Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En el marco de la victoria de Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos, controladores de tránsito aéreo y un sindicato de maestros del Estado de México presentaron quejas por violaciones al marco laboral del tratado comercial T-MEC. Los demócratas estadounidenses fueron los que impulsaron la imposición de requisitos de la cláusula democrática en la elección de dirigentes sindicales como condición para que el acuerdo entre los tres países fuese ratificado en 2018.
Mientras la polémica continúa por la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de no felicitar al candidato electo estadounidense por su triunfo, en la embajada de EU en nuestro país, ambos gremios por escrito le solicitaron al embajador Christopher Landau, el inicio de la controversia. Los controladores lo hicieron el 5 de noviembre, mientras los maestros mexiquenses un día antes.
En su demanda, el secretario general del Sindicato Nacional de controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), José Alfredo Aguilar Covarrubias Aguilar hizo una enorme lista de violaciones en materia laboral cometidas por la administración del organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), encabezada por Víctor Manuel Hernández Sandoval, en especial los capítulos en materia laboral 23 A y 31 B y sus respectivos anexos del T-MEC , así como los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Señala como autoridades responsables al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Leal; al director general del SENEAM, y al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez.
Al citar el anexo 23 A del T-MEC, hizo referencia al Convenio 98 de la OIT que en el artículo 1 señala:
“Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”
Y en el punto 2 dice:
“Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto”. Y el inciso a) establece: “sujeto el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato a la de dejar de ser miembro de un sindicato”.
Cita la advertencia que hizo Raúl Campilla Gómez, coordinador regional de tránsito aéreo del SENEAM -para mayor información ver Los privilegios del pasado 22 de septiembre-, en una reunión con 50 controladores de tránsito aéreo de nuevo ingreso les dijo de manera textual:
“No quiero nada de sindicatos. Vienen a trabajar y hagan las cosas que tienen que hacer; si hacen su trabajo bien no necesitan nada de sindicatos”, en lo que representa una intromisión para afectar al SINACTA.
Denuncia también que la administración del SENEAM lo despidió injustificadamente a él y al secretario de organización, Ángel Iturbe, porque iniciaron un juicio ante el TFCyA, institución que en diciembre pasado calificó de improcedente un emplazamiento a huelga por violaciones a derechos de los controladores de tránsito aéreo.
Entre otras violaciones, la SCT debe aceptar licencias médicas expedidas por alguna institución del sector salud que no sea el ISSSTE, privada o particular, que por razones de urgencia o porque no haya servicios de ese instituto.
También el respeto al derecho de una lista de 15 controladores de las torres Toluca Bajío, México y Monterrey.
A Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del TFCyA lo señalan de mantener una posición permanente en beneficio gubernamental, que “ante cualquier petición justa y conforme a derecho, toma acuerdos con las autoridades gubernamentales, retrasando los procedimientos fuera de los términos y plazos que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, haciendo interminables los juicios”.
No es la primera vez que Morales Vázquez enfrenta señalamientos por violentar el estado de derecho. En el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Laboral de la Ciudad de México, en una queja presentada por Hugo Alfredo Alonso Ortiz, ganador de las elecciones entre los trabajadores del gobierno de la capital del 9 de enero pasado, lo acusa del delito de desacato judicial por haber otorgado el reconocimiento a un directorio sindical después de que se dictó una suspensión definitiva.
Covarrubias Aguilar solicita al embalar estadounidense en nuestro país, se le tenga presentando demanda ante el Comité Laboral Intersecretarial para Monitoreo y Vigilancia de Cumplimiento y el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas del T-MEC, iniciar el procedimiento de respuesta rápida como lo establecen los anexos 23 A y 31 B “a efecto de solventar la reparación de la denegación de derechos colectivos respecto a la libertad sindical y negociación colectiva, así como el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo exclusivas para los controladores de tránsito Aéreo vigentes”.
El 4 de noviembre, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), que encabeza Luis Zamora Calzada, presentó también una queja por violaciones al capítulo laboral del T-MEC, cometidas por el gobierno del Estado de México.
Ambas quejas se presentaron en el marco del triunfo electoral del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, por la presidencia de Estados Unidos, a quien el gobierno mexicano se ha negado a felicitar hasta que, (ha sido el argumento), sea avalado por las autoridades de ese país.
Los demócratas, a través de Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, condicionaron la aprobación del T-MEC a que se incluyera el capítulo laboral que contempla la libertad sindical y la elección democrática de los a dirigentes, entre otras reglas.
PARA LA AGENDA
La madrugada del pasado lunes 11 de octubre, la trabajadora que entregó 40 mil pesos a una corredora de Silvia Patricia Hernández con el compromiso que ocuparía una plaza de base en el ISSSTE, fue amenazada. A esa mujer el secretario general de la sección 3 “Clínicas de medicina familiar”, Noe Hernández le regresó la documentación con la que acreditó estudios profesionales, no le ha sido reintegrado el dinero que entregó mediante depósitos en la cuenta de la corredora cuyo primer nombre es Alma, con números de terminación 8926 y cuyo domicilio se ubica en la Alcaldía Iztapalapa. Y es que el padre de la señorita Hernández, según esto, ha pagado algo así como un millón 250 mil pesos defraudados. Las amenazas se hicieron vía telefónica, con voz distorsionada… El artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo establece la irrenunciabilidad al derecho de percibir salarios. Ese dispositivo es importante por la decisión del gobierno federal de que servidores públicos de mando regresen parte del aguinaldo, prestación económica que es parte del salario. Y el artículo 98 de la mano de la suma ley señala: “Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe ese derecho será nula”. Y eso que en este gobierno se dicen diferentes…
