*Los Resultados Fueron Empañados con la Sangre de Decenas de Mexicanos
*Diversas Instancias Pudieran Estar en Manos de Grupos Delincuenciales
*Es el Caso de Congresos Locales, Municipios, Juntas Municipales, Regidurías
*También de Sindicaturas, Presidencias Comunales, Hasta la Cámara de Diputados
Por Alfredo Mejía Montoya
Es indudable que la contienda electoral del 6 de junio del 2021, desgraciadamente se llevó a cabo dentro de un ambiente de debilidad institucional en la que el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador( y sus líderes, en el partido oficialista Mario Delgado y en el Senado, Ricardo Monreal), mostró en demasía la virulencia existente en contra de la oposición al régimen y, sobre todo, una enorme vulnerabilidad, frente a grupos de la delincuencia organizada en diversas regiones del país.
La violencia contra los candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, nunca había sido tan visiblemente marcada, palpable y con tanta saña criminal, obviamente que los resultados de estas elecciones fueron empañadas con sangre y con la posibilidad latente de que diversos Congresos Locales, Municipios, juntas municipales, regidurías, sindicaturas, presidencias comunales, hasta la Cámara de Diputados Federal puedan ser gobernadas o representadas por miembros de grupos delincuenciales organizados para otros fines y ahora, podrán estar dirigiendo ciertas instituciones, en diversas zonas del país, … con presupuesto federal o estatal. Podríamos llamarlo de diferentes formas, de narco estado hasta estado fallido, sin dejar de soslayar que sean precisamente algunos miembros de los diversos grupos que pululan a sus anchas en territorio nacional, a los cuales desde palacio nacional no se les combate desde principios de la administración, precisamente, porque la estrategia de seguridad del Ejecutivo fue la equivocada llamada a “abrazos, no balazos”.
Y los resultados están a la vista, hasta parece, sólo parece, que tenían permiso o salvoconducto para actuar, empoderando su presencia durante los comicios electorales, ante la oportunidad de colocar dentro del sistema institucional a alguno de sus miembros o apoyando a los que ellos consideraron conveniente.
Las consecuencias, con seguridad las habremos de notar en la vida económica, social y política de la circunscripción territorial en el que tengan influencia, a partir de la fecha de toma del cargo de elección popular.
Los candidatos o aspirantes fueron motivo de atentados, amenazas, golpeados, criminalizados y asesinados decenas de ellos, esperemos francamente que mañana no sean afectados con esos mismos parámetros, los representantes del municipio, alcaldías, juntas municipales o presidencias comunales, confirmando el estado fallido o la descomposición política en la región o de plano en todo el territorio nacional.
No se soslaya, el entorno socio político que prevalece por supuesto desde antes de esta administración, lo que se pondera, es el que no se haya hecho lo suficiente para combatir a esas células criminales, que no solo irrumpieron en la vida política del país, sino en lo social, pues en diversas zonas de conflicto hay cientos o miles de desplazados que dejan sus tierras, sus residencias por esas cruentas batallas y luchas de poder en diversos territorios de Estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Sonora, Sinaloa, y podemos seguir nombrando más Estados, no más de treinta y dos. Eso sí, ocasionando graves daños a la economía de la región, hacia dentro y hacia fuera de su territorio, por la inseguridad que prevalece hace decenas de meses, con consecuencias funestas para todo el país, ya que diversas unidades económicas que se encuentran establecidas en dichos territorios están pensando en cambiar sus asientos o en su caso irse del país, porque aquí no se les ha brindado las garantías suficientes para continuar trabajando, con la consecuencia mediata de la pérdida de empleos y más.
Solo a manera de ilustración, porque los números oficiales no existen, solo los datos de organizaciones privadas que, arriesgándose al enojo del inquilino de palacio, llevan registros de los atentados y crímenes consumados. Así nos señalan que en 26 o 27 entidades federativas se registraron cerca de los 200 casos en el proceso electoral 2020-2021 ya que inició desde septiembre 2020 y culminó el seis de junio 2021, con la votación universal en el País. Siendo los más significativos por su número, modus operandi y sus consecuencias los perpetrados en Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros.
Esta cuestión indudablemente afecta la actividad económica con el incremento de la polarización social que hubo en el proceso electoral, y que no fue distinto del como se manejó el problema de la pandemia, en la que los resultados a la par han sido desastrosos, esto es, demasiados crímenes en el primero, demasiadas muertes en el trato de la pandemia. En ambos supuestos no hay o no existió estrategia del gobierno federal para afrontarlo.
Nunca antes la delincuencia organizada se había empoderado al grado de no sólo de proponer o sugerir a un candidato opositor o no al régimen, aunque la mayoría de los atentados fueron contra opositores al partido gobernante en los congresos locales, municipios, juntas municipales, regidurías, sindicaturas, presidencias comunales en contienda, y llevarlo a la criminalización y muerte misma de los candidatos (y muertes colaterales), situación que lacera gravemente toda actividad democrática, dejando al descubierto la vulnerabilidad que el gobierno federal tiene frente a diversos grupos de la delincuencia organizada, en diversas regiones del país.
Estamos a dos, tres días de haberse llevado a cabo las elecciones democráticas más grandes de la historia y también las de mayor violencia electoral, empañadas con más de 200 atentados de los cuales 35 o más, terminaron en crimen político. Candidatos que seguramente de alguna u otra forma deseaban lo mejor para su región.
Atentados y crímenes tan abruptos y cercanos al día de la votación, que no permitieron ni hubo la posibilidad material de cambiar las propias boletas electorales, hecho nunca visto en los procesos electorales.
Son graves, por supuesto, todos y cada uno de los casos, aunque parezca irónico por la lucha de la democracia, son crímenes de alto impacto, la ingobernabilidad queda al descubierto y por supuesto los temas de inseguridad se magnifican, y México como país emergente en el concierto internacional de las naciones ha perdido o puede perder la posibilidad de recibir inversión privada que genere empleos, ingresos, impuestos, consumo y hasta bienestar, esto es, se crea incertidumbre a la inversión privada internacional y a la interna reduce la confianza empresarial, disminuyendo las posibilidades de inversión y por ende de crecimiento.
Lo que trasciende, es que la mayoría de los hechos criminales se sucedieron en zonas poblacionales donde no hay más de cien mil habitantes, que generan riqueza, a distancia de zonas urbanas y por supuesto sin la vigilancia o presencia de fuerzas del orden o federales, esto es, abandonadas de la seguridad que debiera prevalecer.
Esperemos, que al final del ejercicio democrático no queden dudas de la elección de los ciudadanos respetando su voto, y al conteo final, gane quien gane, la ciudadanía y el país ganan, esto es, aun perdiendo los del partido oficialista o los opositores, el país gana democráticamente hablando, ya que la voluntad del pueblo fue plasmada en las boletas electorales, no respetar esa decisión, es violentar lo más sagrado de la acción democrática, los votos.
No es óbice señalar, que la inseguridad, la impunidad y la corrupción son losas que el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido levantar, y ello trae aparejado que la actividad política-democrática en el país se haya manchado de sangre y de actos delictivos que violentaron el orden electoral, precisamente por la abismal descoordinación que existe entre las agencias de seguridad y los niveles de gobierno, que dejaron vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, y los altos niveles de impunidad. El recuento de daños, sin duda eclipsará el orden económico, político y social del país.
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