Por Mirza Flores Gomez*
México es un país cuya estructura de gobierno se conforma por un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ninguno por encima del otro, cada uno con atribuciones y competencias particulares que le dan orden a nuestra sociedad a nivel Federal, Local y Municipal, en la jerga jurídica se le llama separación de poderes. Si bien, cada poder se encarga de velar por la ciudadanía, la representación directa de la pluralidad social se encuentra en el Legislativo, razón por la cual su sistema bicameral, está compuesto por 500 legisladores en la Cámara de Diputados y 128 en la Cámara de Senadores, cuya principal responsabilidad es legislar y defender a favor de sus representados, esta diferencia de posturas son las que nutren la práctica parlamentaria y dan vida al diálogo y debate.
Lamentablemente, en los últimos años, hemos visto como la representación desproporcionada dentro de la Cámara ha propiciado una tiranía de la mayoría y un silenciamiento de la minoría, agravado por el sometimiento de los diputados y senadores de MORENA, PT y PV al Presidente de la República, obedeciendo sus órdenes sin cuestionar si realmente benefician a sus representados, con quienes debería estar su lealtad.
La distribución de recursos es uno de estos problemas que requieren análisis, dialogo, debate y consenso por parte de todos los sectores, es injusto que se incline a lo que el Ejecutivo cree que es necesario; y justo eso sucedió en la presentación del Paquete Económico 2022, se silenciaron las ideas de la “oposición”, dejando fuera sus opiniones sobre los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, silenciando con ellos a las voces que representan.
Particularmente, la aprobación del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto, quien posterior al análisis, discusión y aprobación del proyecto lo envía para su discusión y aprobación en sesión de Pleno, recordando que para su validación solo se requiere de la mayoría simple, que actualmente es alcanzada por el bloque del Presidente. Como Legisladora de oposición en la LXV Legislatura doy testimonio de que cumplí con mi responsabilidad de estudiar y proponer en beneficio de los ciudadanos, sin embargo, mis propuestas no fueron integradas al documento final, ni la de ninguna de mis compañeros, el PEF se aprobó respondiendo al capricho del Presidente.
El paquete económico del 2022 está totalmente entregado al Ejecutivo Federal, este Santa Claus, que dio la indicación a sus legisladores, si así se les puede llamar, para no designar gasto a proyectos indispensables para las entidades federativas, sino colocar todo el recurso en una gran bolsa, para así poder recorrer los estados repartiendo de manera discrecional las obras que le benefician políticamente, sin tomar en cuenta los elementos necesarios para una buena política pública, ignorando la evaluación de los proyectos, la viabilidad y la equidad.
Los planes y programas sociales que propone el Mandatario Federal buscan beneficiar a su proyecto político, no a los ciudadanos, son acciones que busca convertir en votos electorales para futuras elecciones y a medida que el tiempo pasa esta práctica es más difícil de erradicar. Los ciudadanos, sobre todo los más pobres y marginados, pueden considerar que el otorgamiento de dinero en efectivo, apoyo de programas sociales y proyectos de infraestructura son grandes beneficios. Sin embargo, el resultado que produce es un círculo vicioso y paradójicamente los que más sufren corrupción tienen menos probabilidades de oponerse a ella y demandar reformas.
*DIPUTADA FEDERAL
