Por Jesús Michel Narváez
Extrañamente a todos, incluidos los legisladores federales, el Instituto Federal Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha pasado de noche la promoción que hace, desde hace meses, el presidente de la República, a la revocación de mandato.
En principio, al Ejecutivo, el Legislativo y el conjunto de organismos e instituciones gubernamentales, no les corresponde anunciar y promover. El INE deberá ser el convocante para que los ciudadanos los que participen en lo que, de hecho, es un referéndum o plebiscito que tiene una sola finalidad: pedir la revocación de mandato del presidente López.
Por la forma en que ha actuado el presidente, su partido, sus dirigentes, sus congresistas, el gobierno quiere secuestrar una herramienta que no le pertenece.
Por la consulta siguiente, no trata de tema específico como el manipulado para juzgar a los expresidentes o los “actores del pasado…”.
NO.
Tampoco es un asunto en el que el presidente fije la fecha para la realización del ejercicio democrático. No tiene facultades para “sugerir” que se realiza el 21 de marzo, como homenaje a Benito Juárez con motivo de su natalicio. Tendría que ser el sábado 5 de marzo, debido a los plazos que el Congreso de la Unión definió en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional.
La urgencia de legislar la ley secundaria, el marco jurídico que permita la consulta, es un despropósito. Como dice la experimentada legisladora, Dulce María Sauri, es osado proponer un periodo extraordinario “porque se trata ni más ni menos que de revocar el mandato del Presidente, lo que es muy delicado para el sistema político en general. Por eso la legislación debe ser absolutamente prístina”.
Con conocimiento de causa, puso el dedo en la llaga: “Son buenos deseos. Al mandatario le falta alguien que le diga: ‘esto es lo que dice el transitorio de la Constitución y estas son las fechas’. Hay todo el mes de noviembre para recabar las firmas de las personas que quieran que se vaya anticipadamente, porque la revocación de mandato no es para refrendarlo; fue electo por seis años”.
Nadie con dos dedos de frente estaría por echar de Palacio Nacional al presidente de la República. No antes de cumplir el mandato legal para el que fue elegido. Sin embargo, en el poco probable pero no imposible resultado de que se vaya, la crisis política que registraría el país sería de enormes costos para la democracia, los ciudadanos y colapsaría la marcha de la Nación.
Todos sabemos cuál es el fondo de que el presidente quiera someterse a esta consulta: demostrar que el “pueblo me quiere, me tiene confianza” para, con ello, buscar por tercera ocasión la oportunidad de prolongarse en el poder. Las dos primeras intentonas, la de la Ley Bonilla y la Ley Zaldívar, no le han resultado. No hay idea clara cuál sería la tercera. Como dijo antes de las elecciones de 2018: “Si pierdo, dejo la política y me voy a mi finca de Palenque”.
Si los ciudadanos le revocan el mandato será por el mal gobierno realizado y en el cual no ha querido rectificar en ninguno de los ámbitos y se ha encasillado en el discurso provocador, divisorio; en las acciones que violentan el marco jurídico, es decir, el estad de derecho, y en imponer sus ideas, aunque no haya consenso ciudadano.
Lo expresado por Sauri no es la única versión. Son muchas las opiniones coincidentes y que recomiendan respetar el cuarto transitorio constitucional sin interpretaciones equivocadas.
¿Lo entenderá el presidente?
¡De ninguna manera!
Es “robarle” la posibilidad de erguirse como el “líder, el caudillo, el omnipotente, el incipiente dictador”.
Hay que seguir muy de cerca lo que se apruebe en el Congreso de la Unión.
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