*Este Organismo Está Dotado de una Autonomía Técnica
*Opera Bajo Principios de Posterioridad, Anualidad y Legalidad
*También de Definitividad, Imparcialidad y de Confiabilidad
*Injustificable el Menosprecio Presidencial por Este Órgano Constitucional
*Prefiere la Confrontación y el Menosprecio que Poner Orden en la Casa
Por Alejandro Zapata Perogordo
No le gustó el informe en relación con los resultados de las más de ochocientas auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto al manejo de las finanzas públicas del ejercicio de su primer año de gobierno, arremetiendo duramente en contra de éste.
Uno de los argumentos centrales para crear un órgano constitucional autónomo encargado de la fiscalización de los recursos públicos, fue sobre la base de tener un ente apartado de los vaivenes políticos, de carácter técnico, al advertir que esa función en manos exclusivamente de los legisladores, inmersos en esa actividad y proclives a venganzas y cobro de facturas o bien, haciendo uso de disciplinadas mayorías, solapaban irregulares manejos del erario, apartándose del objetivo fiscalizador.
Lo cierto, es que en ese rubro las mayorías legislativas hacían de todo según sus conveniencias, menos una adecuada fiscalización. Al existir equilibrios en la Cámara baja y ante la necesidad de poner orden, se optó por desterrar esas prácticas a través de la naciente Auditoria Superior de la Federación, otorgándole rango constitucional, lo cual además evita tendencias regresivas.
Se le dota de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, que debe llevarlas a cabo bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, con facultades para fiscalizar el manejo prácticamente de todos los recursos federales, así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.
El nombramiento de su titular le corresponde designarlo a la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes, es decir una mayoría calificada, lo que obliga a tener acuerdos legislativos al tratarse de un filtro complejo, regularmente los aspirantes se ven sometidos a todo tipo de pruebas en ocasiones hasta la del polígrafo.
Por otra parte, resulta saludable para cualquier administración y particularmente para el Titular del Ejecutivo, dada la magnitud de los recursos que se ejercen y el tamaño del Gobierno Federal, el conocer la manera en que sus subordinados manejan y aplican el presupuesto, máxime cuando se abanderan los valores provenientes de la honestidad, la congruencia, la transparencia y el permanente combate a la corrupción.
Así, nos resulta poco comprensible la molestia presidencial sobre el informe de resultados entregado por la ASE, menos aún se justifica el menosprecio por ese órgano constitucional, pues si algún dato no le parece correcto, es susceptible de solventarlo o aclararlo según sea el caso, pero de ninguna manera denigrar a la institución.
Sobre esa misma línea, tampoco es explicable el hecho de descalificar al órgano de fiscalización señalando que al proporcionar esos datos les da argumentos a sus adversarios políticos. En principio por tratarse de una acusación sin sustento, ya que una vez que se presenta el informe es de carácter público, por lo que involucrar al ente en materia política no es cosa menor, pues veladamente lo ubica en calidad de parcial, acusación seria.
Por otro lado, lejos de verificar algunos datos -en programas sociales- delicados que contiene el documento y que son de utilidad en su caso, para detectar y corregir anomalías, prefiere la confrontación, la distracción, el menosprecio y la defensa a ultranza, que poner orden en la casa.
