*Amenazas y Descalificaciones no Arredraron a los Ministros
*“Solo 3 Fueron Leales”, Admitió AMLO; el Resto, Hipócritas
*Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se Reencontró con la Legalidad
GERADO LAVALLE
Hacer trampa no conduce, por regla general, a la victoria.
Si alguien la descubre, cae todo el peso de la ley en el infractor.
Y eso pasó con las iniciativas de reforma electoral presentadas por Andrés Manuel López que, con órdenes precisas, hizo que los congresistas de Morena y sus aliados, violentaran el proceso legislativo y llevaran a la práctica, por 20 días, la aplicación de las nuevas normas que, supondría el desmantelamiento del INE, la desaparición de los OPL’s, el despido del 80 por ciento del personal de carrera y la reducción salarial de los consejeros y secretarios del organismo electoral.
Con los votos de 9 de 11 ministros, entre quienes sorpresivamente se encontró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -hasta el pasado jueves cercano amigo y colaborador del presidente López- y 2 en contra, los de Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, el Plan B en su segunda parte, terminó por ser sepultado pese a las amenazas, las críticas, las descalificaciones surgidas del ronco pecho del Jefe del Ejecutivo federal desde el púlpito guinda instalado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los ministros, 7 y las ministras 2, de la SCJN acompañaron el proyecto de Javier Laynez Potisek, quien propuso al Pleno el proyecto en el que se sustentaron una serie de violaciones al proceso legislativo que ameritan la invalidez del decreto impugnado por la minoría del Congreso de la Unión.
De esta manera, el Alto Tribunal declaró inconstitucionales las reformas y adiciones y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que crea una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Un día antes del Pleno, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República emitió un comunicado amenazador en contra del ministro Laynez Potisek presuntamente por haber incorporado a su proyecto elementos que no fueron citados ni solicitados por las oposiciones. Dos horas antes de la votación, el presidente López había lanzado su último torpedo y dejó las bodegas de armas sin uno solo más para disparar. “(La SCJN…) va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma, y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo”, criticó.
Por si fuera poca cosa lo expresado, la Consejería Jurídica había señalado: más material radiactivo a su misil la democracia “se vulneraría” si se aceptan “los criterios subjetivos” del ministro Laynez. También dijo con respecto al proyecto de Laynez que la Corte “se convertiría en juez y parte” si lo procesa.
MESES DE AMENAZAS
PARA DOBLEGARLOS
A partir de diciembre de 2022 y frente al fracaso de imponer a Yasmín Esquivel Mossa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República inició una despiadada campaña en contra del Poder Judicial de la Federación.
A solamente 18 días de haber sido investida como la primera mujer en presidenta el máximo órgano judicial del país, desde las mañaneras se acusó a Norma Leticia Piña Hernández de permitir el aumento de la corrupción y la incorporó en la lista de “jueces que protegen a los criminales”. Le correspondió al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio “aportar la información” …. errónea al dar a conocer que en su calidad de “presidenta del Consejo de la Judicatura en 2018, la hoy lideresa del Poder Judicial de la Federación desechó una queja de una jueza de Aguascalientes.
Como mera acotación, la ministra Piña Hernández nunca antes del 3 de enero de 2023 desempeñó el cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura.
A lo largo de cinco meses y tres semanas, los señalamientos, descalificaciones y hasta recuerdos de “delitos no cometidos” por el propio ministro Laynez Potisek, salieron a luz pública.
Sin embargo, los ministros (tas) siguieron adelante en su responsabilidad de ser garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los últimos dos meses, el presidente López recibió tres reveses: la declaratoria de inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B; la anulación del decreto por el que determinó que las obras del gobierno federal -todas, incluidas bardas en escuelas- serán consideradas de “seguridad nacional”, aunque la ley en la materia no las contempla y finalmente la semana pasada perdió toda esperanza de desmantelar el INE, el TEPJF, pavimentar el camino para que Gobernación manejara el Padrón Electoral, organizara las elecciones federales y los consejeros y ministros de la Corte junto con comisionados de entes autónomos, reduzcan sus salarios y nadie gane más que él.
Este año, 2023, no ha sido bueno para el presidente. Se diría que ha perdido todo en lo jurídico y se tendrá que conformar con haber ganado, porque fue el jefe de la campaña, el Estado de México y con ello arrebatarle al PRI el eslabón más importante en su cadena de recursos financieros, políticos y sociales.
AHORA EL
PLAN “C”
Anunciado horas después de que la primera parte del paquete del Plan B había sido declarada inconstitucional, López anunció su Plan “C”: pedir a los ciudadanos que nadie vote por la oposición y sí por Morena -aunque por obvio no mencionó el nombre- y le concedan la mayoría calificada para reformar la Constitución.
Incluso, en una seguridad personal y no compartida por millones de mexicanos, confirmó que, en septiembre, a 29 días de entregar el mandato -si cumple con lo que la Constitución le ordena- presentará iniciativas para reformar la Carta Magna y dejar encaminada la cuarta transformación para que nadie la frente en el futuro.
Su solicitud de no votar por los conservadores, fifís, adversarios, fue impugnada ante el INE y el TEPJF y ambas instituciones estimaron que el presidente no debe adelantar apoyos de campaña y menos aún utilizando el medio de comunicación que representan sus mañaneras.
Consciente de que la LEY es la LEY y terminaría por imponerse, adelantó la fecha de la encuesta para elegir al “coordinador nacional de la Comisión para la Defensa de la Cuatro t” y el pasado lunes 19 arrancaron sus corcholatas violentando la legislación electoral.
Con la derrota del pasado jueves, le quedan dos caminos: acatar la norma o confirmar su vocación de vivir en la ilegalidad.
