Por Jesús Michel Narváez
Al comentar la propuesta del senador Ricardo Monreal que pretende promover mediante una iniciativa de ley para reformar el transitorio del artículo 35 constitucional en materia de consulta popular, se encendieron los focos y sonaron las alarmas en el bunker del Instituto Nacional Electoral.
La razón de peso: La consulta popular que busca enjuiciar a expresidentes se ejecutará la primera semana de agosto de 2021, tal y como lo marca la Constitución, y no el 6 de junio, día de los comicios federales. “Las leyes relacionadas con temas electorales no pueden modificarse una vez iniciado el proceso electoral” (inició el 8 de septiembre).
Por supuesto que esto lo sabe Monreal, porque además de legislador es doctor en derecho y tiene los conocimientos de hasta dónde se puede llegar en el Congreso de la Unión.
Ignorar lo que señala la Constitución, cuya reforma en materia de consulta popular la generó la intención presidencial de convocar a la revocación de mandato en la misma fecha de las elecciones federales, fue rechazada por las oposiciones que formaron el conocido como Grupo de Contención. Le correspondió al propio Monreal negociar el tema y ante la carencia de una mayoría calificada para sacar adelante la propuesta de Palacio Nacional, cedió y concedió dos meses de diferencia como lo pidieron los opositores para la realización del evento.
La razón de peso: el presidente pretendía aparecer en la boleta con lo cual hacia campaña directa a favor de los candidatos de Morena que participen en la búsqueda de las 300 curules de mayoría y las 200 plurinominales que conforman la Cámara de Diputados.
Ahora plantea reformar la Constitución, que de suyo está prohibido en materia electoral, para ahorrar entre 4 y 8 mil millones de pesos y ese dinero utilizarlo en atender, por ejemplo, la pandemia sanitaria. (Para mi gusto un tanto desfasado el propósito, porque nadie tiene la seguridad de que dentro de 9 meses todavía se registren miles de fallecimientos por el Covid-19. Es opinión personal no jurídica)
El rechazo de Córdova, quien guste o no a la 4t es el consejero presidente del INE, no está sujeta a interpretaciones: es respetar la Constitución que todos los servidores públicos protestaron al asumir sus cargos.
Un dato fundamental: en el INE no tiene un presupuesto definido ni las actividades que se realizarán para realizar la Consulta. Es decir, alguien calculó a su muy particular manera que costaría 8 mil millones de pesos.
Seguramente al senador Monreal, quien dijo tener la iniciativa y que estaba muy sólida, no le agradó lo expresado por Córdova y su respuesta podría ser el reinicio de las descalificaciones en contra del organismo. Sin embargo, lo conducente más allá de la “voluntad política” que solicita el senador, lo fundamental es el respeto al marco jurídico que nos rige y que establece el maltrecho Estado de Derecho. Lo demás, como dice el presidente López, es politiquería.
E-mail: jesusmichel11@hotmail.com, Twitter: @jesusmichelMx, Facebook: Jesus Michel y en Misión, Periodismo sin Regaños martes y jueves de 16 a 17 horas por ABC-Radio en el 760 de AM.
