Por Jesús Michel Narváez
Tanto se ha cacareado que en México ya se barrió de arriba hacia abajo con lo que la corrupción “ya no existe”, que muchos morenistas comenzaron a creerlo. No la generalidad de la población.
Y hay una razón para dudar del ondear la bandera blanca por haber vencido la neocorrupción -de algún modo hay que llamarla-, y se trata de la encuesta anual de países latinoamericanos, realizada por Americas Society / Council of the Americas y Control Risks.
El informe revela que la puntuación para México cayó un 7 por ciento en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.
Confirma que nuestro país ha caído en su puntaje por tres años consecutivos, también debido a recortes presupuestarios significativos al sistema nacional anticorrupción como parte de las medidas de austeridad para hacer frente al impacto económico de la pandemia.
Americas Society / Council of the Americas y Control Risks indica que, a pesar de la retórica anticorrupción que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 y sus declaraciones sobre que “ya no hay corrupción”, “siguen sin resolverse casos destacados de corrupción, como el exdirector general de PEMEX Emilio Lozoya, al tiempo que han surgido acusaciones de corrupción que implican a políticos, incluidos miembros del partido MORENA, señala el documento.
Un dato alarmante: En cuanto a capacidad legal, México descendió 8 por ciento y el informe lo equipara al nivel de Venezuela en cuanto a la independencia del fiscal general, mientras que “el Sistema Nacional Anticorrupción no se ha puesto en marcha y ha sufrido importantes recortes presupuestarios”, por lo que la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción disminuyó 13 por ciento.
No se trata de amarillismo. Es una evaluación que se realiza en 15 países de Latinoamérica y quizá lo único que se reclamaría es que el gobierno de Brasil, desde la llegada de Jair Bolsonaro, ocupa el primer lugar.
Ni modo. No podemos ganar de todas, todas.
En serio: el gobierno actual presume el combate a la corrupción y, si bien es cierto que ha resuelto algunos sonados casos -aunque sea uno, pues- referente a la devolución del sobreprecio cobrado por el empresario Ancira, del resto poco se sabe.
No se conocen carpetas de investigación sobre los sobornos -donaciones para la causa, las llama el presidente López- recibido por su hermano Pío, tampoco sanciones a su prima que uso camuflaje con su empresa para ganar concursos en Pemex; ni una mención sobre la riqueza de la pareja Akerman-Sandoval; menos aún del director de la CFE por sus millonarios ingresos en 2020 o la razón para levantar la sanción a su hijo por la venta de ventiladores a precio inflado. Se oculta la información de la tragedia de la Línea 12 y todo se convierte en una lucha por el poder.
La corrupción existe porque se da entre partes. El que gana la licitación, cuando la hay -en este gobierno el 78 por ciento de las compras ha sido por adjudicación directa- sabe que tiene que aportar el diezmo -o más- a quienes lo respaldaron para vencer a los oponentes. Se dirá que con los “ahorros” alcanzados gracias al combate a la corrupción se compraron vacunas. Lo cierto es que son producto de subejercios presupuestales.
El fin de semana pasada el presidente fue encarado por una persona que trabaja en la obra del Transísmico, porque le dijo, no les han pagado desde enero.
El desdén presidencial fua claro: eso lo vemos después.
¿Cómo se le llamaría la protección a empresarios que no pagan a sus trabajadores? Es pregunta, no acusación.
La corrupción sigue como el escocés: campante, campante y feliz, feliz, feliz.
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