En respuesta al fallo esta tarde en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró las obras de infraestructura como de seguridad nacional, su gobierno publicó uno nuevo con el que busca blindarlas, aunque las sentencias de la Corte son inapelables. La aplicación del nuevo decreto será obligatorio a partir de mañana.
El decreto publicado apenas unas horas después de que terminó la sesión del Alto Tribunal comprende proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los aeropuertos de Palenque, en Chiapas; y de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo, se reitera lo que la Corte ya juzgó.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, señala el nuevo “decretazo”.
Entre los argumentos que expuso el gobierno federal para impulsar su promulgación es que en el artículo 28 de la Constitución Mexicana se establece que obras ferrocarrileras son prioritarias para el desarrollo nacional, lo cual debe ser salvaguardado por el Estado.
En este sentido, asegura que “el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio”, el cual tendrá una extensión de más de mil 500 kilómetros y que atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Respecto al CIIT, el gobierno justificó su inclusión debido a su ubicación geográfica entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, la cual, dijo, es “estratégica” dado que permite comunicar el Océano Pacífico con el Golfo de México y el océano Atlántico, lo que facilitará el transporte de mercancía.
En el caso de los aeropuertos en Chiapas y Quintana Roo, el decreto resaltó que “resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país”.
Con lo publicado hoy, la administración federal puede sortear procesos de revisión ambiental, trámites de permisos correspondientes para la construcción de los proyectos, además de clasificar la información en torno a las obras como confidenciales, por lo que el desarrollo de los mismos y el ejercicio del gasto público podría ser discrecional.
