Por Lic Oscar Osorio*
Carlos acaba de asaltar a dos transeúntes, les arrebató doscientos pesos. El asaltante se encontraba en estado de ebriedad y empuñaba una botella de cerveza. Dos elementos de la policía llegaron de inmediato al lugar de los hechos, le ordenan que suelte la botella y que se tire al suelo, no obedece. Por comandos de voz le exigen nuevamente que suelte el envase, no hace caso.
Se aproximó el elemento Juan por el costado izquierdo y, por el otro lado, el policía Jorge, momento en que Carlos se abalanzó en contra de uno de los policías. Le dice que lo va a matar, rompe la botella de vidrio y en varias ocasiones la dirige al cuello y a la cara de uno de los policías, quien logra esquivar las agresiones. Sin embargo, por segunda ocasión el asaltante repite la embestida, el policía Jorge sacó su arma y realizó una detonación que impactó y lesionó en el tórax a Carlos, quien más tarde perdió la vida en el hospital más próximo, hechos que ocurrieron ante la mirada de más de veinte testigos.
Este caso muestra lo sorprendente que es el porcentaje de la población que no tiene acceso a la justicia en materia penal. Por ejemplo, una buena parte confunde a los jueces con el Ministerio Público, hasta que se encuentran en una situación en la que se ven obligados a acudir ante las distintas instituciones del Estado para que se les suministre justicia. Situaciones en las que, normalmente, las consecuencias son mayores para los más vulnerables.
En el ejemplo del asalto se genera una atmósfera tensa porque los policías no debieron matarlo, tenían la obligación de actuar en forma diversa. También inadvertimos el robo de pertenencias que sufrieron la dos personas —por cierto, una de ellas, tenía sólo cinco años de edad—; además, que uno de los policías fue agredido.
El actual poder judicial no encontró la forma de acercarse a la población más vulnerable, por lo que prevalece el sentimiento generalizado de que la justicia está fuera de su alcance, lo que provoca un ciclo interminable de desesperanza e impunidad.
Debido a ello, el poder judicial debe centrarse en las personas, acercarse a las comunidades a efecto de entender el contexto social en cada lugar del país. El objetivo es garantizar que todos, especialmente los más vulnerables tengan acceso a la justicia, para que mediante la información y acercamiento se eliminen las barreras económicas y burocráticas.
Esto implica capacitación para todo el personal judicial, que genere empatía y atención a todos los justiciables, por lo que se debería crear una escuela judicial enfocada en tales aspectos. Su objetivo, generar confianza social, lo cual, necesariamente contribuirá a una justicia más equitativa, pues ante el abuso de poder se debe proteger a los más desfavorecidos.
De tal forma que existe la esperanza de un México en donde la justicia sea un derecho garantizado para todos y que el poder judicial sea un pilar de la democracia y la equidad. Un poder judicial más humano que responda, para que todos, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan acceso a la justicia. Asegurar que todas las voces sean escuchadas y respetadas.
En suma, en México el poder judicial ha enfrentado críticas por su funcionamiento, especialmente en lo que respecta al acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
Por ello, la implementación de un sistema judicial más humano es esencial para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, reciban una justicia equitativa y accesible.
Un poder judicial que incluya programas de educación legal que informen a la población sobre sus derechos y el funcionamiento del sistema judicial. Un enfoque más humano también debe considerar la diversidad cultural de México.
Los jueces y funcionarios del poder judicial deben recibir capacitación en sensibilidad cultural para entender y respetar las particularidades de las comunidades que representan. Proporcionar acceso a servicios jurídicos con acciones concretas que pueden hacer una diferencia significativa en la vida de las personas más vulnerables.
Por estas razones, el poder judicial debe eliminar barreras que dificulten el acceso a la justicia, como es la burocracia excesiva y la falta de información adecuada y concreta. Esta es la tarea de los nuevos juzgadores, pero, desde luego, requiere conocimientos jurídicos sólidos, además de una profunda vocación de servicio y compromiso firme con los derechos humanos; incluso, de una ética irreprochable. Sólo de esta manera se podrá contribuir a la construcción de un México más justo y democrático para todos.
*El licenciado en Derecho Óscar Osorio Álvarez es actualmente Secretario en un Juzgado de Distrito en materia penal en la ciudad de México.
