Recortes Presupuestales en Entidades que Acudirán a las Urnas Este año

Tema Principal

*Las Obras Emblemáticas, en las Zonas Marginadas Desplazan las Necesarias

*Para Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto, no Falta Dinero; Para la Covid-19, sí

*A Lugares Donde no Habrá Relevo de Gobernador, 80% más de Recursos

*También Recortes Presupuestales que Afectaron a Miles de Mexicanos

*La Imposición de Superdelegados ha Dejado una Huella Nefasta

*Y no se Diga la Suspensión de Muchos Programas Sociales

*El Remate ha Sido el mal Manejo, Aunque Selectivo, de la Pandemia

Por Gerardo Lavalle

¿Error?… ¿descuido?… ¿falta de prospectiva?

A ciencia cierta se ignora.

Las elecciones de junio próximo pondrán a prueba el conocimiento de los ciudadanos. Y de cómo se ha gastado el dinero.

El error, descuido o falta de prospectiva se refleja en haber destinado el 80 por ciento de los recursos públicos en programas sociales que benefician a los marginados de entidades en donde no habrá renovación de gobernador.

El sureste, olvidado por décadas que suman centurias, ha recibido todo el apoyo del gobierno federal. Son miles de millones –o al menos eso se informa oficialmente- los invertidos, porque atacar la pobreza no es gasto, en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Pero Guerrero, Quintana Roo y Campeche han sido ignorados o se les asignaron magros recursos y no existe una sola obra multimillonaria.

Para la refinería que se construye en Paraíso, Tabasco, se han asignado en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021   Dos Bocas, 136 mil 306 millones de pesos.

Y para el Tren Maya 64 mil 918 millones.

A su vez, a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se han destinado suma ya 45 mil 305 millones de pesos.

Ninguna de las gloriosas obras del gobierno de la cuarta transformación se ubica en entidades en donde vayan a celebrarse elecciones para renovar gobernados. Sí, de congreso local y presidencias municipales en Tabasco y Chiapas. Hidalgo ya renovó ambas instancias en octubre del año pasado.

En el Centro y Norte del país las diferencias entre los gobernadores y el presidente López han escalado desde mediados del año pasado cuando la crisis sanitaria se encontraba en su mayor avance.

De la distancia tomada por el gobierno federal hacia los mandatarios emergió la llamada Alianza Federalista que ha exhibido públicamente el recorte de recursos, la falta de apoyo para contener la pandemia, la suspensión de programas de interés social a cargo de los gobiernos estatales, la cancelación del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), antes conocido como el Subsemun, la imposición de superdelegados que tomaron las decisiones de qué se edificaba y cómo se aplicaban los recursos entre otros rubros.

En entidades como Chihuahua el diferendo por el agua –que debía entregarse a Estados Unidos-m generó que el gobierno federal retirará la Guardia Nacional y dejará de coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sonora mostró un repunte de violencia por la ausencia de fuerzas federales, destinadas a otras actividades.

En Baja California Sur, al igual que en Tamaulipas, estados gobernados por políticos abanderados por el PAN, surgieron choques frontales con el gobierno de la República por los recortes, la falta de solidaridad para atender la pandemia y la indiferencia para contener la delincuencia.

Y qué decir de Guanajuato, en donde a pesar de la aprehensión de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, el cártel de Santa Rosa de Lima sigue operando, masacrando, extrayendo combustibles de los ductos de Pemex y elevando los índices de violencia. Y al igual que Jalisco, habrá renovación de alcandías y congresos locales. Ambos gobernadores, Diego Sinhue Rodríguez y Enrique Alfaro han tenido serios enfrentamientos con el presidente López que, incluso, ha suspendido giras que tenía programadas.

LA PANDEMIA, PESÓ DE MÁS

Si bien durante el inicio de la actual administración se advertía el intento de una buena relación con los gobernadores de oposición –la mayoría formada por 25 de los 32-, el constante golpeteo presidencial desde las conferencias matutinas no coadyuvó al entendimiento.

El primer gran golpe para las entidades fue la desaparición del Seguro Popular. Sin aviso alguno, el gobierno federal decidió que la institución no funcionaba y que solamente servía para el desvío de recursos (verdad a medias) por lo cual se suspendió el servicio y el envío de los recursos destinados para atender a quienes carecen de seguridad social. Los 40 mil millones de pesos aprobados para el ejercicio presupuestal para 2019 quedaron congelados y, presuntamente, se destinaron al el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En 2020 y 2021 todavía no opera correctamente el nuevo organismo porque las reglas de operación fueron modificadas y las que deben regir su funcionamiento están incompletas.

Para los gobernadores representó una disminución sustancial para sus programas de salud y aunque pretendieron que el dinero destinado al INSABI se manejara como antes, no hubo cambio alguno y ello representó que las entidades dejaran de atender a millones de personas que no reciben atención del IMSS o del ISSSTE.

Luego, con la designación de los llamados superdelegados, los proyectos de infraestructura o la adquisición de bienes y servicios se concentró y los gobernadores fueron marginados. Las pocas obras a realizar se han hecho con recursos propios. Vino una nueva embestida: la prohibición por parte de la Secretaría de Hacienda para que los gobernadores obtuvieran créditos bancarios con cargo a las participaciones federales, como se hizo por décadas, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.

Gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, entre otros, propusieron la revisión del Pacto Fiscal para que la federación les devolviera las sumas correspondientes a su participación de los impuestos federales. La respuesta, como las anteriores, fue el no.

El tema de los recursos, que la Presidencia afirmó haber entregado en tiempo y forma y mostró láminas de las fechas en que se enviaron a los estados, provocó otra reacción de los mandatarios que desmintieron haber recibido lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Ante la presión de los gobernadores, el presidente de la República anunció que podría revisarse el Pacto Fiscal, cuyas reglas las implantó el gobierno de Ernesto Zedillo en 1998.

Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo para modificar la citada ley.

Y así, sin Seguro Popular, con un Insabi desarticulado y la carencia de recursos, los gobiernos de los estados de la Federación, recibieron la pandemia.

La llegada del coronavirus hizo que gobernadores como los de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, formaran un bloque regional para atender indiscriminadamente a los pacientes contagiados por el letal virus. Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Jaime Rodríguez Calderón, acordaron atender a quienes, aunque residieran en otra entidad y mostraran síntomas de contagio, se les proporcionara atención médica. De ahí la saturación de hospitales.

A medida que la crisis sanitaria se agudizaba, lo que nació como el pacto regional entre tres se amplió hasta llegar a 12 mandatarios que reclamaban recursos para atender a sus gobernados y como respuesta obtuvieron una negativa absoluta y acusaciones de que exigían dinero para utilizarlo en las elecciones de 2021.

La actitud del Gobierno federal propició que los mandatarios estatales sacarán a luz la reducción de recursos y el abandono a su suerte e informaron a sus gobernados. Nada hizo cambiar la actitud presidencial.

LA APUESTA EN EL SURESTE

En la lógica electoral del partido oficialista y del gobierno, los votos que llevarán al triunfo a sus candidatos se ubican mayormente en el sur-sureste del país.

Con entidades como Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, gobernadas por militantes de Morena y Guerrero, Oaxaca, Campeche. Yucatán y Quintana Roo, que no tienen mandatarios del partido del gobierno, que en su conjunto suman 35 millones 361 mil habitantes –censo de 2020- y de los cuales 19 millones 734 son ciudadanos con derecho al voto.

De estas entidades, espera el presidente López y su partido, Morena, obtener lo suficientes votos para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las encuestas no eliminan a las oposiciones y, por ejemplo, en puebla Morena tiene 31 por ciento de preferencias –como partido, no sus candidatos- y el PRI cuentan con 21 por ciento. Las oposiciones en su conjunto suman 43 por ciento lo que podría representar la victoria y para Morena una dolorosa derrota.

En Veracruz, cuya población rebasa los 8 millones 63 mil, el voto lo ejercen 4 millones 323 ciudadanos. La entidad por Cuitláhuac García, es una en donde mayor índice de violencia se registra y los homicidios dolosos la tienen el top-ten. Es un estado en el que no todos sus ciudadanos aplauden al gobernante y, por el contrario, aunque existen muchos que se declaran sin partido y muestran su indolencia al voto, en las encuestas no desaíran a las oposiciones. El PRI junto con el PAN mantiene un importante segmento de probables votantes.

Chiapas tiene 5 millones 544 habitantes y es una entidad en la que el voto está dividido. Si bien los programas sociales para adultos mayores, jóvenes emprendedores y becarios tienen peso específico por la falta de empleos que ha sido incapaz de crear el gobernador Rutilio Escandón, existen muchos líderes en las oposiciones que no harán fácil el triunfo de los morenistas.

En Tabasco la población está dividida. Con sus 2 millones 403 mil pobladores, hay resentimiento en contra del presidente López y del gobernador Adán Augusto López, por las inundaciones y la forma en que se abrieron las compuertas de la presa Peñitas para “salvar a Villahermosa”, decisión con la cual se afectó a miles de chontales, los más pobres de la entidad. Las fuerzas políticas tomaron como bandera la insensibilidad del gobierno federal y la asociaron con la del mandatario estatal. Además, han reclamado los supuestos apoyos otorgados por la Secretaría del Bienestar a cuyo frente se encuentra un tabasqueño: Javier May.

Afirman no haber recibido ninguna ayuda.

Y por supuesto está la joya de la corona: La Ciudad de México, en donde de sus 9 millones 210 mil habitantes de los cuales 5 millones 362 mil tienen derecho al voto y en 2018 emitieron el sufragio cerca de 3.5 millones, es la flor imperial de la apuesta. Sin embargo, dos años y 3 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido poco menos que ineficientes. Las razones a la vista: la Ciudad con mayor número de contagios de la Covid-19, tiene el récord de empleos perdidos y cierre de empresas pequeñas, medianas y grandes. La inseguridad es compañera permanente y el número de marchas feministas rebasa todas las anteriores. Una Ciudad en donde escasea el agua, los hospitales se saturan, el comercio ambulante está a toda su capacidad, el abandono de barrios típicos coloniales es notorio y notable y los servicios son insuficientes.

Con los números en la mano, no pareciera que la apuesta presidencial y de su partido, sea ganadora.

Porque en el resto del país hay irritación por la forma en que se ha tratado a los gobernadores que a su vez repercuten las limitaciones a sus gobernados con la aclaración al canto: el Gobierno federal no abandonó.

A más de ello, está presente que el presidente poco visita las entidades del Centro y Norte del país. Con excepción de algunos estados: Nayarit, Sonora, Baja California, el resto está olvidado de la mano del poder público federal.

Y aunque el Jefe del Ejecutivo vende a los tapatíos el Tren Suburbano, la gente conoce que la obra se inició hace un lustro; las carreteras en Oaxaca, iniciadas hace una década pero inconclusas, tampoco son proyectos de la actual administración.

En Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Baja California Sur, no se han iniciado obras de importancia que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

¿Será el Sur-Sureste el que confirme el poder presidencial sobre el legislativo y el Judicial?

Todo se aclarará el 6 de junio próximo. Pero confiar solamente en los votos de quienes habitan en aquellas entidades para seguir “transformando a México” es una arriesgada apuesta.

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