*Exige la Adhesión al T-MEC; Reforma a Ley de Hidrocarburos, una Raya más al Tigre
*Los Cambios a la Ley de la Industria Eléctrica Restringió la Participación de Largo Plazo
Por Alberto Almazán
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la propuesta para hacer lo propio con la Hidrocarburos, generó una “gran preocupación” entre los inversionistas estadounidenses, por lo que “el gobierno de los Estados Unidos está comprometido a garantizar que los inversionistas estadounidenses sean tratados de manera justa y que México se adhiera a sus compromisos inscritos en el T-MEC”, publicó la oficina la Oficina del Representante Comercial, en su reporte anual Barreras del comercio exterior.
En el documento, el organismo dirigido por Katherine Tai alude a que la Cuarta Transformación restringió la participación del sector privado en la generación de electricidad al cancelar la cuarta subasta de energía limpia a largo plazo.
En un lenguaje poco usual, la oficina acusa que, durante 2020, las empresas energéticas de Estados Unidos se quejaron de retrasos significativos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación sobre los cambios regulatorios y de políticas en México.
“El gobierno mexicano ha instado a los reguladores de la energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas. Estados Unidos ha expresado su preocupación a México con respecto al clima en deterioro para los inversionistas estadounidenses en energía, apunta.
Y subraya la construcción de barreras en el sector de hidrocarburos a través de la suspensión de las rondas petroleras.
Como se conoce, la Ronda permitió subastas de campos petroleros que se encuentran sin operar, aunque hay reservas probadas que incentivaron a los inversionistas no solo de Estados Unidos sino de Canadá y de la Comunidad Económica Europea y ahora se encuentran en virtual estado de indefensión por lo cual han recurrido y obtenido 117 amparos que suspenden indefinidamente la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. La misma suerte correrá la de Hidrocarburos al violentar los artículos 25 y 28 de la Constitución mexicana.
NO HABRÁ MÁS CONCESIONES
Ante la postura del gobierno de Washington, el presidente López reculó de su intención de cancelar los contratos firmados al amparo de la reforma energética de 2013 y, sin embargo, confirmó que no se entregarán más concesiones para la explotación del petróleo.
Con su argumento de que la nueva política energética del país tiene como propósito producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero. “Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes”.
De nueva cuenta defendió a Pemex, a la que calificó como una empresa de la nación y ratificó que se le dará todo el apoyo para continuar su modernización. También dejó en claro que la Secretaría de Hacienda mantendrá la tendencia de reducir impuestos a la petrolera para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República.
Según los informes con que cuenta, el presidente sostiene que en su administración se han “descubierto tres grandes e importantes yacimientos petroleros” la extracción de petróleo se destinará a la refinación y se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas; es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país.
A diferencia del trato que brindará el gobierno federal a quienes invirtieron en hidrocarburos y firmaron los contratos, que serán respetados, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad ratificó que se continuarán revisando los contratos leoninos.
El argumento es el mismo: los gobiernos neoliberales ningunearon -así lo dijo- a la CFE dándole trato de segunda “mientras se otorgaban privilegios a empresas extranjeras como Iberdrola”.
La postura del gobierno de México puede generar que la tensión derivada de los cambios en la política energética, orille al de Estados Unidos a recurrir al arbitraje internacional, porque son violatorios del T-MEC y ello propiciará que la relación bilateral -trilateral porque Canadá hará lo propio para defender a sus inversionistas- se tense y que la Casa Blanca imponga aranceles a las exportaciones mexicanas, como en su momento lo anunció Donald Trump si no se frenaba la migración.
Los nubarrones se forman y la tormenta amenaza con impedir el trato justo y equitativo que exige Estados Unidos para sus inversionistas y niega México.
