Por Nidia Marín
Apenas iniciaron las campañas y con todo y pandemia, cubrebocas y sana distancia a veces, dio principio la efervescencia, en la cual la mujer mexicana por vez primera en su historia juega un papel fundamental tanto al competir por gubernaturas, diputaciones locales y federales, así como por ayuntamientos.
Hoy la historia se cuenta en unas cuantas palabras y fechas, pero los esfuerzos realizados por millones de mexicanas en el proceso electoral de 2021 tendrán su gran reconocimiento en cuanto al derecho a votar y ser votadas, porque nunca como ahora tantas han sido designadas por sus partidos como candidatas a puestos de elección popular.
Si bien hace 66 años en las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto y habrían de pasar 24 años para que México contara con la primera mujer gobernadora (hace 42 años, en 1979, en Colima doña Griselda Álvarez), el camino ha sido arduo y lento.
Sí bien en 1996 se fijó un límite de 70% de legisladores de un mismo género y hasta entrado el siglo XXI, en 2007, se estableció que las candidaturas para integrar el poder legislativo deberían integrarse, cuando menos, por un 40% por personas de un mismo sexo, todavía faltaba más lluvia.
La lucha no concluyó ahí, porque durante el proceso electoral federal 2011-2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputadas y diputados y para senadoras y senadoras. A su vez el IFE emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del Tribunal.
La consecuencia positiva fue que hoy el porcentaje de integración femenina en el Congreso federal alcanza 50.8 por ciento del total de los 128 senadores y 48.2 por ciento de los 500 diputados.
Evidentemente el próximo 6 de junio las cifras se modificarán en muchos lugares del país. En 2020 había como titulares de las presidencias municipales del país 21.70 por ciento mujeres y 73.04 por ciento hombres, mientras que los síndicos eran 67.25 por ciento féminas y 31.75 por ciento varones.
Asimismo, en las diputaciones locales había en México el año pasado 48.48 por ciento mujeres, mientras que ellos sumaban 51.92 por ciento.
En el caso de los regidores en la República estaban 50.33 por ciento ellas y 49.38 por ciento ellos.
Y ni hablar, en la actualidad las fórmulas para senadurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional deberán integrarse por personas del mismo género. Lo mismo sucede con las candidaturas independientes. De otra manera no podrán competir.
Sin embargo, con tantas mujeres participando y tantas organizaciones reclamando sus derechos, llama la atención que algunos partidos se hayan atrevido a lanzar candidatos impresentables, sobre todo aquellos acusados a diestra y siniestra de abusos sexuales, de acoso y de agresiones en contra ellas.
Por cierto, estudios electorales señalan que desde 2003 la participación ciudadana en las elecciones federales y que resultó del orden de 41%, se caracterizó por que las mujeres acudieron a votar en mayor proporción que los hombres (42.6% contra 39.0%) y además en las secciones no urbanas se registró más participación que en las urbanas, en ambos casos por parte de las mujeres (42.9% y 42.4% respectivamente) mientras en los hombres fue 39.8% y 38.7%.
De ahí, que sea relevante el planteamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de que revisará de forma muestral que las y los candidatos a diputaciones federales al Congreso de la Unión cumplan los supuestos previstos en el Formato “3 de 3 Contra la Violencia” y, en caso de no hacerlo e incurrir en falsedad al respecto, cancelará su registro y dará vista a la autoridad competente.
El calificativo para este proceso en marcha pudiera ser inédito o masivo, pero el camino para llegar al mismo ha sido sangriento, ya que hubieron de morir asesinados un centenar de políticos, hombres y mujeres.
Pero hoy en el país hay efervescencia y lo mismo en la Ciudad de México que en los rincones más apartados de la República, los mexicanos (ellas y ellos) iniciaron sus campañas.
Para esto se aprobó la integración de un grupo interdisciplinario que revisará de forma muestral y corroborará la información que las y los candidatos firman como cierta en el Formato “3 de 3 Contra la Violencia” de género.
En su momento, el domingo pasado, la Consejera Carla Humphrey Jordan indicó que la revisión de la veracidad de la “3 de 3 Contra la Violencia” es una medida especial de protección garantista y progresiva de derecho para proteger a las mujeres afectadas por violencia política en razón de género.
Y por si no lo sabían, ellas y ellos aspirantes no deben contar o haber sido sancionados por violencia familiar ni por violencia sexual o contra la libertad sexual o la intimidad corporal y tampoco estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria, morosa que atente contra las obligaciones alimentarias.
Atentos a lo que suceda están una buena parte de los 95 millones de electores que potencialmente podrían acudir a las urnas.
Y si no cumplen, como dice la canción de Agustín Lara: “Adiós Nicanor, sé muy bien que no vas a volver”.
