Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Presumiblemente en México contamos con una ley que garantiza la secrecía de los datos personales. Y también existe la prohibición expresa en la Constitución de que nadie puede realizar “escuchas” sin autorización de un juez federal. Hacerlo por la libre implica un delito grave que no admite enfrentar procesos en libertad.
Con toda la herramienta para “proteger” las comunicaciones privadas, las filtraciones de diálogos entre políticos, servidores públicos, empresarios y hasta deportistas, se han convertido en el “deporte nacional”.
Cuando se trata de chismes, de los que se acostumbra difundir en redes sociales, y que no afectan a la comunidad, aunque sí a la o las personas que son mencionada, podría decirse que es un mal menor.
Por el contrario, en tratándose de personajes que representan al Estado mexicano, sean del Poder Ejecutivo federal -o estatales-, del Judicial o del legislativo, la adquisición de datos obtenidos de manera poco ortodoxa e ilegal, y exponen diálogos u órdenes que tendrán repercusión en la marcha del gobierno, se vuelve un problema mayúsculo.
La captura de charlas telefónicas o mediante la aplicación del WhatsApp, presumiblemente “cifrado de punta a punta”, desvelan acciones que exponen a los dialogantes y a las instituciones que representan.
La información sólida que publicó ayer el diario Milenio y en la que se exponen las pantallas de WhatsApp de las conversaciones entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Leticia Piña Hernández y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, exhiben la injerencia de la cabeza del Poder Judicial y la coloca entre quienes pretenden controlar el TEPJF, con lo que pierde credibilidad y concede la razón al huésped temporal de Palacio Nacional.
A nadie debería extrañar la exposición pública de los diálogos. Porque es cosa de todos los días.
De Palacio Nacional sale información “top secret” y lo mismo de la Corte e igualmente del Legislativo.
Lo de Piña Hernández es grave por el contenido de sus palabras. Pero más lo es que en el seno del Poder Judicial haya quienes obtuvieron la información. Sin negar la presunción de inocencia, todo indicaría que se trata de una acción de baja estrofa cometida por algún “leal” al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. ¿Difícil de comprobar?, sí.
O tres pares de la ministra con las que no coincide en ideas y acciones, podrían estar en el “complot”. Como fuere, la ministra presidenta, está en el filo de la navaja.
Es un golpe del que no se recuperará fácilmente y cuyo costo político-jurídico, podría ser extremadamente elevado.
Los periodistas debemos pensar mal para acertar. Y de ahí que se plantee la posibilidad de un acto revanchista cometido por alguien que conoce los drenajes de la Corte y que durante 14 años recorrió de arriba abajo. Es imposible no suponer que hay “algo” que busca generar el desprestigio de la sucesora.
Si bien es cierto que la ministra Piña Hernández cometió un error que podría calificarse de garrafal, también lo es que la faltó olfato, madurez política, porque lo que hizo no es jurídico es político, y exhibió la carencia de asesores capaces de mostrarle los riesgos que conlleva este tipo de “sugerencias” formuladas al magistrado Fuentes Barrera.
El asunto es de suma gravedad tanto por intentar imponer su criterio en la autonomía del TEPJF como por exponer posiciones contrarias a la legalidad.
¿Cómo saldrá del atolladero?, ni la mínima idea.
De lo que hay certeza es que vivimos expuestos en el mundo de espías que llegaron de La Habana disfrazados de médicos “especialistas en espionaje” y los provenientes de Venezuela, Nicaragua y Rusia. No es una nueva guerra fría. Es una guerra ardiente en tiempos electorales.
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