*Se Preguntará: Está de Acuerdo o no con Juzgar a los Actores Políticos del Pasado
*La Corte Eliminó la Palabra “Expresidentes” por Afectar los Derechos Humanos
*El Pasado es Ayer… ¿Estarían Ebrard, Delgado, Arganis Responsables de la Línea 12?
*Al INE le Niegan Recursos Para Realizarla; el Costo Podría Rebasar los 800 Millones
*¿Saldrá la Ciudadanía a Votar Masivamente Después de la Jornada del 6 de Junio?
Por Alberto Almazán
Cuando en septiembre del año pasado y al cuarto para las doce el presidente de la República presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el escrito -16 páginas- para solicitar la realización de una consulta popular para “juzgar a los expresidentes”, los ministros del máximo tribunal del país, desecharon la pregunta y la redactaron de la siguiente manera:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Los ministros estimaron que colocar la palabra “expresidentes” violaba el respeto a los derechos humanos y por ello desecharon la propuesta presidencial.
Desde entonces se ha insistido en que la “consulta es para juzgar a los expresidentes” lo que, en realidad, es una falsedad.
Pasadas las elecciones del 6 de junio, ahora se prepara la consulta popular para realizarse el primero de agosto.
Hay un severo problema: el Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los decretos del 28 de octubre y 19 de noviembre, argumentando que no incluyeron ninguna previsión presupuestal que les otorgara los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta.
El pasado 9 de junio, por unanimidad y sin discusión alguna, los integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal, aprobaron el proyecto de resolución presentado por el ministro Mario Pardo Rebolledo en donde se agrega: “Se reconoce la validez del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, emitido por el Congreso de la Unión”.
Con esta decisión, el INE tendrá que buscar recursos bajo las piedras para cumplir con los decretos del Congreso de la Unión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿CUÁNTO COSTARÁ EL CAPRICHO?
Una consulta nacional requiere la instalación de un elevado número de casillas, impresión de los 96 millones de boletas que corresponden a la Lista Nominal que surge del análisis del Padrón Electoral.
Desde el principio, el INE solicitó mil 500 millones de pesos para realizar el ejercicio democrático. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 los diputados no asignaron recursos para llevarla a cabo.
Después de hacer ajustes al “máximo”, el INE insistió ante la Secretaría de Hacienda la asignación de cuando menos 800 millones de pesos, mismos que fueron negados y de ahí la controversia constitucional que, al final del análisis de ministro Pardo Rebolledo, no prosperó.
Hasta ahora nadie sabe de dónde saldrán los recursos y si la consulta se justificará con la participación de los ciudadanos, después de una larga, histórica y ejemplar jornada electoral del 6 de junio.
Luis Carlos Ugalde, exdirector del antiguo IFE, considera que la consulta no se debería llevar a cabo, porque la asistencia de la gente será escasa y los costos elevados.
Incluso, sugirió cancelar la de 2022 que tiene como origen consultar a los ciudadanos sobre la revocación de mandato. “El presidente López Obrador fue electo por seis años y es el lapso que deberá cumplir, con o sin consulta”, acotó el presidente de Integralia.
¿Estará dispuesta la ciudadanía a un nuevo peregrinar para marcar con el SÍ o el NO una boleta que no vinculará a juicio a los expresidentes?
Es una situación compleja. Porque desde Palacio Nacional y las dirigencias de los partidos Morena y PT -hasta ahora- se repite y sin fundamento que la consulta es para juzgar a los expresidentes, con lo cual alteran la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modificó el contenido de la pregunta presidencial y borró la palabra expresidentes.
Si la gente desconoce que se trata de juzgar a los actores políticos del pasado, acudirá a las urnas bajo el engaño absoluto. Aunque se colocaran los nombres en la boleta, que no los tendrá y tampoco la palabra “expresidentes”, no sería vinculatoria para acciones de tipo penal o administrativo. No por ley.
Y si se respeta la pregunta, es probable que personajes como Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Jorge Arganis Díaz Leal -hoy secretario de Comunicaciones y hace 15 años inició como secretario de obras de la Ciudad de México-, Florencia Serranía, Salvador Cienfuegos, una docena de gobernadores y un centenar de legisladores, entrarían en el listado.
Porque “en el pasado” es sencillamente “ayer”.
La pregunta de la Corte no señala periodos. De ahí, la manipulación que se gesta desde Palacio Nacional.
