Por Jesús Michel Narváez
Con fuero gobernó hasta la tarde del 7 de julio. Sin fuero, 5 meses más. Andrés Manuel López no dejó el cargo, porque el desafuero, si no tiene consecuencia penal, no significa que esté inhabilitado para seguir en el cargo. El caso se cayó por la “mala actuación del ministerio público de la Federación”, sentenció el juez que conoció de la causa.
No es el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero en tanto se resuelve la controversia constitucional presentada por el Congreso Local ante la suprema Corte de Justicia de la Nación bien podría estar al frente del gobierno de Tamaulipas. Esto hasta el presidente López lo reconoce.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero La secretaria de Gobernación, , consideró que la determinación del Congreso de la Unión fue correcta, no obstante, ante las decisiones encontradas con el Congreso estatal, deberá intervenir la Corte para encontrar la mejor solución. “No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado”.
¿Qué significa que haya necesidad de esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Según juristas que me permitieron preguntarles, la situación está sub júdice y hasta que no exista el pronunciamiento de la SCJN permanecerá en ese estado.
Ello implica que la ordenanza de la Cámara de Diputados no tiene mayor efecto, hasta este momento, y tendrá que esperar la sentencia del Poder Judicial de la Federación.
No queda claro, sin embargo, si la Fiscalía General de la República logra que un juez federal le obsequia la orden de aprehensión pueda ejecutarse. El hecho de no tener fuero hace que el gobernador, con las acusaciones que pesan en su contra -todas consideradas como delito grave- se encuentre sin inmunidad y, por tanto, se entiende, podría ser detenido y presentado ante un juez de control sobre cuyas espaldas recaerá la responsabilidad si los imputa y somete a proceso.
Un asunto que parecía simple para los diputados de Morena, se complicó.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha estado en el ojo del huracán por la aprobación del Congreso de la Unión que amplía el plazo del ministro presidente por 2 años más -aunque el término de su gestión lo impedirá-, le corresponderá valorar si el Congreso Local tiene la palabra en este tipo de casos, como se infiere en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No es un tema fácil. El fondo del asunto es que al presidente de la República le urge tener a alguien azul tras las rejas antes de las elecciones, porque ello ayudaría a su compromiso de no permitir la corrupción y la impunidad.
Los delitos por los que se acusa a Francisco Javier Cabeza de Vaca, son los de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Son delitos graves, pero no entrarían en el rango de corrupción sino de criminalidad, según la opinión de un par de penalistas con los que hablé.
Como fuere, el gobernador -porque todavía lo es- podría ser considerado prófugo de la justicia, situación que aún no proclama la Fiscalía General de la República, y por tanto estaría en condiciones de seguir ejerciendo el cargo tomando como fuente lo ocurrido con el hoy presidente de México.
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