*Quiere Monopolizar 50 Millones de Beneficiarios Programas Privados y Públicos
Por Miguel A. Rocha Valencia
Tras el retiro de apoyo a diversos programas sociales en manos de la sociedad civil, está el deseo de cooptar “clientela agradecida” con el gobierno por los beneficios otorgados, de tal suerte que, en un lapso no mayor a dos años, existan al menos 50 millones de mexicanos agradecidos.
Es decir, la gente debe sentir y saber que los dineros públicos que se otorgaban a labor social de parte de asociaciones civiles, los da el gobierno; recursos que, finalmente, salen de los impuestos pagados por todos.
Por ello, el retiro de los apoyos a instituciones de la sociedad civil como estancias infantiles, comedores comunitarios, refugios para mujeres en situación de violencia y más tarde, seguramente, los dispensarios médicos, incluyendo los de alta especialización.
Todos esos millones de pesos serán entregados, según dice López Obrador, de manera directa a los beneficiarios, de tal suerte que habrá familias donde se reciban varios de esos apoyos y resuelvan su problema de sobrevivencia, estudio, recreación, vivienda y desde luego, empleo y educación.
La estrategia continuará aplicándose a pesar de las críticas. Se acusará de que en la canalización de recursos a la sociedad civil, existe corrupción, aunque sea mínima. Lo importante es que sea el “papá gobierno” quien los entregue de manera directa.
Se calcula que entre adultos mayores, aspirantes a estudiantes o aprendices, mujeres agredidas, madres solteras, bebés de madres que trabajan y receptores de microcréditos podría alcanzarse un gran total de 50 millones de mexicanos agradecidos con el Gobierno federal y con ello asegurar que en cualquier llamado a consulta popular, los números le sean favorables, frente a una minoría “fifí” que, además, no se interesa en participar.
Pero, además, quienes afirman que Ricardo Salinas Pliego ya perdió el favor presidencial por lo de la mina “Los Cardones”, en Baja California, están equivocados. El dueño de TV Azteca ya tiene una mina sin riesgos, la dispersión de recursos para todos los beneficiarios de programas sociales que podrían alcanzar cerca de 300 mil millones de pesos.
Tan sólo de los aspirantes a estudiar (todos en edad de votar) y aprendices, son 200 mil millones de pesos anuales a los que habrá de sumarse el recurso que estaba destinado a estancias, refugios, adultos mayores y lo que se agregue, especialmente aquello que canalizan empresas o instituciones por la transferencia de impuestos a programas sociales de la iniciativa privada.
Tocarán a las instituciones de asistencia privada, se acusará a los donantes de evasión de impuestos y bajo ese pretexto, ahogarán a las IAP’s. Al tiempo. (¡Aguas Teletón!).
