*Cada vez son Menos los Puntos a Favor del Guinda
*Muchos son los Fardos que Lleva Cargando el Presidente
*Y los Opositores no Están Mancos; ya Trabajan Juntos
*Encuestas que Están Amañando los Magros Resultados
*La Serie de Pesadas Losas que Están Cargando Algunos
*Nada Está Escrito Para Nadie aún en Este Final de Año
Por Joel Armendáriz
Como un grito de desesperación se escuchó la invitación del nuevo dirigente de Morena a “sus aliados”: las puertas están abiertas para cualquiera que desee formar parte de la transformación. Un clamor que denota debilidad dentro del partido del gobierno y trata de superar mediante alianzas aunque sean vergonzosas pero que reditúen votos en las elecciones de 2021.
En su llamado condicionó: a los partidos que quieran sumarse a Morena en una coalición a la Cámara de Diputados que tendrán que compartir “de manera indudable el compromiso contra la corrupción”.
Una razón de peso: la decisión del PT de oponerse a la extinción de 109 fideicomisos públicos, generó irritación en San Lázaro y en Palacio Nacional.
No obstante la permanente campaña llevada a cabo desde el púlpito presidencial, las acciones del Gobierno federal en el manejo de las crisis sanitaria, económica y la criminalidad y violencia en todo lo alto, además del enfrentamiento con la clase empresarial y con aquellos que no comparten el proyecto de Andrés Manuel López, el pulso ciudadano muestra rechazo a ratificarle el poder y por ello el grito de “vengan todos, no importa que sean adversarios… súmense a la causa”.
Y contrario a lo que expresa el Presidente de la República cotidianamente para desacreditar a las oposiciones y sus adversarios, los legisladores de Morena y sus aliados: el PT, el PES y parcialmente con el PVEM, el partido oficialista no tiene el triunfo asegurado en las elecciones federales, estatales y municipales de 2021.
La crítica presidencial de que las oposiciones y los opositores –marca la diferencia- se están “juntando” para derrotar su proyecto de gobierno denominado “Cuarta Transformación” y que están formando alianzas políticas para arrebatar a Morena y aliados la mayoría en la Cámara de Diputados ignora que su partido realiza compromisos con nuevos aliados como Nueva Alianza y mantiene a los otros porque, según los números oficiales del Instituto Nacional Electoral, no alcanzan para mantener el control en San Lázaro.
LA BÚSQUEDA DE AMLO EN LA BOLETA
Pasados dos años y cinco meses de las elecciones celebradas el 1º de julio de 2018, el Presidente inició la planeación para mantener el poder y una de sus propuestas fue la que la consulta para la revocación de mandato se realizara el mismo día de las elecciones federales intermedias. La Constitución es explícita en ese sentido y cualquier consulta ciudadana se tiene que realizar el primer domingo de agosto posterior a los comicios federales.
La intención siempre fue clara: sabedor de su jalón con los votantes y consciente de que el triunfo arrollador de 2018 es imposible que se repita si no aparece en la boleta acompañando a sus candidatos a diputados federales, gobernadores, presidentes municipales y legisladores locales, ha buscado por todos los caminos, incluido el chantaje sentimental, que su rostro y nombre queden impresos en la boleta electoral del 2021.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó que la revocación de mandato se llevara a cabo paralela a las elecciones, al tratarse de una reforma constitucional fue detenida en el Senado de la República y modificada para que se celebre en 2022.
Al fracasar en su intento por la conformación del Bloque de Contención integrado por los senadores del PRI, PAN, PRD y MC, surgió la nueva idea: que los ciudadanos decidan si se juzga a los 5 expresidentes anteriores.
La propuesta fue enviada a la Corte y los ministros y ministras decidieron que la pregunta era inconstitucional y la reformularon. La Consulta deberá realizarse el primer domingo de agosto conforme al mandato constitucional.
Sin embargo, desde el Senado de la República se planteó modificar el texto para que se cambie la fecha de realización y se empate con las elecciones. Los expertos sostienen que como ordena la Constitución no se pueden reformar ni la Constitución ni las leyes que de ella emanan en materia electoral sino antes de 90 días de haber iniciado el proceso electoral.
Para el caso, el proceso actual dio comienzo el 8 de septiembre por lo cual cualquier reforma que se pretendiera hacer después de esa fecha, violaría la Constitución.
A pesar de las restricciones legales, se insiste que la consulta para juzgar a “los actores del pasado”, nunca se señala que será para “los expresidentes” en virtud de la reformulación de la pregunta presentada por el presidente de la República, debe llevar a cabo el mismo día de los comicios para evitar el doble gasto.
La Consulta tendrá un costo estimado de mil 400 millones de pesos. El argumento sostenido por el presidente López, el senador Ricardo Monreal y en su momento el diputado Mario Delgado, es que en el tiempo de la pandemia de coronavirus hay que ahorrar los recursos. El reclamo es inválido porque el vocero sanitario considera que la crisis sanitaria terminará entre abril y mayo del próximo año. Es decir, dos o tres meses antes de las elecciones.
El fondo de modificar la fecha es electoral. El presidente y los asesores políticos que lo acompañan saben que sin la fotografía de Andrés Manuel López los candidatos de Morena y sus aliados no tendrán la fuerza suficiente para repetir la votación de 2018.
Pero la espada de Damocles pende en los altos techos de los recintos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados y aunque se violente la Constitución se mantendrá la insistencia de reformar la fecha fijada.
MORENA: NO ES EL LEÓN COMO LO PINTAN
En tiempos preelectorales surgen las encuestas. Los demoscopistas velan armas y ponen en sus preguntas nombres de partidos, no de precandidatos, para conocer qué instituto político cuenta con mayor aceptación por parte de los ciudadanos.
Se tergiversa el resultado y se presume que la popularidad de un Partido, sea el que fuere, acompañará a quien designe finalmente candidato para gobernador, diputado federal, legislador local o alcalde. Nada más erróneo. En tanto no se conozcan los nombres de los que buscarán el cargo de elección el ciudadano desconoce si el que presente cualquier partido es el que reúne las exigencias para ocuparlo.
A lo lejos, porque faltan siete meses para la realización de los comicios, los encuestadores conceden a Morena el triunfo en casi todos los gobiernos en juego y la ratificación del número de diputados federales y cuando menos la mayoría en 20 de los 32 congresos locales que estarán en disputa.
En las encuestas no se pregunta a los desempleados, a los enfermos, a los parientes de quienes fallecieron por mala atención al ser contagiados por el coronavirus; tampoco se llega al universo de los que son sometidos por el crimen organizado y con ello el aumento de la violencia y de los homicidios dolosos y feminicidios. Menos aún a los chontales de Tabasco que fueron inundados de manera negligente.
Sin conocer quiénes son los entrevistados, a los que genéricamente se les llama “ciudadanos con credencial de elector”, quienes recopilan la información no saben si los que responden fueron afectados por la extinción de los fideicomisos o si son padres de niños con cáncer que mueren por la falta de medicamentos para sus tratamientos.
Para los demoscopistas lo importante es saber qué partido tiene más simpatías aunque no comprueban si las respuestas son apegadas a la realidad.
Morena no tiene cobertura ni infraestructura nacional y carece de líderes locales que tengan como carta de presentación experiencia política y administrativa, que hayan pasado por los cargos que ahora buscan y que no cometieran actos de corrupción. Aquellos que ya son conocidos no resisten la prueba de la crítica porque desde San Lázaro se han instrumentado leyes que los dejan en estado de indefensión.
Nadie ha contabilizado a los más de 200 mil – más sus familiares que pueden sufragar- despedidos del Gobierno federal por carecer de plaza y porque eran contratados por honorarios. Quienes integran la informalidad ya no son controlados por los dirigentes que tienen contactos con los alcaldes y que los obligaban a votar por quien ellos ordenaban.
El incumplimiento de compromisos como el de reducir el precio de las gasolinas, la laxitud para contener la creciente violencia que ha dado fuerza a los cárteles criminales; crear una red de 100 universidades, tener un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá; o manifestar el desprecio por los reclamos de las feministas, decretar la reducción de salarios y aguinaldos en el sector público, a cambio de mantener los programas sociales que abarcan 12 millones de beneficiarios, son factores que pesarán en el ánimo de los votantes.
No obstante la bandera de la guerra contra la corrupción, en el sector público prevalece y prueba de ello es la asignación directa de contratos para obra, adquisición de bienes y servicios y la designación de personas no aptas para desarrollar diversas actividades.
MEDICAMENTOS, OTRA PESADA LOSA
A partir del inicio de esta administración federal, el presidente de la República ordenó que todas las compras de las más de 14 mil claves que utiliza el sector Salud se hicieran de manera consolidada y en una sola ventanilla: la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en donde al principio despachaba Raquel Buenrostro hoy Jefa del SAT, y quien vetó a farmacéuticas, canceló contratos de producción, distribución y limitó la oferta.
Son miles, millones de quejas de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE por no recibir los medicamentos para llevar adelante sus tratamientos y por la reducción de intervenciones quirúrgicas ya programadas.
A pesar de la crisis por el desabasto, la Presidencia de la República no ha modificado el esquema y pese a las reiteradas afirmaciones de que no hay desabasto, la realidad ha sido terca y mostrado lo contrario.
La cancelación del Seguro Popular sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) que inició operaciones en enero de este año y que hasta diciembre no cuenta con las reglas de operación, dejó en el desamparo a cerca de 30 millones de las 50 de personas que recibían atención médica y fármacos con el Seguro Popular.
PROGRAMAS SOCIALES, EL PILAR DE MORENA
Aunque como partido no puede entregar beneficios en los programas sociales, porque la legislación lo prohíbe, los legisladores de Morena han aprobado recursos mayores a los de años anteriores para apoyar a los Adultos Mayores, Jóvenes Emprendiendo el Futuro, Sembrando Vida, a costa de la reducción de asignaciones al sector rural y agropecuario. Y votaron la pensión universal inscrita ya en la Constitución.
Con 17 mil trabajadores, el ejército de Servidores (se dicen Siervos como Morelos) de la Nación, en cuyos uniformes porta el logotipo de Morena o el nombre del Presidente, el Gobierno presume de llevar los recursos a los más pobres sin intermediarios, aunque millones de los beneficiarios según los padrones que utiliza la Secretaría del Bienestar, denuncian no haber recibido ningún apoyo.
El propio presidente López ha reconocido que todavía faltan unos dos millones de adultos mayores de recibir su pensión universal.
El Gobierno de la República y su partido apuestan al agradecimiento de los beneficiarios y dejan de lado a quienes han marginado para destinar los recursos a obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Boca, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Transísmico.
Una apuesta sumamente arriesgada porque quienes reciben los beneficios siguen los consejos que Andrés Manuel López les daba en campaña: reciban todo lo que les den y el día de la votación decidan por otro partido.
Nadie garantiza que los becados, los beneficiarios de los programas sociales se mantengan fieles y que en los próximos comicios voten por los candidatos de Morena.
Una cosa es ser el partido más conocido, el más popular y otra que sus candidatos encuentren el respaldo de los ciudadanos. Porque quienes habitan en los municipios saben quién es quién en la política.
Por ello el llamado desesperado de Mario Delgado: alianzas y más alianzas para que Morena gane y continúe el proyecto político del Presidente de la República.
El nuevo dirigente de Morena anuncia que se sentarán con los partidos “para materializar alianzas” en función del “contexto electoral” de cada uno de los estados.
La advertencia: el partido no se aliará con otras formaciones que “tengan ya candidatos” elegidos, puesto que “Morena va a definir a los candidatos”.
La alianza con el PVEM para Nuevo León ya se cayó. En los otros 14 estados podría ocurrir lo mismo en cuando menos 5. La fuerza de Morena no alcanza para ganar sin aliados. Los números lo demuestran –ver gráficas- y aunque en 2018 de todas formas habría ganado AMLO, sus aliados le aportaron poco más de 6 millones de sufragios.
Las oposiciones construyen su alianza aunque las ambiciones por los estados en donde gobiernan impiden que los cuatro: PAN, PRI, PRD y MC vayan juntos en la elección federal -500 diputados- y en las 15 gubernaturas. Sus dirigentes saben que con honrosas excepciones sus partidos ganarán en solitario.
Con todo y ello, Morena lleva la carga de las decisiones gubernamentales que incrementaron en 12 millones el universo de la pobreza, ahogaron a los chontales, los errores en el manejo de la pandemia y, lo más importante: el número de fallecidos y contagiados que no votarán por la cuatroté.
