Jerónimo Castillo
y María Acosta,
Civilizar la Seguridad
Ciudadana.
Fundación Ideas
para la Paz, Bogotá,
Colombia,
2019.
Por David Markino
América Latina es la región donde más violencia hay y donde, desde la década de los noventa en el siglo XX, más avanza la opción de contemplar el uso de las fuerzas armadas como mecanismo para salvaguardar la seguridad de la población. La crisis en el continente -particularmente grave en Centroamérica, Colombia y México- ha permitido poner en duda este tipo de acciones.
Aprovechando el proceso de paz en Colombia y el debate que se suscitó sobre cómo se debe entender en un escenario postconflcito el papel de las Fuerzas Armadas, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, analizó las más recientes intervenciones militares en ese país (en particular en las regiones Briceño y Caucasia), que afrontan una grave crisis de violencia y el consecuente deterioro de las condiciones de inseguridad y desarrollo para la ciudadanía. El resultado de ese trabajo es Civilizar la Seguridad Ciudadana. Se parte de una visión que sostiene que un mando que no contemple el liderazgo civil en el direccionamiento de las políticas de seguridad, corre el riesgo de abrir espacios para la violación de los derechos humanos. La seguridad ciudadana, por tanto, es una herramienta para garantizar el ejercicio democrático de las políticas de seguridad y los derechos de los ciudadanos.
La hipótesis de la FIP es que estas intervenciones, como única respuesta del Gobierno colombiano, no lograban reducir la violencia; por el contrario, podrían vulnerar los derechos de la población. A ello habría que sumar el alto costo financiero y de legitimidad institucional que enfrentan los gobiernos. De esta forma, la FIP reúne seis recomendaciones que buscan orientar una política de seguridad ciudadana relacionada con la gobernanza de la seguridad en contextos locales y su respeto por los derechos humanos. Veamos:
La reformulación de la política pública de seguridad ciudadana por parte del Gobierno Nacional es inaplazable. Las acciones que adopta parecieran desconocer las realidades y políticas locales, ya que impone la visión centralista para atender diversas problemáticas en distintos territorios del país.
La política de seguridad debe dar cuenta de la interacción y articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal, apuntando a una simetría entre la Fuerza Pública y el poder político de alcaldes y gobernadores.
Las acciones más recurrentes del Gobierno Nacional se limitan al uso de la Fuerza Pública, lo que supone un riesgo frente a potenciales violaciones de derechos humanos que agravan las condiciones de legitimidad de las instituciones en los territorios.
La intervención militar no supone una mejora en los indicadores de violencia ni en la percepción de seguridad.
Existe una debilidad de las instituciones para ejercer el papel regulatorio, lo que hace que otros actores impongan otro tipo de regulaciones.
Los parámetros para medir los indicadores de seguridad ciudadana han estado sometidos a las condiciones de las grandes ciudades y esto ha invisibilizado problemas que se presentan en municipios pequeños o rurales como amenazas, desplazamientos, delitos contra la libertad sexual y extorsión, entre otros.
Hay dos puntos muy interesantes de este estudio: primero, los factores asociados a la inseguridad no necesariamente tienen solución a través del fortalecimiento militar o policial, y segundo, la actividad y presencia de la Fuerza pública no es cercana a la población civil. La mayor parte de los ciudadanos reportó que factores económicos y sociales tienen un rol importante en la determinación de las condiciones de inseguridad de los municipios, por lo que las intervenciones militares no necesariamente deberían tener un efecto sobre la actividad delictiva (de hecho, la evidencia muestra lo contrario: durante el año de la intervención militar, Caucasia registró un incremento significativo en la actividad delictiva).
En segundo lugar, en cuanto a la cercanía de la Fuerza Pública, si la población no percibe como cercana la actividad de la policía o el ejército, es poco probable que se desarrollen relaciones de confianza. Esto es particularmente importante para el caso de Briceño que, al ser un municipio rural con una presencia institucional tradicionalmente baja, reportó que las intervenciones militares incrementaron los abusos de autoridad. Esto permite concluir que las intervenciones militares de la seguridad no producen efectos positivos sobre las condiciones de percepción en los municipios; por el contrario… se producen efectos sobre la legitimidad institucional distanciando aún más a los ciudadanos del Estado. Algo que debilita la gobernanza de la seguridad ciudadana.
El reporte de la FIP encierra en una sola frase la orientación hacia la civilización de la seguridad: “el valor instrumental de la intervención militar y policial debe estar en función de la política de seguridad ciudadana en la que intervengan los niveles nacional, departamental y municipal”. De cara al panorama en México con respecto a la Guardia Nacional, el extraordinario valor de la investigación es auto evidente.
