Por Jesús Michel Narváez
¿Uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia?
Difícil de dilucidar. Porque solamente los que intentan obtener confesiones sin uso de tortura física y utilizan la psicológica, lo saben.
Hay tres casos emblemáticos sobre el desaseo para conceder el criterio de oportunidad: Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado… está en puerta un cuarto: César Duarte.
Al primero se le concedió en aras de hurgar y encontrar a los culpables de haber aprobado la Reforma Energética a través de fondo provenientes de la brasileña Odebrecht, además de achacarle compra de Agronitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares, entre otras “minucias”. Después de 18 meses de “declaraciones” que presuntamente involucraron en primer término a Luis Videgaray y en segundo a Enrique Peña Nieto, además de senadores y diputados en durante el sexenio pasado, no se ha podido o no se ha querido hallar las “pruebas contundentes” que encaminen a personas de más alto rango que el exdirector de Pemex ante un juez de procesos que determine el confinamiento en algún reclusorio o penal de alta seguridad.
A la segunda se le ofreció y ante la negativa de denunciar a sus jefes, se le retiró la oferta. Ella está en Santa Martha Acatitla desde hace dos años y 4 meses. Se le detuvo por la acusación de “omisión de responsabilidad”, delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa, y que la relaciona con la llamada “Estafa Maestra”, descubierta por Mexicanos Contra la Corrupción en un espléndido trabajo periodístico. La exsecretaria de Estado ha señalado que no denunciará a nadie sin pruebas. Seguirá en prisión.
Al tercero la Fiscalía General de la República le puso en charola de plata la opción: seguir en prisión por presuntos delitos que si ameritan la privación de la libertad, o acogerse al criterio de oportunidad lo que conlleva a suponer que tendría información privilegiada para inculpar a quien fue uno de sus clientes: Enrique Peña Nieto. Si lo que declare ante el ministerio público de la federación tiene lo que el gobierno busca, seguramente su condena se conmutará o cuando menos se reducirá notablemente.
Ahora surge la propuesta presidencial para que, a César Duarte, exgobernador de Chihuahua se le pueda conceder el privilegio de ser “testigo protegido”.
Si había alguna duda de qué es lo que persigue el presidente López con esta herramienta jurídica, ayer la despejó plenamente.
“Mi opinión en todos estos casos es que, si se va a conocer sobre complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo”, respondió a pregunta expresa -seguramente sembrada por su coordinador de comunicación social- formulada en la mañanera.
Queda claro que no es la recuperación del dinero que alguien haya sustraído del tesoro nacional. No, es conocer complicidades mayores.
¿Qué significa plantearlo así?… ¿Quiénes pueden convertirse en cómplices mayores?
Complicidades mayores podrían ser aquellas en las que se encuentren involucrados personajes políticos o privados con niveles de poder superiores a los del gobernante estatal en turno.
O bien, directamente de funcionarios jerárquicamente de alto rango. Ejemplos: el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, de Comunicaciones, el dirigente nacional del PRI, los jefes políticos del Senado y los Diputados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso de Duarte (César, no Javier), se torna de suma importancia para el proyecto presidencial en momento en los que el distractor mayor lo representa la sucesión presidencial, aquellos que fueron comparados con corcholatas.
¿Qué esperaría la Fiscalía General de la República saber para otorgarle el criterio de oportunidad?
Usted saque sus conclusiones. Yo tengo las mías.
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