese Instituto, al exigir el cumplimiento de excesivos trámites burocráticos que impiden el regreso de trabajadores que solicitaron licencia o reservaron sus plazas para ocupar puestos de confianza. Vale la pena revisar esa situación, debido a que una trabajadora lleva tres largos meses intentando reincorporarse sin lograrlo, debido a que de la Delegación Zona Norte se le obliga a firmar formatos FM1 los que son enviados al área de la señora Rojas, y cuando los regresan ya concluyó el tiempo para que regrese a trabajar. Así la han traído, sin importar si es o no sostén de su familia, si debe pagar renta, por ejemplo. La señora Rojas es jubilada del IMSS, cuando fue rescatada por el general Jens Pedro Lohmann, director normativo de administración y finanzas del ISSSTE, adolece de sensibilidad, ¿o será la clásica representante de un gobierno que poco aprecio tiene al estado de derecho? Lo que sí, es que muestra que el general Lohmann domina las cuestiones militares, pero poco conocimiento tiene de la realidad de las cuestiones administrativas, pese a la maestría que ostenta…
