La jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva que impide la incorporación de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional. Es la primera sentencia de 53 amparos colectivos en contra de la disposición promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión.
Como consta en la versión pública del expediente 1161/2022, la jueza otorgó la suspensión definitiva por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y control de la delincuencia.
La jueza sentenció que el entrenamiento que reciben los efectivos de la Guardia Nacional no está encaminado a la protección de civiles, sino a derrotar a un objetivo legítimo, lo que está en controversia con las labores de seguridad pública.
Entre las medidas que establece el expediente están no transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; ordena que organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como dice el artículo 21 de la Constitución.
Y ordena a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo Sexto transitorio, fracción II, del decreto impugnado.
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