Nacionalización, Estatización y Expropiación

*Impostergable, la Necesidad de que Pemex y CFE se Reorganicen

*Necesaria la Orientación Productiva y el Equilibrio con Sentido Social

*Urge Competencia en Mercado Abierto que Beneficie Consumidores

*En el Asunto ha Habido Desaseo Jurídico, Ecológico y Político

Por Ezequiel Gaytán

La nacionalización, la estatización y la expropiación son tres figuras jurídicas, políticas y económicas que utiliza el Estado mexicano en la conducción de la economía y el fortalecimiento de su rectoría.  Son instrumentos de Estado que se sustentan en el artículo 27 constitucional y que se basan en la Ley emitida por el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936 con el propósito de sentar las bases del sentido de la utilidad pública e intereses de la colectividad. La idea es legalizar las facultades del Estado a fin de apropiarse de bienes pertenecientes a privados para adjudicarlos y aprovecharlos por causa de utilidad pública, es decir del pueblo. Lo cual significa que la indemnización también está contenida.

Desde el punto de vista político y jurídico son tres figuras diferentes, ya que la nacionalización va más allá de hacer de una industria o una empresa extranjera una organización mexicana. Nacionalizar es convocar al espíritu de lo que fuimos, somos y deseamos ser en términos de una nación multicultural, rica en tradiciones, usos y costumbres, tolerante, incluyente y prospera. Es identificarnos con la historia y con un proyecto de nación sin abandonar la solidaridad internacional. Por su parte la estatización se refiere al proceso jurídico mediante el cual los medios de producción de bienes y servicios pasan a manos del Estado, asume el control de empresas privadas o la totalidad de ciertos sectores económicos. Finalmente, la expropiación es la figura constitucional que se aplica en el derecho Administrativo que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada a la propiedad pública o estatal mediante la indemnización equivalente al valor económico a fin de que la explotación de la industria o la empresa sea parte de la estrategia de desarrollo ya que debe obedecer al interés supremo de la nación.

Las tres figuras deben emplearse según las circunstancias, la intención y las coyunturas político-económicas nacionales e internacionales. Por eso es común que en la historia de nuestro país las encontremos entremezcladas. Pero, en lo general, aluden al interés público entendido como el bien común superior al privado o de unos cuantos, pues el cuerpo social reconoce que las instituciones organizadas del Estado son la continuidad y trascendencia de la vida de la nación. De ahí que es un concepto abstracto que utiliza el consenso como forma positiva del acuerdo político y el pacto social.

Nuestra historia reconoce esas figuras y en algunos casos las recordamos con orgullo. Tal es el caso de la expropiación petrolera emprendida por el general Lázaro Cárdenas o la nacionalización de la industria eléctrica encabezada por Adolfo López Mateos. Ambas decisiones forjaron parte del espíritu nacional y sentaron bases importantes en favor del desarrollo nacional. Con el abandono del nacionalismo revolucionario por parte del Partido Revolucionario Institucional y la apertura de la industria energética por parte de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, se dio un paso importante en favor de la integración comercial de México en el mundo, se mejoraron algunas formas de producción logrando con ello abaratar costos, se impulsan energías limpias y la competencia de servicios ha favorecido a los consumidores. Pero las ganancias se van a las grandes empresas trasnacionales.

Es cierto que la reforma del sexenio pasado tuvo la intención de que Pemex y CFE se convirtiesen en empresas productivas del Estado bajo las premisas de ser competitivas y, a la vez, no abandonen el sentido social que es una de las razones fundacionales de su existencia.

El presidente López Obrador sostiene que la privatización, sobre todo en áreas de sector energético, son fuente de corrupción y la entrada del neoliberalismo más rapaz. El hecho es que esas dos empresas tienen la impostergable necesidad de reorganizarse con orientación productiva y equilibradamente con sentido social. Lo cual significa que compitan en un mercado abierto, beneficien a los consumidores y, en su caso, subsidien bajo criterios de discriminación positiva a grupos marginados.

El gobierno de la República también entiende el diagnostico, el marco jurídico y la importancia estratégica de ambas empresas, de ahí la decisión de favorecer a la CFE en el proceso de producción de la electricidad, pero lo hizo con desaseo jurídico, ecológico y político. Ahora ya se entrampó en un pleito, sobre todo internacional que podremos perder. La falta de pericia y de táctica en materia comercial internacional energética es una clara manifestación de la impreparación técnica de nuestro gobierno y de que ideologiza todo sin miramiento de las formas. Ahora veremos un litigio jurídico internacional debido a un mal intento de desprivatización. Lo peor es que el espíritu de la nacionalización de las industrias petrolera y eléctrica será menguado. ¡Que lástima!

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