El combate a la corrupción no debe ser pretexto para lacerar la economía de Estados y Municipios; Alianza Federalista presente en la FIL 2020

0n el marco del Seminario Internacional Federalismo y combate a la corrupción en América Latina, llevado a cabo de manera virtual como parte de las sendas actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 (FIL), participaron en la mesa “Hacia un nuevo pacto social en México” los miembros de la Alianza Federalista y gobernadores de Chihuahua, Jalisco y Michoacán respectivamente, Javier Corral Jurado, Enrique Alfaro Ramírez y Silvano Aureoles Conejo, así como los mandatarios estatales de Puebla y Tlaxcala, Miguel Barbosa Huerta y Marco A. Mena Rodríguez.

De manera respetuosa, los gobernadores aliancistas llevaron a la discusión temas centrales de la agenda federalista como lo son un planteamiento respetuoso al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que respete sin reducciones el presupuesto otorgado a los estados en 2020 para el 2021; el carácter inequitativo y desfasado del Sistema de Coordinación Fiscal; la construcción de un modelo de combate a la corrupción integral; y las consecuencias y retos a enfrentar por la pandemia por Covid-19 en el país.
El gobernador anfitrión, Enrique Alfaro, mencionó que comparte la opinión del Titular del Poder Ejecutivo en el sentido de que se debe ponderar el combate a la corrupción como tema prioritario para la agenda pública; sin embargo, consideró que detrás del planteamiento federal yacen falsos argumentos que generan una serie de consecuencias que nada tienen que ver para el cumplimiento de dicho propósito y que, por el contrario, generan mecanismos de concentración que laceran al federalismo:
“Pensar que el combate a la corrupción puede reducirse estrictamente a un acto de voluntad individual y no a un ejercicio de método y de cambio de fondo es un grave error”, expresó el gobernador jalisciense.

También consideró que la centralización de recursos es una fórmula errónea en el combate a la corrupción:
“Confundir el resolver este tema de la corrupción con quitarle por completo el dinero a los municipios y dejarlos sin lo más indispensable para poder trabajar es un despropósito (…) Comparto con el presidente que se deba limpiar de fondo en materia de corrupción a los fideicomisos públicos, pero no estoy de acuerdo en que con ese pretexto se haga un ejercicio de concentración de recursos en la federación”.
Enrique Alfaro lamentó que con la centralización de recursos se excluya a los estados y que dicha acción sólo construye un discurso que menoscaba el acuerdo federalista.
El mandatario de Jalisco expresó que se deben de separar las agendas y plantear un modelo integral de combate a la corrupción e invitó a entender que los grandes acuerdos nacionales se construyen también desde el ámbito local:
“Lo que hoy tenemos que hacer es desarrollar herramientas y métodos que nos permitan combatir de fondo en materia de corrupción, pero al mismo tiempo tenemos que evitar que ese propósito y esa lucha se confunda con una agresión al pacto federal”.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo indicó que la convocatoria para hablar de un nuevo pacto social necesariamente conlleva la insinuación de que dicho pacto está agotado:
“Si vamos a hablar de un nuevo pacto social estamos obligados a pensar en cómo vamos a conducir el país con por lo menos 10 millones de nuevos pobres y con una década perdida en materia económica y de desarrollo social”.

A su vez consideró que el pacto social es un acuerdo que genera responsabilidades y concede beneficios, pues con la responsabilidad ciudadana del pago de impuestos el Estado Mexicano debe de garantizar el ejercicio real de derechos humanos, políticos, culturales y sociales; sin embargo, aseguró que ante el actual escenario que padecen los estados, sumado a una fórmula de distribución inequitativa e injusta del 80-20, es imposible que se pueda cumplir con los derechos básicos de la ciudadanía como lo son la educación, seguridad y salud; así como hacer frente a las vicisitudes surgidas en la emergencia sanitaria como lo son la reactivación económica y el desabasto de alimentos.

Aureoles Conejo explicó con datos la drástica y preocupante caída en materia de gasto federalizado para las entidades federativas:
“El gasto federalizado a septiembre de 2020 registró una caída de más de 80 mil millones de pesos para estados y municipios; el gasto federalizado aprobado para 2021 cae casi 200 mil millones de pesos (…) En términos prácticos el gasto federalizado para estados y municipios en 2021 es mucho menos que el registrado en 2018”.
Finalmente habló del fracaso que representa el actual Sistema de Coordinación Fiscal, el cual se refleja en la nueva y aterradora cifra de 10 millones de nuevos pobres en tan solo nueve meses de pandemia:
“Es innegable ya que el pacto fiscal no cumple con el actual modelo del país o con la condición actual del país porque fue pensando para una sociedad que ya no existe (…) Tenemos un paco de casi medio siglo de vida, que ya no cumple con el objetivo fundamental que fue ser un mecanismo compensatorio y resarcitorio”.
Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consideró que se requiere repensar el federalismo y para ello se deben

de establecer compromisos que fortalezcan el carácter institucional en materia de combate a la corrupción y transparencia; no obstante, indicó que debe pensarse en la transparencia no solamente como en la posibilidad del acceso a la información de los ciudadanos al quehacer público y al uso de recursos, sino también y de manera muy importante en un sistema efectivo de rendición de cuentas que no se base exclusivamente en fiscalizar el gasto público, sino en observar, dar seguimiento y sancionar el ejercicio de facultades y funciones de las entidades de gobierno.
Javier Corral aseguró que de lograrse estos objetivos se dará paso a una largamente esperada reforma integral al sistema federal mexicano; no solamente desde el sentido de la redistribución de cargas, sino también de una redistribución de responsabilidades.
El mandatario estatal respaldo los pronunciamientos de sus compañeros aliancistas al asegurar que el Sistema de Coordinación Fiscal es obsoleto y que el propósito de aumentar las participaciones a los estados y municipios ha quedado desfasado respecto a los mecanismos de compensación que ofrecía.
Finalmente, Corral Jurado expresó que se deben de generar nuevos equilibrios entre niveles de gobierno y nuevos márgenes de acción local con los cuales se puedan revertir las desigualdades entre el centro y las regiones del país.
En un ejercicio de auténtica pluralidad, el seminario dio paso a las participaciones de Miguel Barbosa y Marco Mena, gobernadores de los estados de Puebla y Tlaxcala, respectivamente.
Marco A. Mena Rodríguez coincidió con la Alianza Federalista en el sentido que, desde su surgimiento en 1978, el Sistema de Coordinación

Fiscal quiso concretar un centralismo que era asfixiante y a la postre buscó compensar con un acuerdo político que significó una nueva distribución de los recursos públicos, lo que logró un equilibro político, pero no resolvió los problemas técnicos.
Para argumentar su participación, el gobernador de Tlaxcala compartió con los participantes algunas fallas puntuales del federalismo fiscal entre las cuales destacó la falta de correspondencia en las responsabilidades entre los diferentes órdenes de gobierno y el dinero con el que se cuenta.
Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reconoció el derecho de la ciudadanía para reclamar un mejor estado de bienestar y la facultad de los gobernadores para poder ejercerlo con mayores fortalezas.
Los gobernadores de la Alianza Federalista cerraron el coloquio con tres propuestas puntuales para el fortalecimiento de un nuevo federalismo, entre las que se hallan que se respalde un planteamiento respetuoso al Presidente de México para que respete sin reducciones el presupuesto otorgado en 2020 a los estados para el 2021; que se convoque a la inmediatez a una Convención Nacional Hacendaria y que se ponga en marcha una propuesta de agenda específica para el sistema Nacional Anticorrupción; además se planteó la atenta y abierta disposición para que todos los titulares de las 32 entidades federativas de México logren un espacio funcional que restaure la invitación al diálogo con el gobierno central, pues la edificación de un nuevo federalismo recae en todos los órdenes de gobierno.

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