Por Jesús Michel Narváez
Nadie desconoce que entre los tres Poderes de la Unión: EJECUTIVO, LEGISLATIVO y JUDICIAL hay diferencias. El primero pretende pasar por encima de los otros y busca convertirse en el “poder de poderes”. El segundo, está visto, cuando tiene mayoría responde –siempre lo ha hecho- a las órdenes presidenciales y, el tercero, se ha vuelto una incógnita.
La Separación de Poderes no es novedad. Ha existido y representa los contrapesos. Impide que alguno de los tres asuma control de áreas que no le corresponden.
El Ejecutivo, por regla y con marcadas excepciones, propone y el Congreso dispone. Envía sus iniciativas y si la mayoría legislativa no tiene el control mayoritario, lo seguro es que no transiten –así dicen los congresistas- y pase a formar parte de la criogenia: se va a la congeladora en espera de mejores tiempos.
El Legislativo hace las leyes. A petición de parte o de motu propio.
Y el Judicial es la última instancia revisora para determinar si las reformas constitucionales o a las leyes secundarias se apegan al espíritu del Constituyente.
Por regla general, con excepciones nada honrosas, los presidentes de México han acatado e impulsado la separación de poderes.
Sin embargo, al actual no le “cuadra” la autonomía de los Poderes de la Unión y, sometido como tiene al Legislativo, pretende lo mismo con el Judicial.
“Cuidando los términos”, asé entre comillas, el presidente, envió una carta al ministro presidente de la Corte en la que le expone: “De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.
“Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”.
Como de costumbre, acusa y no comprueba. Descalifica sin bases y generaliza. Esa afirmación de que “…No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”, es francamente grosera.
Si tiene pruebas y no solo de oídas, de lo que asegura, su papel es presentar la denuncia ante el Consejo de la Judicatura y examinada ésta hacer lo propio y llevar el caso a la Fiscalía General de la República.
Al presidente López no le gusta que le lleven la contraria. Argumenta que apenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Sistema Eléctrico y se concedió el amparo.
Presidente, se nota que no es abogado. Sin la publicación no hay materia y sin materia no se puede combatir un hecho no consumado.
Su queja, según dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente, se turnó al CJ para que se investigue “la actuación del juez que dictó la medida, si es que existen elementos”.
Si no los hay, porque el amparo se apegó a la normatividad, ¿pedirá el presidente la destitución de los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces federales?
Un tema que dará para escribir lo suficiente. Si la Corte defiende la legalidad de las decisiones de sus jueces, habrá aplausos y hasta ovaciones. Si decide lo contrario, la tiranía se habrá fortalecido.
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