El Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, Doctor en Ciencias Políticas y sociales de la UANM y especialista en seguridad habló de la orden de aprensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca y dijo: 2Estamos en un escenario limite, en la parte legal, constitucional, porque las instituciones tienen la necesidad, tanto la presidencial como la Cámara de Diputados, de asumir el escenario de la posible imputación de una comisión de delitos, del gobernador Cabeza de Vaca y a su vez ellos deben de ver la posibilidad de un desafuero”.
Se manejan varios escenarios, una de ellas la supuesta proclama de la desaparición de poderes, sin embargo, la posibilidad de que se puedan imputar estos cargos implica la obligación constitucional del desafuero.
Hasta donde hay una defensa plausible, legal, jurídica del gobernador para que no se le imputen estos cargos y se consume este desafuero y luego de enjuiciamiento y sentencia judicial, pues e justo donde nos encontramos.
Estaríamos en un escenario metaconstitucional, si hay una desaparición de poderes, porque para el desafuero si se requiere que el Congreso Tamaulipeco haga posible esta situación, pero como esto no ha sido posible están buscando alternativas, pero entre más pasa el tiempo este se vuelve más una especie de crisol, de juego articula electoral muy peligros tanto para la presidencia como para los actores involucrados.
Estamos en un hecho donde los tiempos no han ayudado políticamente a que se establezca la frialdad, el carácter de imputabilidad, fuera de escenarios electorales y a su vez estamos en un proceso que jurisdiccionalmente no podrá proceder sin aval del Congreso local.
Entonces yo creo que se están buscando alternativas que lleven a la rendición de cuentas del gobernador, con esa trayectoria de hechos imputables y así esclarecerse los hechos e impartir justicia.
La desaparición de poderes si ha sido un recurso presidencial importante, recuerdo algún caso en la época de Lázaro Cárdenas y otro en los 60s, sobre todo para castigar posibles traiciones, interpretadas en la elite del poder.
Estamos ante la dificultad del propio sistema político y constitucional de atender sus propias prioridades y su capacidad de evidenciar de quienes han incurrido en nexos asociados al crimen organizado o lavado de dinero o la rendición de cuentas fiscales y que se hagan cuando corresponde y si se hace en tiempos electorales pareciera como si hubiera un chivo expiatorio y deja la sensación de que se está buscando castigar para dejar un capital político a favor del partido hegemónico.
