Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
En las últimas 48 horas se han divulgado correos y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que se exhibe el alto grado de corrupción entre parte de sus integrantes de alto, medio y bajo niveles dentro del ejército.
El hackeo del grupo Guacamaya, que no ha sido calificado de criminal, a la institución militar, evidencia que no se atiende el llamado, quizá porque tiene pruebas en contrario, del Comandante Supremo respecto a que ya se barrió, de arriba para abajo, la corrupción en la administración pública federal a cargo de la actual administración.
Frente a la difusión de la información obtenida sí, ilegalmente, pero no por ello falsa, el silencio del general secretario en primera instancia y del comandante supremo en segunda, parecería la admisión de culpa.
No sería la primera y no será la última ocasión en que se vincula a militares en acciones ilegales. En la época distante, allá en 1972, Humberto Mariles, el ganador de dos medallas de oro en equitación en los juegos olímpicos de 1948, fue detenido en París en posesión de heroína. Años después, en 1991, el zar antidrogas, José de Jesús Gutiérrez Rebolledo, fue aprehendido por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “el señor de los cielos”, quien falleció a causa de una cirugía plástica para cambiarse el rostro y cuyo abogado defensor era Diego Fernández de Cevallos.
Hace 2 años, el general y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Ángeles por sus probables nexos con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque fue liberado por gestiones del gobierno de México para ser investigado po la Fiscalía General de la República que finalmente lo exoneró de todos los cargos.
La historia de militares de alto y medio rango que se coludieron con criminales, narcotraficantes o cometieron ilícitos como la presunta compra de pastura para los equinos del ejército, es larga y conocida. No a plenitud porque entre los militares hay algo que no se publicita: lealtades con los superiores.
Sin embargo, ahora con el uso de tecnología probablemente utilizada de manera ilícita, se oxigena el comportamiento de un Ejército, no solamente de altos y medios mandos sino hasta tropas, que ha dejando de lado los principios que deben regirlo.
Hacer públicos documentos clasificados en los que se revelan las ilegalidades cometidas por elementos cuyos cargos alcanzan la calificación de “autorizados” en tareas de secrecía y que muestran no la presunta sino la conexión con criminales y el uso indebido del rengo para obtener dividendos ilegales, coloca a la institución en precaria condición.
Lo grave no es conocer la información, sino saber que el general secretario actual, conocía los hechos y no impidió que se frenaran. Se sabe, por la publicación que hizo ayer el portal Latinus, que estaba enterado, por ejemplo, de cómo elementos a su cargo realizaron la creación de empresas fantasma para allegarse recursos por cientos de millones de pesos. Otro correo atribuido al hackeo que sufrió la dependencia por no tener los sistemas de seguridad suficientemente modernizados -se dice que por falta de recursos- vincula a militares de rangos medios para abajo en la venta de armamento a criminales. ¿Cómo no saber cuántas granadas, armas largas y demás deben estar en los arsenales militares?
Aunque se dirá que es una campaña contra el Ejército -seguro lo dirá esta mañana el presidente de la República-, las evidencias no mienten y la gravedad del asunto es la lentitud con la que titular de la Defensa Nacional reacciona.
Hasta el momento todo es silencio.
Todo indicaría que el Ejército se siente y está empoderado y que poco le importa lo que se diga de su comportamiento. Al final del día, tiene el respaldo de su comandante supremo que, por cierto, no es el hombre mejor informado del país. O a lo mejor sabe todo y se hace el occiso por razones de “seguridad nacional” y, sobe todo, personal para imponer su proyecto de gobierno.
Y recordar que el que calla otorga, no es ocioso.
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