Por Silvestre Villegas Revueltas
Cuando en este país de Huitzilopochtli la fecha del natalicio de Benito Juárez era recordada por los escolares a través de concursos de dibujo, representaciones teatrales en las escuelas, y sobre todo, era la fecha en que algún secretario de estado leía un discurso donde los analistas del devenir político leían entrelineas los significados ocultos que desde el Olimpo presidencial se lanzaban para que llegaran a las regiones terrícolas de los siempre interesados actores de la política o de los afanes económicos, paulatinamente se transitó a una consciente tendencia gubernamental donde las efemérides históricas, si se quiere llamarlas del calendario de la historia oficial, de la historia cívica o para los más críticos, el calendario de un pseudo santoral creado por los historiadores de la república en el periodo postrevolucionario, terminara convirtiéndose en la actualidad en “los fines de semana largos” que lo mismo dan para una fecha que otra: ¿cuál les gusta respecto al pasado lunes 15 de marzo: la expropiación petrolera o don Benito Juárez? Lo mismo da, señalarían algunos dedos flamígeros desde la contrarrevolución conservadora, porque el asunto petrolero como la reforma liberal de la generación juarística son dos episodios del mismo proceso histórico de innegable tendencia progresista, y de recuperación de los elementos primigenios -soberanos- en la construcción del estado nacional mexicano.
Pero volvamos al tema de la Corte de Justicia. El presidente López Obrador abrió en dos declaraciones, dos frentes de batalla nada despreciables, ni fáciles. El primero tiene que ver con su crítica abierta al poder judicial, contra algunos de sus miembros y el segundo derivado del anterior, su declaración de que si el laudo final de la Corte de Justicia del país no iba, en el tema de la reforma eléctrica en el sentido que él quiere, se debería reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡¡Horror de López señalaron los jurisconsultos y adláteres!! Pero se les olvidó, respecto a capítulos anteriores y posteriores, que así actuó Salinas de Gortari en relación a la modificación de ciertos artículos constitucionales para que pudiera implementarse el TLCAN en el campo, la industria y las inversiones extranjeras entre otros temas. En fin, ya nos han dicho que los mexicanos somos de corta memoria.
¿Qué quiere decir el anterior párrafo de este artículo? Que en la historia del México republicano se han sucedido con más frecuencia de lo que se admite, o bien órdenes directas que el Presidente de la República ha enviado al Poder Judicial o al Legislativo para que se cumplan y se modifique lo que tenga que modificarse. O las menos, que ambos Poderes de la Unión en actos de hombría y suficiencia se hayan opuesto a lo que el titular de la nación pretendía hacer. No conozco los pormenores de las modificaciones constitucionales y “la letra pequeña” en los contratos que aceptó y entabló el gobierno mexicano con las diversas compañías privadas de generación eléctrica –especialmente las españolas. Sin embargo como historiador de temas mexicanos y estudioso de las inversiones que las potencias económicas dirigieron a países retardados en los siglos XIX-XX, sin industria o especializados en la maquila de alta tecnología como es “la industria mexicana” (sic) contemporánea: el común denominador en América Latina, el Medio Oriente Petrolero o el sureste Asiático fue y es, que las potencias y sus respectivas compañías impusieron ventajosos contratos quedándose el país receptor sin selvas, agotamiento de minas, poco petróleo-contaminación, sueldos de miseria para los obreros contratados y privilegios para la clase directora local que se hizo llamar empresarial, cuando en realidad eran empleados de alto nivel pero de corporaciones cuya sede, tecnología y capacidad decisoria estaba en otras latitudes. Genuinamente, me gustaría saber si los términos de un contrato para la producción de energía eólica hecha por la hispana Iberdrola son los mismos que impuso a México, a los que presentaría frente a los gobiernos de Dinamarca o Nueva Zelanda.
Para finalizar, Benito Juárez fue un abogado que transitó de llevar asuntos entre un particular y las autoridades municipales o estatales en Oaxaca, a ser representante en pleitos judiciales entre diversos pueblos de indios y las autoridades respectivas en los temas de siempre: propiedad, agua, impuestos. Asimismo hizo causa común en los juicios que tales comunidades tenían con los párrocos locales debido a las tributaciones que ellos debían pagar por funciones religiosas o debido al diezmo; la iglesia católica era tan poderosa que en la defensa de sus fueros utilizó todos los recursos para meterlo a la cárcel. De aquí su ojeriza en contra de semejante clero mundano. Años después (1857) llegó por la vía electoral, que se utilizaba en aquellos años, a convertirse en Presidente de la Corte de Justicia de la Nación y partir de ese entonces hasta su muerte acaecida en 1872 supo lidiar pero también sufrió lo que se ha dado en llamar la separación entre Poderes. La Corte de Justica en los tiempos juarísticos transitó de prácticamente no existir, debido a la Guerra de Reforma y al desconocimiento de la Constitución de 1857 como al régimen emanado de ella, a ya como presidente constitucional Juárez enfrentó en 1861 al titular de la Corte (Jesús González Ortega) quien además era gobernador de Zacatecas y comandante de la guardia cívica del estado. En tiempos de la restauración republicana después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Juárez enfrentó a la Corte porque, como hoy 2021, quería llevar a cabo diversas modificaciones constitucionales que tendían al empoderamiento del Poder Ejecutivo en la construcción del estado mexicano, a la división del Legislativo, a hacer más profesional todo el sistema de impartición de justicia en la república. La Corte ha tenido de los años de 1870 a la actualidad épocas de combatividad muy significativas, tiempos de una sumisión total, y años donde acompañado de los sexenios presidenciales muchos de sus integrantes fueron recompensados con un lugar en la Corte “por los servicios prestados”. La tremenda Corte tiene toda una historia, no institucional, que esclarecer.
