*La Trampa: Durante el Tiempo de su Encargo… Después a Otra Cosa
Por Joel Armendáriz
El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a los artículos 108 y 11 de la Constitución, con lo cual el “presidente podrá ser juzgado como cualquier ciudadano”, lo que han llamado los congresistas y el Jefe del Ejecutivo federal “el fin del fuero presidencial”.
Nada más falso. Es gatopardismo puro. Todo cambia para seguir igual.
La reformar al 108 establece: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
El 111 se redactó así: “Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
Es atole con tamales de chipilín.
Porque se mantiene el statu quo que ha regido el juicio político.
Y aunque se añadan delitos de corrupción y electorales, se pueden aplicar únicamente “durante el tiempo de su encargo…”.
Es decir, al término del mismo se desecharían todas las acusaciones por delitos cometidos.
Las reformas fueron aprobadas en noviembre y el presidente López las publicó tres meses después. Administrando los tiempos electorales, por supuesto.
SENADO ¿DIRÁ HA LUGAR?
Durante décadas, el juicio político en contra de los Presidentes no ha prosperado. Algunos casos en contra de gobernadores y congresistas se suspendieron cuando los imputados decidieron abandonar los cargos.
El único juicio político que se llevó casi hasta el final fue, precisamente, el iniciado en contra de Andrés Manuel López cuando desempeñaba el cargo de Jefa de Gobierno del Distrito Federal por desacato a un amparo de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes el decreto por el que se elimina el fuero para el titular del Ejecutivo.
Y se dice “casi hasta el final”, porque conforme al texto que se mantenía en la Constitución, al ser desaforado también debió ser removido de su cargo y esto no ocurrió. Siguió gobernando sin fuero.
El juicio político en México tiene tres pasos: la denuncia ante la Cámara de Diputados, la aprobación por el total de los miembros presentes en la sesión que se discuta y el envío al Senado de la República para que declare ha lugar.
Cumplido el procedimiento, en el Senado se vota y se aprueba o rechaza. Hasta ahora no hay registro que en los últimos 50 años haya avanzado una acusación en contra de presidente alguno.
Y salvo la presunta versión de declarar traidor a la patria a Enrique Peña Nieto por la indagatoria de Odebrecht ningún otro recibió el tratamiento. Pero en este caso, todo quedó en versión, porque el expresidente no puso en peligro a la Nación con la asignación de contratos de obra pública.
EL MITO GENIAL
Hablar y festinar que el Presidente de México será juzgado por delitos que “…delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, se vuelve un mito genial toda vez que tendría que iniciarse el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados, avalarse y enviarse al Senado de la República y con mayoría de congresistas egresados del ex partido oficial, no habrá proceso.
¿Por qué engañar y señalar que el Presidente de la República perdió el fuero?
Más aún: no deja de ser amañada la redacción del 108, en el que se elimina la palabra “delitos graves del fuero común” y se antepone “durante el tiempo que dure su encargo”.
Por consecuencia, se reforman los artículos y su efecto no llegará más allá de la retórica.
Y para culminar el engaño y confirmar el mito genial (dixit Pedro Aspe en funciones de secretario de Hacienda), a los secretarios de Estado se les quita el fuero pero los congresistas federales, senadores y diputados, y a los locales por analogía, lo conservan.
Al final, el Presidente mantiene el fuero aunque se coloque disfraz de demócrata y ciudadano común.
