Por Jesús Michel Narváez
Frente a la postura de los gobernadores de la Alianza Federalista, el presidente López encontró el camino para evadir su responsabilidad: que presenten la iniciativa para reformar el Pacto Fiscal.
La información, aunque ocurrió en su mañanera, perdió fuerza por el anuncio de que ya habría vacuna contra el coronavirus a finales de mes. Sin embargo, es de trascendencia porque el propio presidente se había comprometido a recibir a los mandatarios y escucharlos para, desde Palacio Nacional, enviar la iniciativa correspondiente. Claro, cuando todos estuvieran de acuerdo.
Conforme Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I.- Al Presidente de la República;
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y
III.- A las Legislaturas de los Estados.
Los gobernadores pueden, cuando tienen mayoría en sus congresos, solicitar a los diputados locales la presentación de una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que, en su caso, sea discutida en comisiones y se procese si se dictamina o no.
Un problema y serio: en los Estados. Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Michoacán, están controlados por la mayoría de Morena. Y no cederán ante los reclamos de los gobernador Carlos Mendoza David, Javier Corral Jurado, José Rosas Aispuro Rosas y Silvano Aureoles Conejo.
Por supuesto, apoyados en el inciso III cualquier legislatura estatal puede presentar la iniciativa. Sin embargo, no es lo mismo un solo Congreso Local que 10.
El presidente rehúye su responsabilidad de revisar y en su caso consultar a los gobernadores sobre las propuestas que tienen para lo que terminaría en el Nuevo Pacto Fiscal.
Como en el texto del artículo 71 se establece; “Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión, no se requiere ser matemático para observar que “dormirán el sueño de los justos” y morirán de frío al ser enviadas a la congeladora.
El presidente tiene el argumento: ustedes presenten las iniciativas y que resuelva el Congreso de la Unión.
Desde ahora se puede predecir cuál será el resultado. De ahí que las controversias por inconstitucionalidad del decreto que extinguió 109 fideicomisos, cobre fuerza. Si se aceptan las 10 que finalmente será el paquete de los mandatarios federalistas, el fallo de la Corte será incontrovertible. Es el único camino legal que queda. El otro, gozando de legitimidad, está empedrado, con baches, cunetas y socavones.
No se puede negar la habilidad presidencial y la falta de llegar a acuerdos. Está jugando con fuego y bien podría llegar a incendiarse.
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