Por Gerardo Lavalle
De histórico, así, se considera el fallo de los ONCE ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la reforma a la Constitución de Baja California que ampliaba el lapso del gobernador Jaime Bonilla de 2 a 5 años.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fijó, con argumentos jurídicos, que la intentona de los diputados locales, impulsados por enormes beneficios, es un fraude a la Constitución.
Con el fallo, el experimento de que un Congreso puede modificar los términos constitucionales de permanencia de un gobernador y en su caso del Presidente de la República, se fue al drenaje profundo.
Imposible no darse cuenta de qué se buscaba con el Bonillazo. La mirada estaba puesta en 2024 y la cancelación le robo las esperanzas a quien aspiraba a tener elementos constitucionales para solicitar al Congreso federal una medida similar.
Quizá por ello estaba tan “enmuinado” el Ciudadano que vive en Palacio Nacional.
Como fuere, hay que rendir reconocimiento a los ONCE ministros de la Corte, porque regresó la dignidad a la Institución cuando se preludiaba que estaba entregada a los brazos de la 4t.
Conocida la sentencia, el gobernador Bonilla expresó: No me gusta pero la acataré.
Nada más eso nos faltaba: que se dictaran las sentencias a modo de un gobernante.
Después de hacerse pública la votación, los aplausos brotaron de parte de la llamada clase política y no faltaron los “enterados” que evidenciaron la ruptura de los compadres AMLO y Bonilla, a partir de no compartir los números del vocero sanitario del Gobierno federal.
Será el sereno, pero a JB le quitaron el sueño de ser “innovador” en materia electoral.
