“No me gusta llorar, pero no me voy a callar”. Son ya nueve años desde que Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años de edad, fue asesinada el 5 de febrero de 2015 por José Juan Hernández Tecruceño, Luis Ángel Atayde Regreso y Josué Misael Atayde Reyes -este último, por ser menor de edad al momento del feminicidio infantil, recibió una sentencia de sólo 5 años en un Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) y ya salió libre-. “Me cuesta levantarme todos los días (…) muerta estoy desde el día que asesinaron a mi hija”, sentencia Lorena Gutiérrez, madre de Fátima.
“Fredy (Camacho) es quien privó de la vida a mi hija Wendy Yoselin Ricardo Sevilla a la edad de 16 años -a él le faltaban 3 meses para cumplir 17-; él ahorita se encuentra recluido en la Quinta del Bosque (CIA), tuvo una sentencia de 5 años y ahorita metió su recurso de apelación. (Yo) estoy a la espera de saber si le reducen la condena y vaya a vivir su proceso a su casa”. Las palabras son de Guadalupe Sevilla, madre de Wendy, una de las 84 niñas y adolescentes que fueron asesinadas en 2021.
Los feminicidios infantiles de Fátima y Wendy son de los pocos que han alcanzado a rasguñar la justicia, son cuatro hombres los sentenciados (uno ya en libertad) por los crímenes; también son dos casos en los que dos de los asesinos eran también menores de edad, cualidad que los dota de derechos y que, por ley, no pueden ser sentenciados como un adulto – a pesar de ser aprehendidos cuando ya lo eran-. La pena máxima establecida en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es de cinco años.
“Sería muy injusto, muy absurdo y algo horrible que el día de mañana me den la noticia de que le rebajan años o (Fredy Camacho) se va a vivir su proceso a su casa. Yo creo que él a la edad que cometió el feminicidio (infantil) de mi hija, él ya sabía que le iba a provocar la muerte a Wendy, entonces no es justo que estas leyes para menores los protejan tanto y, sobre todo, que tengan muchos derechos, derechos que mi hija no tiene”: Guadalupe Sevilla.
A lo que la mamá de Wendy Yoselin se refiere es al derecho que tiene el feminicida de su hija de no declarar -su juventud al momento de cometer el crimen se lo permite-. Fredy Camacho tiene derecho a no decir porqué asesinó a la joven de 16 años, poco importa que cuando lo detuvieron (marzo de 2023) ya estaba a punto de cumplir 19 años, ya era mayor de edad y aún así fue recluido en un centro para adolescentes.
“Las leyes deben ser más rígidas, en cuanto a feminicidios, que a ellos sí les caiga el peso de la ley para que lo piensen antes de volver a cometer un delito”: mamá de Wendy Yoselin.
“¿Cuántas muertes voy a tener que vivir?”
“Aquí estoy de pie y no me voy a callar, porque mis hijos tienen derecho a la memoria y sobre todo a la verdad y la justicia en este país. Y quienes los asesinaron, tienen que pagar”. Lorena Gutiérrez, no sólo sufrió el feminicidio infantil de Fátima, su hijo Daniel Emiliano murió el 24 de noviembre de 2020 por una negligencia médica de los doctores que lo trataban; sus padres recibieron un diagnóstico (depresión), tenía un dolor intenso en el estómago y le recetaron un ansiolítico que lo dejó inconsciente casi un día completo. Daniel murió en brazos de su padre y madre en la casa que las autoridades les proporcionaron como “medida de protección”.
¿Hay justicia para las víctimas de feminicidios en México? Un informe de la organización México Evalúa refiere que de 2021 a 2022 la impunidad en el país en materia de feminicidios pasó del 88.1 al 88.6 por ciento; casos particulares como la Ciudad de México, Quintana Roo y Zacatecas, tienen 100 por ciento de impunidad, mientras que el Estado de México -número uno en feminicidios y lugar donde asesinaron a Fátima y Wendy- alcanzó 77.1 por ciento de impunidad.
Garantías de no repetición es una de las principales demandas de las familias de víctimas de feminicidio y feminicidio infantil: en los casos de Fátima y Wendy no podemos decir que se cumplieron. Ambas familias han sido amenazadas, atacadas física, verbal y judicialmente -el impedir el acceso a la justicia y la omisión también son un delito, no así la falta de empatía, aunque también la sufren-.
“Somos una familia en medidas de protección desde hace nueve años, mis nietos tenían tres años (ahora) tienen 12 y preguntan: ‘por qué nosotros abuela, por qué no podemos vivir una vida normal’. Eso también es un delito, es violentar el interés superior de las infancias. Están creando niños con odio dentro de esas medidas de protección, ¿le importa al Gobierno?: no les importa”: Lorena Gutiérrez.
Huir para seguir luchando
Como muchas familias víctimas de algún delito, los padres de Fátima Quintana tuvieron que dejar el Estado de México y convertirse en desplazados por la violencia. Intentaron buscar asilo en el extranjero pero se los negaron; al denunciar que uno de los feminicidas infantiles de su hija pertenecía al crimen organizado, la violencia creció, los hostigamientos, las persecuciones y los ataques a su casa los hicieron buscar refugio en Nuevo León. ¿Y las medidas de protección y no repetición?
“¿Cuándo la sociedad y el sistema de impartición de justicia van a tomar consciencia de que también el silencio nos está asesinando?, ¿Por qué callan? Ya aprendieron a normalizar lo que está pasando, y eso es grave; mientras la sociedad no tome consciencia de que nos están asesinando y de que estamos viviendo una emergencia nacional, una pandemia, nada de lo que hagamos va a funcionar y nos vamos a enfrentar solamente a que nos desaparezcan”: mamá de Fátima Quintana.
“Después de un feminicidio nada es igual. Sí me han dado ganas de irme, porque él (Fredy Camacho) en cinco años va a salir libre y yo me lo voy a encontrar y tengo que respetarle la vida, algo que él no le respeto a mi hija”, lanza la madre de Wendy Yoselin al afirmar que en ocasiones ha pensado en irse del Estado de México para escapar de la violencia y las amenazas que recibe de la familia del feminicida de su hija; pero de inmediato recuerda por lo que están luchando:
“Aún con todo ese dolor que una siente tiene que sacar fuerzas para estar detrás de las autoridades para que nuestras hijas tengan un poco de justicia. Casi le arrancamos al Estado la poca justicia que se va a obtener para Wendy, si no estuviéramos detrás de las autoridades, yo creo que a estas alturas todavía ni siquiera encontraran a Fredy”.
Feminicidio infantil en México
El tema de feminicidio infantil estuvo en las principales páginas de los medios nacionales en las últimas semanas, principalmente por los casos de María José, víctima del presunto feminicida serial de Iztacalco, y Alondra, una niña de 13 años acuchillada en 15 ocasiones por “su novio” afuera de una secundaria en Iztapalapa. El agresor quedó libre, mientras Alondra recibía atención médica y luchaba por su vida.
“Como lo señala la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el representante social determinó la libertad del imputado por pertenecer al grupo Etario I (persona menor de 14 años de edad); no obstante, el adolescente quedó bajo el cuidado y atención de sus padres”, informó la Fiscalía de la Ciudad de México.
¿Cuántos años de castigo son suficientes?, ¿Se deben modificar las leyes?, ¿Tienen más derechos los agresores que las víctimas y sus familiares?, son preguntas que se debaten entre activistas, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de feminicidio infantil en México: 341 entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, según cifras del colectivo Aquí Estamos.
Wendy Yoselin fue encontrada dos días después de su desaparición, la hallaron en un paraje de La Manga, municipio de Xonacatlán: su cuerpo estaba boca arriba sobre un charco de agua, las manos entreabiertas, la blusa y el pantalón rasgados, el cierre de su pantalón roto, sus zapatos no se encontraron. Fátima Quintana murió por traumatismo craneoencefálico severo: sus feminicidas la golpearon hasta que le tumbaron todos los dientes, la acuchillaron casi 90 veces, le sacaron un ojo, la violaron, le hicieron una herida de 10 centímetros en la entrepierna y de 30 centímetros en el pecho; aún viva, sus tres agresores le arrojaron una piedra de más de 30 kilos en la cabeza.
“Me siento frustrada. Han asesinado a más de 30 mil mujeres en el país después de ese jueves 5 de febrero de 2015. Que quiere decir, que lo que yo he hecho, que lo que yo he caminado, no ha servido para nada”: mamá de Fátima Quintana.
(Agencias)
