Por Iván Ruiz Flores
Efectivamente está a la vuelta de la esquina, muy cerca el momento de los adioses. No, no se trata de que ya saben quién se vaya de volada a su rancho (que sería lo menos malo), sino de que las policías en el Estado Mexicano sean los que primero pisen aquel rinconcito chiapaneco tan querido y odiado por propios y extraños.
Los pañuelos blancos para solicitar la retirada policial, fueron agitados, también desde un asiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la voz de Margarita Ríos Farjat, aunque no lo dice de una manera directa, sino que sería el resultado inevitable de la militarización de la Guardia Nacional.
El asunto llegó a la primera sala de la Corte donde los ministros acordaron el pasado 24 del mes en curso enviar la propuesta al pleno, no obstante que ella sostuvo que el acuerdo era constitucional y no violaba la división de poderes, como habían señalado legisladores. Por lo tanto, hasta ese momento se desconocía la fecha para que sea tratado.
Hay ocasiones en que es conveniente exigir, en este caso a los ministros, que levanten la mirada y observen la escultura Espiral del Tiempo, esto es las tres estelas rojas en triángulo que representan las constituciones de 1824, 1857 y 1917. ¿O siguen sin entender a fondo el significado de las Cartas Magnas integradas en la que está vigente?
Y para recordar, no me refiero a que eleven la mirada en el actual edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en la antigua Plaza del Volador, a un costado de Palacio Nacional, después de que el presidente Lázaro Cárdenas colocara la primera piedra en 1936 y fuera inaugurado por Manuel Ávila Camacho (acompañado por el entonces ministro presidente Salvador Urbina) el 2 de junio de 1941, sino a otro inmueble, el que está en la calle de Chimalpopoca y 5 de Febrero, también en el Centro Histórico.
Lo vean o no, como fuere, no se vale violentar las normas constitucionales, tal y como está ocurriendo en Estados y municipios con las policías.
La labor de zapa en contra de las policías municipales, por ejemplo, inició desde el sexenio de Felipe Calderón, tiempo en el cual surgió la propuesta de integrar a esos grupos a las policías estatales, decían que debido a la ineficiencia y corrupción de tales organismos.
Fue el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien realizó la propuesta de un mando único policial por entidad federativa. Y fue enviada la iniciativa de Calderón al Senado de la República.
Han transcurrido 11 años y pareciera que no entendimos. La crisis de seguridad se incrementa en todo el país y tan sólo en los primeros nueve meses de este 2021 fueron asesinados 364 policías en México, hasta el 18 de noviembre. La organización Causa en Común asegura que de la cifra fueron 49 en Guanajuato, 45 en el Estado de México, 35 en Zacatecas, 26 en Veracruz y 24 en Chihuahua. Hasta esa fecha de este año, desde que inició el sexenio, la suma es de, al menos, 1,377 policías asesinados.
Dicha agrupación hace notar lo que está sucediendo en nuestro país:
“En México, las policías adolecen de múltiples insuficiencias y deficiencias resultado de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado por presupuestos insuficientes y mal ejercidos; condiciones laborales abusivas; y brechas crecientes entre sus procesos de desarrollo, su realidad operativa y las leyes que los rigen. A lo anterior, se suma un amplio desprecio social a las corporaciones de policía.
“Además de estar desprotegidos, mal pagados y equipados, abandonados por el Estado y sus comunidades, con jornadas extenuantes y capacitaciones exprés, los policías enfrentan día con día un altísimo riesgo de ser asesinados. En nuestro país matan en promedio a más de un policía cada día. Ante este escenario, es cada vez más difícil propiciar e imaginar motivaciones para ser policía en México. Aun así, la mayoría de los policías se esfuerzan por servir y proteger a la ciudadanía”.
LA ETERNA CRISIS POLICIAL NO CEDE
Hoy, la crisis se agrava, ya que el abandono proviene de las más altas esferas de la justicia.
Y la agrupación advierte:
“Como en el caso de cualquier asesinato en nuestro país, matar a un policía es fácil, muy rara vez conlleva una investigación concluyente, y menos aún, consecuencias judiciales. Causa en Común y la red de medios y periodistas interesados en dar seguimiento a este tema, insistimos en que debemos reconocer la labor policial, y en que debemos fortalecer las capacidades institucionales de policías y fiscalías en el país. Continuaremos insistiendo: debemos cuidar a quienes nos cuidan”.
Por nuestra parte decimos: la falta de raciocinio en las altas esferas gubernamentales contribuye no solo a un mayor desprecio, sino a una contribución al abandono y la consecuente muerte, sea violenta o propiciada por quienes debieran respetarlos.
Pero en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, publicado en el Diario Oficial por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2020, publicados el 30 de diciembre de 2020, hay precisiones.
Por ejemplo: “Repetir las mismas estrategias no va a generar resultados distintos y sí en cambio, podrá agravar más la situación ya de por sí delicada en muchos estados y ciudades del país.
“En este sentido, la política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes;
“a) Una sólida política anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social;
“b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan
“c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos; y
“d) El desarrollo de un sólido sistema de Justicia Cívica y programas de Trabajo en Favor de la Comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas.
“El Gobierno de la República entiende que recuperar las seguridad en el país, es un trabajo que trasciende la competencia de las policías y de la Justicia Cívica, ya que se requiere de una procuración de justicia capaz de litigar las imputaciones exitosamente en los tribunales, de una defensoría que proteja al inocente, de tribunales que permitan conocer la verdad de los hechos a través del principio de contradicción procesal protegiendo al inocente, sancionando al culpable y de un sistema de ejecución de sanciones que promueva el justo cumplimiento de la sanción y la reinserción de los sentenciados”.
¿Y hoy que tenemos?
Nada.
