Por Alfredo Mejía Montoya
Tratando con seriedad la intención del titular del poder ejecutivo, de combatir la corrupción, como lema de campaña de más de dieciocho años, de nueva cuenta atenta contra el pasado, no le es suficiente la corrupción que aflora a cada paso que da, en el México de hoy, con tantas nuevas formas de hacerlo, de lo sofisticado que se ha vuelto o de la tan sencilla y prehistórica forma, como el recibir miles de pesos en efectivo por diversos actores políticos ya en el pasado, ya en el presente.
En todo ello, la democracia tiene mucho que ver, y si lo reconocemos es como inevitable no considerarla, y mucho más en la democracia participativa.
De hecho, consideramos que el futuro de la democracia se ha convertido en un tema más que interesante. Su análisis, su ponderación, su uso y su abuso se han convertido, desde la terminación de la segunda Guerra Mundial, como algo único y absoluto en todo el globo terráqueo, salvo algunas muchas y variadas excepciones.
Cuando se pretende describir un régimen o una determinada práctica como “antidemocrático”, la intención de la descripción invariablemente es su difamación, y lo consideramos invariablemente cierto. Y aquí viene el drama, cuando un régimen se autodefine como “democrático”, hemos aprendido a ser un poco escépticos. Todos los tipos de regímenes, desde los Maderistas que no Juaristas, hasta los más despóticos y criminales, se sobrecalifican como “democráticos”. El término “democracia” conlleva generalmente una referencia más emotiva que descriptiva o analítica. Y se le utiliza a menudo en contextos y pretextos para lograr ese efecto emotivo. Invariablemente se concluye que la democracia ha ganado ciertamente la batalla verbal y resulta que ahora, todos somos demócratas. La literatura reciente nos brinda distintas perspectivas sobre la complejidad y multicausalidad de la variación democrática en el mundo.
Y México no es la excepción y se desempolva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), precisamente en su Artículo 35, que establece los derechos de la ciudadanía.
“VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales … 4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”. (sic)
En ese orden, el presidente Andrés Manuel López Obrador en un afán más protagónico que efectivo, como una más de sus ocurrencias, dice que se debería juzgar a los expresidentes del pasado por corruptos, sin demostrar esa aseveración ante las autoridades correspondientes, con las pruebas idóneas y formar expediente en la Fiscalía General de la República (FGR). Para ello, juega a ser democrático y mantener sus pseudoconferencias de prensa de las mañanas, con temas que además de intrascendentes son irrelevantes, ya que, si existieran elementos suficientes para una investigación de corrupción, se deberían aportar las pruebas conducentes y someter a juicio a quien haya delinquido en el cargo que ejerció en el pasado.
Dicha consulta fue propuesta por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que la ciudadanía decida si se somete o no a juicio a los últimos cinco expresidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la realización de la consulta y ponderó el “espíritu de la Consulta”, pero cambiando la pregunta, por lo que así quedó la pregunta a la ciudadanía: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? (sic).
La pregunta, pues, está abierta a los actores políticos del pasado, sin interpretaciones, y el pasado comenzó ayer. Por lo tanto, es viable emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por dichos actores, por lo que no solo es viable pretender juzgar a los expresidentes, sino a los actores políticos de esta misma administración de años anteriores, y vaya que hay varios.
Antes de concluir quiénes podrían ser los elegidos, y someterlos a proceso, no se debe soslayar que, para tales efectos, dicha consulta deberá reunir requisitos de procedibilidad, como el de la participación que deberá ser por lo menos el 40% de la lista nominal de electores, esto es, que deberán participar “democráticamente” 37.5 millones de ciudadanos (sin estímulos, imposible), a fin de que resulte vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, e inicien los trabajos de formar expedientes con las denuncias y pruebas que se supone debe tener bajo la manga o en el cajón de su escritorio el inquilino de palacio, o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, ya que él siempre está listo con el arco de Robín Hood en mano para tirar la flecha a la orden de López Obrador, aún sin mediar razón alguna. Porque, sino tiene las pruebas idóneas de la supuesta corrupción en que incurrieron, entonces para qué efectos es la consulta, aunque esta sea vinculatoria.
No debemos pasar desapercibido que la mencionada consulta tendrá un costo de 528 millones de pesos. No tiene ningún sentido, pero si un interés casi bíblico o mesiánico desde las entrañas de palacio nacional que, sin más preámbulo, se trata de tener entretenidos a los ciudadanos, a los medios y al mundo entero, como medida para no exponer más su mandato. Se observa que ya casi a mitad de su administración no hay algo trascendente, aparte de la inacción en los temas de seguridad, economía, seguridad social, desabasto de medicinas, y sobre todo en el tema de salud ante la falta de estrategias para contener el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), y los desatinos e incongruencias de los encargados en esa monumental tarea, que ha provocado estar en el 4º lugar de más fallecimientos en el mundo y 13º en materia de contagios.
Y dos de los actores del pasado que pueden ser enjuiciados, son el mismo presidente de la república junto con el subsecretario de salud Hugo López-Gatell ambos por su conducción, desaseo e irresponsabilidad en y durante la pandemia en curso.
Otro escenario sería, que la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador, es hacer un ejercicio sobre el número de votantes con los que puede contar para la próxima consulta, a verificarse en marzo del 22’, que versará sobre la revocación de mandato. Los números en las pasadas elecciones no le fueron favorables aún ganando 11 gubernaturas de 15, los territorios que perdió son más valiosos electoralmente. De ahí su inseguridad de que el pueblo y la clase media puedan manifestarse de la misma manera: democráticamente, y resultaría procedente la revocación de mandato. Con ese hecho terminaría haciendo más historia de la ya escrita en forma negativa. Este ejercicio podrá servir para preparar una infinidad de acciones que concluyan en que el pueblo desea o no que continúe con su mandato. No debemos soslayar que la intención mayor es la de medir a los ciudadanos para una posible reforma constitucional que le permita ampliar su periodo constitucional como mandatario.
Lo anterior, no deja dudas que la consulta popular no es otra acción que una más de sus ocurrencias, tratando de lograr una inmunidad de rebaño electoral que lo lleve a espacios democráticos para una extensión de mandato … anunciada.
freedomm.
