Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En España, el gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrenta severas críticas tras haberse comprometido con el partido heredero de lo que fue la organización terrorista ETA, EH Bildu, a derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, la que entre otras cosas limitó el pago de indemnizaciones por despido injustificado a un año y dio luz verde a los contratos de aprendizaje.
Para los mexicanos esas figuras jurídicas nos son conocidas: unos meses después, las copiamos y le agregamos otras, como la legalización del pernicioso outsourcing, las que se mantuvieron intactas en la reforma que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, misma que fue aprovechada para generar condiciones en un cambio de dirigentes sindicales cercanos a Morena, con el argumento de la democratización en su elección.
Sólo que en esa supuesta democratización no se reparó en la violación al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por México desde 1948.
Y es que el nuevo artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo establece una serie de obligaciones que los sindicatos deben cumplir para la elección de sus dirigentes, con la amenaza que de no hacerlo serán nulas, mientras el Convenio internacional 87 garantiza la libertad de los trabajadores en la redacción de sus estatutos.
Lo anterior significa que si los trabajadores deciden que la elección de sus dirigentes sindicales sea a mano alzada o a través de delegados al congreso, debieran ser respetada por el Estado. Sólo que el gobierno les negaría la toma de nota o reconocimiento oficial y quedarían en el limbo.
Es una realidad que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador poco apego tiene por cumplir con la ley. Ejemplos hay muchos; en materia laboral destacan dos: la pitorreada que Sanjuana Martínez le ha dado de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de ordenarle la suspensión actividades en Notimex ante la validez de la huelga de sus trabajadores sindicalizados, y el desconocimiento del Gobierno de la Ciudad de México de los resultados de las elecciones democráticas en las que resultó ganador Hugo Alfredo Alonso Ortiz.
Sanjuana Martínez es destacada integrante de la autonombrada Cuarta Transformación.
Para arrinconar la intención de Alonso Ortiz a que se le reconozca su triunfo, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha utilizado al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para negarle la toma de nota y no pagándole las cuotas de los trabajadores de la sección 1 “Limpia y transportes” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) de la que también es secretario general y cuenta con reconocimiento oficial.
En España gobierna el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en coalición con Unidos Podemos. Desde que el Partido Popular aprobó la reforma laboral han sido críticos permanentes. Cuando la moción de censura echó del Palacio de la Moncloa a Mariano Rajoy, se generaron algunas condiciones que pudieran llevar a la consecución de su objetivo, lo que no se ha logrado por la falta de una mayoría sólida.
El caso es que el presidente del gobierno español pactó con el partido EH Bildu y con Unidas Podemos, la derogación de manera íntegra de la reforma laboral a cambio de su apoyo a las medidas para enfrentar al Covid-19.
En la votación por las nuevas medidas para enfrentar la pandemia, el presidente Sánchez obtuvo el apoyo de los diez diputados del partido Ciudadanos. Sólo que en las negociaciones con la líder Inés Arrimadas nada le comunicó del compromiso firmado con EH Bildu para derogar la reforma laboral, por lo que está metido en un berenjenal.
En México hay voces, como la del senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente de un sindicato minero, crítico del outsourcing y que ha hecho intentos frustrados por la desaparición de esa figura que ha servido para pulverizar prestaciones económicas de los trabajadores.
La oportunidad para acotar realmente el outsourcing -y cambiar el tope de indemnización a un año de salarios en caso de despido injustificado- se tuvo en la reforma de 2019: con la holgada mayoría de Morena en las cámaras de diputados y senadores pudieron haberla sacado adelante.
Prefirieron mirar hacia otro lado, igual que lo hacen con los excesos que se cometen en la contratación de trabajadores mediante empresas outsourcing, con el objetivo de reducir costos de producción, al cumplir, en la mayoría de los casos, con las prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo.
En este espacio hemos dado cuenta de que más del 40 por ciento de los trabajadores bancarios están contratados mediante outsourcing. Hay bancos que tienen toda su plantilla en esas condiciones, con lo que evaden la obligación de pagarles reparto de utilidades, una prestación constitucional.
El banco más importante del país, con poco más de 30 mil trabajadores, ¿cuánto se ha ahorrado desde 2007 en no pagar reparto de utilidades?
Para Morena y su aliado el Partido del Trabajo, es preferible impulsar la desaparición de los fideicomisos -¿incluido el FONAC?- y las afores, que reformas a la ley laboral en beneficio real de los trabajadores.
PARA LA AGENDA
La inclusión de Dulce Rosas, con el tema “Planeación estratégica en la aviación”, en cursos de capacitación organizados por el órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), los días 14 y 15 de mayo, generó sospechas de probable corrupción. Y es que, según esto, a la ponente se le omitió el apellido paterno, Hernández, en un intento por evitar que se descubriera que es hija del director general, Víctor Manuel Hernández Sandoval, lo que configuraría nepotismo y posible conflicto de interés, un caso que la Secretaría de la Función Pública debiera investigar para deslindar responsabilidades, sobre todo porque existen evidencias que en ese órgano desconcentrado de la SCT en la actual administración no se es muy pulcro en cuanto a casos como el nepotismo, ya que un hijo del propio director, Alejandro, ascendido a jefe de torre, en los tres primeros meses del año se le pagaron horas extras por casi 300 mil pesos pese a no ser personal operativo. Otros ponentes en esos cursos fueron Luis Ramón Álvarez Aceves -trabajadores esperan que su grupo de capacitación no haya sido el organizador- encargado de la Subdirección de Capacitación, y Mauro Sánchez Méndez, del área jurídica. El último por cierto con una serie de faltas de dicción, no tuvo capacidad para diferenciar órgano desconcentrado de descentralizado, y al SENEAM le cambió la “M” por “N”, lo que muestra su capacidad profesional… Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del SNTISSSTE, planteó al director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, la aplicación de un estímulo económico o periodo extraordinario de vacaciones para el personal de las tiendas que durante la pandemia de Covid-19 atiende al público en general y también al personal administrativo de áreas esenciales, y a los adscritos a Prestaciones Económicas, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, FOVISSSTE y Velatorios. Planteó también que la compensación de extraordinaria de hasta el 20 por ciento autorizada a médicos y enfermeras en áreas de atención al coronavirus, se aplique de igual manera al personal de clínicas de especialidades, medicina familiar y unidades de medicina familiar. Planteamientos que sin duda le granjearán reconocimiento de sus representados, en la recta final de su gestión…
