*Por Violación al Debido Proceso, Acusados de Corrupción Aseguran su Libertad
Por Miguel A. Rocha Valencia
La verdad es que tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y en la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, no desmerecen respecto al nivel que muestra el desempeño del gobierno en general de la 4T.
Ya sea por revancha o porque así está pactado, cometen errores infantiles que por el sólo procedimiento y mal fundamentados los casos, dan puerta ancha a presuntos responsables de actos de “corrupción” para que salgan indemnes de las acusaciones que se les imputan y todo quede en escándalo mediático.
De tal suerte que al convertirse en cosa juzgada, los presuntos responsables de los ilícitos, al final no sean condenados a penas privativas de la libertad.
Pareciera ese el fin de la actual administración, dar circo, pero no llegar al castigo efectivo de los actos de corrupción y con eso, quitarse de encima las sospechas de una transición pactada con la mafia del poder que ¿Ya se fue?
Después de leer las declaraciones de Emilio Lozoya Austin y el proceder de las autoridades mexicanas, parece que las actuaciones de la FGR alcanzarán el nivel de ridículo y las balandronadas del titular de la UIF, quedarán en eso, y si había un fondo real de responsabilidad, las violaciones al “debido proceso” harán que el o los acusados queden en libertad.
Igual sucede con la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a quien se cita a través de los medios de comunicación para presentarse a una audiencia, ya que a ella, no se le hizo llegar de manera personal o a sus representantes, el citatorio correspondiente, donde además, no se especifican los motivos del mismo, salvo de manera general. Pero por aquello de las dudas, la exfuncionaria ya solicitó un amparo para no ser detenida.
La modalidad del actual régimen de acusar o revelar acciones judiciales por la vía de las conferencias de prensa, no es el mejor camino al castigo de la corrupción, máxime cuando el titular del Ejecutivo sólo habla de no impunidad, pero no asume la actitud y que en casos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), acusa directamente de corrupción o dispendio.
Si de verdad habrá combate a la corrupción referida por AMLO durante tantos años de campaña y aun en sus conferencias de prensa, tendrá que caer alguien, pero no a través del escándalo mediático, sino mediante los procesos legales correspondientes, pero no con errores tan garrafales como los cometidos por la FGR o la UIF, sino con investigación, pruebas y jueces.
