Por Alfredo Mejía Montoya
Una vez más el titular del ejecutivo nos vuelve a amenazar con trasformar la vida inútil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ello transformar la vida del país. ¿Qué cosa? y ¿cómo? nos preguntamos la mayoría de los ciudadanos; ¿en qué estriba esa transformación? ¿será de cuarta o mejor y redunde en beneficio de la población?
Está empecinado en controlar las empresas paraestatales de país, medularmente a las empresas que producen o generan energías o la importan o la compran a los productores privados. Empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ambas con unas pérdidas históricas en lo que va de esta administración.
Con esa política transformadora, considera, cree y piensa que el país resurgirá de entre las cenizas en que él mismo, lo ha puesto apenas a la mitad del camino de su mandato. Y, además, que con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, pretende inyectar más dinero de los contribuyentes a dichos elefantes blancos, que han resultado insaciables. La población entera no ha visto ningún beneficio práctico, hasta ahora.
Es cierto, ha habido ingresos tributarios por la venta del hidrocarburo en cuanto a PEMEX se refiere, pero no es por la eficiencia operativa de la paraestatal, sino por el alza del precio por barril de petróleo (crudo) a nivel internacional, ya que en la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció un precio de referencia de 42.12 y hasta los 44.12 dólares de los Estados Unidos de América, que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano, mismos que deberán destinarse a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y en estos momentos, dicho precio ronda los 75 dólares (5-oct-21), por lo tanto la diferencia es sustantiva. Sin embargo, PEMEX sigue en pérdidas operativas y financieras.
Ahora es el turno de la tan ansiada recontra reforma eléctrica pretendida por el inquilino de palacio, de aquella sucedida en el 2013, bajo la visión del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Dentro de la motivación que se plasma en la iniciativa presentada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, se manifiesta como exposición de motivos, que la reforma del 2013 “significó un cambio normativo de carácter regresivo”, pues “estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador propone cancelar contratos y permisos de generación de energía a privados, y pretende suprimir a las Comisiones Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Fue turnada a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismos que requieren para su aprobación, que, a través de cada una de sus dos Cámaras, se aprueben por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
Siguiendo con la exposición de motivos, López Obrador culpa a la reforma del 2013, de la pérdida económica por la energía no despachada de la CFE que al ser más cara que la renovable y limpia de los privados, a la que no se le cobra la transmisión y se le otorgan incentivos como los certificados de energía limpia, asciende al 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119,000 giga watts.
Las pérdidas o ventas no realizadas por la CFE se ponderan en 215,400 mdp anuales desde el 2017, además de 222,900 mdp por lo que le tiene que comprar a privados, de conformidad con la ley, obligación sine qua non del suministro básico en el país.
La iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado pretende recuperar la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración. ¡Pese a que, desde su nacimiento, nunca ha tenido la característica de ser autosustentable ni con grandes beneficios tributarios y ganancias para incrementar su desarrollo y crecimiento, nunca!
Con ello, se cancela la estricta separación legal de la CFE, que se integra como un solo organismo del Estado de forma vertical y horizontal, y mantiene a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y las filiales CFE Energía y CFE International, para adquisición de gas, además de CFE Capital. Tal parece que será un Clúster gubernamental con tendencia Oligopólica y llegar a convertirse en un mercado que se podría calificar de competencia imperfecta.
Por lo tanto, el Estado, a través de la CFE, llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, ya que pretende generar por lo menos 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente. Cuestión pragmática es que si no se tiene la capacidad instalada para ello, como lo es, vendrán los apagones a nivel nacional, por zonas, industriales o residenciales, con los consabidos efectos que causan tales apagones en la economía, en la salud, en los equipos eléctricos y en general en todas las actividades, es un inminente regreso al pasado.
Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE.
Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenase, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Manifestando que habrá la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y de los contratos de compraventa de electricidad. La generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía, dejando afuera a esos generadores o productores de energía eléctrica.
En ese orden, las reformas a los artículos 25, 27 y 29 de la CPEUM, para su aprobación requieren que, a través de cada una de sus dos Cámaras, se aprueben por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Esta legislatura está al frente de una de las inmejorables oportunidades históricas de representar dignamente a la población que los eligió para que velara por sus intereses y los del país.
Lo anterior, pese a que López Obrador en una de sus reuniones de la mañana, el 4 de octubre pasado, y con tan solo 20 personas en un auditorio para más de 500 asistentes, beligerantemente increpó a los legisladores y les dijo: “… porque aquí lo vamos a estar tratando todos los días y de una vez, este, les digo a los legisladores no es amenaza ni mucho menos advertencia nomás que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara a todos porque se trata de los intereses del pueblo, que no estén pensando que van a votar ni en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas aquí cada quien va a asumir su responsabilidad”. (sic)
Tales comentarios parecieran intimidantes al provenir del presidente, pero en realidad no lo son, precisamente porque en los cargos de elección popular no hay anonimato, y los legisladores al votar a favor o en contra de una ley o sus reformas aun de la misma Constitución, existe una pantalla donde aparece el nombre de cada uno de los legisladores y el sentido del voto emitido. Hace falta que el inquilino de palacio se de una vueltecita por el Congreso para conocer la tecnología neoliberal que existe en los recintos legislativos. En sus tiempos no existía esa tecnología, además el no ocupó curul alguno en el Congreso.
En fin, las propuestas de reforma constitucional son una caja de pandora, y no precisamente parecido a lo de Pandora Papers, sino a los inconvenientes que tendrán más de alguna compañía extranjera y nacional, por las millonarias inversiones que han realizado al amparo de contratos y concesiones otorgados antes de la posible reforma, además de considerarlas como una especie de expropiación virtual.
Ello, porque ¡ya que siendo aprobadas dichas reformas, los juicios de garantías no tardarán en presentarse y si obtienen ejecutoria a su favor, los gastos por indemnización, serán millonarios y las consecuencias serán peores que los beneficios, pues se pagarán con dinero público, sí con dinero de los impuestos! Tal y como sucedió con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
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