Ricardo Alvarado, integrante e investigador de Mexicanos Contra la Corrupción, habló de la exoneración del supuesto caso de corrupción del titular de la CFE, Manuel Bartlett y dijo: “Estamos ante un caso que nos revela dos cosas, primero las limitaciones de la ley, creo que nos repetimos mucho eso de que tenemos un gran marco legal y el problema es que tenemos que implementarla bien y lo cierto es que nuestras leyes tienen como graves problemas, encontramos uno de ellos en el caso de Bartlett, al final la Secretaria de la Función Pública puede argumentar que no logra construir los supuestas jurídicos de que la pareja sentimental de Bartlett sea su cónyuge o su concubina y que sus hijos al ser mayores de edad no sean sus dependientes económicos”.
Ese pequeño resquicio legal permite que tanto su pareja como sus hijos tengan un montón de bienes y que no podamos investigarlos por no cumplir estos supuestos, entonces ahí estamos ante el límite de la ley que necesitamos modificar.
Tenemos que hacernos la pregunta de qué tan válido es invadir la privacidad, de estas personas que rodean a los funcionarios públicos, en aras de evitar que sean ellos los que se vuelvan titulares de un montón de bienes, sin justificación alguna.
Y la segunda cuestión es que también las investigaciones de la SFP pudieron haber ido un paso más allá, porque al final como el informe lo dice parten de supuestos, de que Manuel Bartlett es funcionario público desde 2018 y lo cierto es que Bartlett es funcionario público desde al menos 1964, entonces tiene una carrera de más de 50 años en el servicio público y todo su patrimonio debería estar auditable únicamente a partir de sus salarios como funcionario, entonces deberían de investigar mucho mejor esa evolución patrimonial a lo largo de los años.
Nos hace falta una explicación contundente por parte de las autoridades que podría desactivar posibles juicios o linchamientos mediáticos, el tema es que hay un montón de bienes que no fueron declarados, originalmente por un funcionario público, es cierto que los bienes son de personas que están cercanas a este funcionario público, pero que no fueron investigadas en su momento y el argumento de las autoridades que investigan esto es que esas personas no cumplen los supuestos jurídicos para ser plenamente investigados.
Lo que puede originar linchamientos públicos donde es mucho más desgastante corregir un golpe mediático que dar precisamente el golpe, pero la manera de combatirlo es sin duda con un montón de información sin controversia, donde es necesario que las autoridades sean contundentes en sus explicaciones de que fue lo que pasó.
Pero la pregunta en el fondo es, ¿esos bienes, esas casas fueron adquiridos con el dinero de la pareja sentimental o los hijos de Manuel Bartlett? O ¿fueron adquiridos por Manuel Bartlett y luego transferidos a esas personas para evitar aparecer en esa declaración patrimonial? Por eso hay que pensar en una futura reforma a la ley 3 de 3, para revisar toda la evolución patrimonial de un funcionario público y yo creo que el problema son las limitaciones de la ley.
