*La Estructura de Vigilancia de los Dineros Federales se Resquebrajó
*David Colmenares, se Encuentra en el Filo de la Navaja
*Imborrables las Irregularidades en el Manejo de los Recursos
*Falta de Rigor en las Auditorías de la Cuenta Pública de 2019
*La Gota que Derramó el Vaso fue el Costo Real del NAIM
*En Marcha Está la Maquinaria Para Desacreditar a la Institución
Por Joel Armendáriz
Bastaron los “otros datos” para fracturar los cimientos de la Auditoría Superior de la Federación y de paso “exhibir el desconocimiento básico de la contabilidad” (dixit) Arturo Herrera, y “salvar las inconsistencias e irregularidades” halladas en la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno federal correspondiente al año 2019.
Apenas 4 días después, el presidente López solicitó a la Cámara de Diputados “investigar” a la Auditoría Superior de la Federación, porque duda que haya hechos mal las cuentas sobre el costo de aeropuerto de Texcoco, al contrario, considera que se trata de “una actitud politiquera”, que busca dañarlo para complacer a sus opositores.
Un golpe que coloca a la ASF en el rango del descrédito, la falta de credibilidad y la ausencia de profesionales auditores forenses. Con solo los “otros datos” la estructura de vigilancia sobre los dineros federales –que llegan también a los estados y municipios- se resquebrajó y solamente falta la iniciativa de ley para desaparecerla en aras de la austeridad republicana, porque, como los otros órganos autónomos, “cuestan mucho, sus funcionarios ganan el doble que el presidente y no sirven para nada” ha reiterado el mandatario López al referirse al INAI, el INE, el CONEVAL, entre oros. El empeño sería hacerla añicos para incorporar sus acciones a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular fue mencionada en el reporte como quien se negó a dar información y con el reclamo presidencial, el auditor dio a conocer que “colaboró” en la revisión.
Una fractura que conlleva la probable renuncia del auditor superior, David Colmenares Páramo, quien en la mañana del lunes asestó severo golpe al botón de la mandíbula y en el imaginario colectivo se festejó que finalmente se expusiera la opacidad con la que opera los recursos públicos el régimen de la autollamada cuarta transformación.
El jueves, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República solicitó formalmente la renuncia de David Colmenares y su antecesor, Juan Manuel del Portal se sumó a la exigencia y lo acusó de haber desmantelado el equipo de trabajo que se formó a lo largo de dos décadas.
Los “otros datos” no abordaron los primeros informes de la ASF y se concretaron a la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) porque se afirmó –después se inició el proceso de “corrección”- que los costos globales superaron los 337 mil millones de pesos. No gustó al Presidente López quien hizo sus cuentas y estableció la duda: ¿entonces nos estaría costado más de 600 mil millones sin contar la edificación del Felipe Ángeles?
No, acotó el mandatario, los números están mal y deben ser corregidos. Nosotros, apuntó con firmeza, mostraremos aquí –en sus conferencias matutinas- los informes correctos.
(La lógica presidencial es que se mantiene la mística de no mentir, no engañar y no robar).
Sin embargo, la ASF confirmó la falta de comprobación por 67 mil millones de pesos y las auditorías realizadas en las secretarías de Trabajo, Educación, Comunicaciones y órganos como la Comisión Nacional del Deporte (Conade) arrojaron irregularidades que van desde pagar becas a fallecidos hasta sobornos para la adquisición de equipos para el deporte nacional.
Pasadas apenas unas horas del reclamo presidencial, el auditor en jefe dudaba de la veracidad del informe por lo cual se desarrollaron dos hipótesis: A.- No hubo rigor en la auditoría sobre el NAIM y B.- El auditor no revisó el contenido del informe. Para solventar las inconsistencias, Colmenares anunció la creación de una mesa de trabajo en la que participará el equipo de la Secretaría de Hacienda. Horas después de la descalificación del presidente López, el propio Colmenares anunciaba la separación de sus cargos del director general de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico, Ronald Pieter Poucel Van Der Mersh, y al auditor de Desempeño al Desarrollo Económico “C”, Carlos Miguel Gómez Márquez. Sin embargo, el daño ya estaba corroyendo las estructuras de la ASF.
No obstante que al darse a conocer los pormenores del informe que recoge los datos de los dos anteriores, el auditor superior concedió entrevistas para confirmar el contenido del mismo, en menos de 24 horas la Auditoría Superior de la Federación emitió un comunicado en el que se retracta y ello marca un hito en la historia del órgano técnico de la Cámara de Diputados. Nunca antes había admitido errores y siempre sostuvo que las instituciones podrían tener la oportunidad de solventar las irregularidades o las inconsistencias.
La Auditoría Superior de la Federación fue creada en 1999 –gobierno de Ernesto Zedillo y sin que el PRI tuviera mayoría en la Cámara de Diputados- y sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda. Desde su inicio enfrentó severos problemas e incluso hubo revisión de la Cuenta Pública de tres años atrás.
El primer auditor superior duró un año en el ejercicio. Se trató de Gregorio Guerrero Pozas; después vendría Arturo Gonzáles de Aragón quien estuvo al frente 8 años al igual que su sucesor Juan Manuel Pérez Saavedra. Al no haber acuerdo en la Cámara de Diputados para designar al nuevo auditor por el lapso de 4 años, en 2018 se nombró a Juan Javier Pérez Saavedra quien dirigió la entidad por 45 días hasta que el Pleno designó a David Colmenares Páramo.
DIVIDE Y VENCERAS
Durante la semana pasada, día a día, las rectificaciones de la ASF causaron polémica y confirmaron la falta de rigor en las auditorías practicadas a la cuenta pública de 2019, aunque no fueron descalificadas.
La gota que derramó el vaso y provocó el enojo presidencial quien echó mano de sus secretarios de Estado para cuestionar la actuación del órgano técnico, fue haber publicado en el informe el supuesto costo que representó la cancelación del NAIM.
El lunes de la semana pasada comenzó la reyerta entre el Gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación.
En su conferencia matutina, el presidente insistió en sus “otros datos” y, contrario a lo que se esperaba, la ASF y su titular, callaron y no defendieron su trabajo.
De acuerdo con versiones no oficiales la tibieza de Colmenares generó irritación entre el personal a su cargo y se llegó a afirmar que la única forma de reparar el daño hecho sería la dimisión del titular.
Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado ni negado que después de su comparecencia en la Cámara, obligatoria anualmente, podrá darse el relevo.
Bajo el mecanismo de “divide y vencerás”, el Gobierno echó a andar la maquinaria para desacreditar el trabajo analítico de la ASF de la Cuenta Pública 2019. Secretarios de Estado, legisladores federales y titulares de órganos desconcentrados, salieron a cuestionar la capacidad de quienes realizaron las auditorías.
Uno de ellos, el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, designado el 23 de julio del año pasado después de que Javier Jiménez Espriú renunciara al cargo, no ha concedido una sola entrevista a ningún medio y la oficina de comunicación social de la dependencia brilla por su ausencia, pero salió con un comunicado para “corregir”, no desmentir, la afirmación de la ASF sobre que la institución podría haber realizado el Proyecto Ejecutivo del Tren Maya y no entidades privadas por cuyo trabajo presentaron facturas por 108 millones de pesos.
Otro que se subió al ring fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien además de hablar de la adquisición y calidad de las vacunas para detener el Covid-19, señaló el desconocimiento en temas básicos de contabilidad de parte de los auditores que realizaron el ejercicio de revisión.
El presidente López no soltó el tema en la semana y exigió a la ASF corregir sus números. Sobre la fecha en que presentará sus datos, nada se dijo y no se fijó.
LAS OTRAS ACTIVIDADES, PRIORIDAD PARA OPOSICIONES
Sin formar grupo y cada uno por su lado, los partidos políticos de oposición NO fijaron sus posturas.
Solamente Marko Cortés, jefe nacional del PAN, atribuyó la descalificación del informe de la ASF a la opacidad con que se manejan los recursos públicos federales y dejó en claro que la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, de quien pidió su desafuero para ser juzgado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es un acto para descreditar al mandatario y “distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría”.
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas guardó silencio sobre el tema y prefirió mostrar el muñeco de Yoda que hacer declaraciones sobre las posturas de la ASF y el presidente de la República.
Lo mismo hizo Karen Castrejón Castillo, nueva dirigente del PVEM, quien dedicó su tiempo a promover la candidatura del exfutbolista Roberto Ruiz Esparza a la alcaldía de Puebla.
Mario Delgado, máxima autoridad del partido oficialista, tampoco se pronunció y en cambió defendió la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, porque el país recuperará su patrimonio.
Movimiento Ciudadano no produjo tampoco ninguna declaración sobre el tema. Dante Delgado y Clemente Castañeda optaron por el silencio.
Mientras tanto, a la IP le importó más la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, y la Coparmex, a través de su presidente José Medina Mora Icaza, pidió a los senadores enmendar la minuta porque avalarla en sus términos se traducirá en más apagones en el país y alza a las tarifas que pagarían las familias y las empresas, por las deficiencias que arrastra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Solo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos, Antonio Sánchez Purón, abordó el tema y señaló que ante la información dada a conocer el pasado fin de semana por la Auditoría Superior de la Federación, se hizo público que el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe aclarar o reintegrar 2,235 millones de pesos de la cuenta pública 2019, por lo que se debe transparentar el uso de los recursos públicos.
A LOS ESTADOS, LA LUPA
Junto con Morelos, la ASF enderezó su auditoría hacia Chihuahua.
Afirma en su informe que el gobierno que encabeza Javier Corral Jurado dio uso irregular a fondos federales por al menos por 74 millones de pesos en 2019, al detectar que pagó en 2019 con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) gastos que no le corresponden, como pagos de la luz, a trabajadores que no tienen que ver con la educación básica o a empleados que estaban con licencia sin goce de sueldo, por lo que el probable daño a la Hacienda Pública es por 74 millones 70 mil 86.08 pesos.
En su facultad de auditar todos los recursos públicos federales, los Estados del país tendrán que responder a los manejos que hicieron de las aportaciones surgidas por el Pacto Fiscal y que están etiquetadas.
El tema se mantendrá.
La duda que también prevalece es si con los otros datos la ASF y su titular recularon y admitieron “inconsistencias” en la revisión de la Cuenta Pública de 2019.
