Por desacato a una orden judicial, un Juzgado en Materia Administrativa denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Jorge Alcocer, al extitular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, y a la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, por negarse a garantizar el abasto de medicamentos oncológicos.
En el recurso de queja 31/2021, se especifica que el caso se deriva de un amparo que promovió en mayo de 2020 la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP), para reclamar el desabasto de 37 medicamentos en hospitales públicos.
La agrupación señala que la falta de medicamentos contra el cáncer impidió prestar atención a 260 niñas, niños y adolescentes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En junio pasado el Juzgado Cuarto de Distrito había negado la solicitud debido a que, ese mismo año, se había pronunciado sobre la suspensión con efectos y consecuencias similares, es decir, les había negado el amparo.
Fue por ello que la (AMOHP) tramitó un recurso de queja que fue resuelto a su favor por un tribunal colegiado que ordenó a la Secretaría de Hacienda y de Salud gestionar el suministro de medicamentos a sus pacientes.
Al paso de los meses y al no haber una respuesta positiva de las autoridades, la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica acudió nuevamente a los tribunales para demandas el cumplimiento de la orden judicial. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa instruyó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa presentar la denuncia ante la FGR.
Las autoridades judiciales informaron que la denuncia ante la FGR fue interpuesta el pasado 16 de julio por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, quien deberá integrar una carpeta de investigación por el delito de desacato y justificar su decisión en caso de no presentar cargos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de desacato a una suspensión es castigado con penas de tres hasta nueve años de prisión, multas de 50 a 500 días, así como inhabilitación para desempeñar un cargo de tres a nueve años.
