Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El desaseado manejo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y funcionarios menores del gobierno capitalino han realizado en el proceso electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), se ha traducido en una grave violación de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Intereses oscuros confluyeron para que se convenciera a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a que desconociera el proceso electoral, con el argumento de la cercanía de Hugo Alfredo Alonso Ortiz con el ex subsecretario de capital humano. Miguel Ángel Vásquez Reyes.
¿No eran más cercanos al ex funcionario los 15 secretarios generales seccionales afines al ex presidente del SUTGCDMX, Juan Ayala Rivero, quien no dudaba en calificar a Miguel Ángel Mancera el mejor jefe de gobierno de la Ciudad de México?
¿Como justifica Sergio Antonio López Montecino que César Piña, secretario general de la sección 4 -con quien mantiene una cercana relación- haya sido el hombre de más confianza de Ayala Rivero?
En efecto, Piña manejó los ocho años de gestión de Ayala Rivero los dineros sindicales, además de haber sido su suplente en las dos ocasiones que perdieron como candidatos a diputados locales por el PRD -por cierto, en ambas oportunidades les ganó Morena-.
Si por el director general de Administración de Personal del Gobierno de la Ciudad de México fuera, Piña hubiera sido el candidato a la dirigencia del SUTGCDMX. Se lo impidió la certeza que la mayoría de los secretarios generales seccionales lo hubiesen rechazado.
Frente a esa realidad, en diciembre optó por impulsar la candidatura de Armando Bautista, una vez que no pudo convencer -de alguna manera hay que decirlo- a José Edel López Paz para que enfrentara a Alonso Ortiz.
No visualizó el tamaño de la derrota que le infringiría el secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes” más de 28 mil votos contra apenas por encima de 4 mil.
El plan “b” consistió en impulsar un amparo en contra de fallas de redacción de la convocatoria a las elecciones del 9 de enero, firmado por cuatro secretarios generales seccional es afines al grupo de Ayala Rivero. ¿A cambio del perdón por las ofensas en la campaña electoral de 2018? Es pregunta.
Sorpresivamente el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo dio entrada a la demanda, toda vez los secretarios generales seccionales carecen de personalidad jurídica. Más extraño que haya otorgado la suspensión definitiva.
Tan irregular como el hecho que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que preside el chiapaneco Plácido Humberto Morales Vázquez, haya calificado de ilegal la convocatoria a elecciones. El artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no le otorga esas facultades.
Peor aún, que con todo y la suspensión definitiva en los juicios de amparo 24/2019 y su acumulado 30/2019, a partir del 21 de enero el pleno de ese Tribunal haya tomado diversos acuerdos, incluido el retiro del reconocimiento a la personalidad jurídica del apoderado legal del SUTGCDMX, Juan Estuardo Rubio Gualito.
Eso justifica el escrito que el viernes 20 de marzo el abogado Rubio Gualito le dirigió al magistrado presidente del TFCyA, en el que hace notar que esas actuaciones implican la comisión de un delito que debe conocer el Ministerio Público Federal, “a efecto de que se destituya a todo el pleno que conforma este Tribunal incluyéndolo a usted y al Secretario General de Acuerdos por incurrir en un desacato”.
La primera denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República, implica a la directora ejecutiva de política y relaciones laborales de la Dirección General de Administración de Personal del GCDMX, Perla Marina Alexander Enríquez, por el contenido del oficio 02160 de fecha 13 de marzo por violaciones a los amparos en trámite en materia sindical.
Independientemente de ese tipo de irregularidades, lo realmente grave es que la primera elección democrática en los términos de la reforma laboral, como lo fue la de dirigentes del SUTGCDMX, el 9 de enero, no haya sido avalada por el gobierno de la doctora Sheinbaum.
En esa elección participaron casi 33 mil trabajadores. Bautista se retiró como candidato luego de haber firmado las boletas electorales, con la certeza que obtendría una rotunda derrota, como ocurrió.
Las secciones afines a Juan Ayala Rivero se unieron a otras diez para ir en contra de lo que establece el estatuto sindical. Esa unión fue promovida por funcionarios menores del gobierno de la ciudad. El objetivo es muy claro: evitar que Hugo Alonso asuma el control sindical, con el pretexto de su cercanía con Vásquez Reyes.
Esos mismos funcionarios se aprestan a imponer la candidatura de Heladio de la Rosa a la presidencia del SUTGCDMX, sólo porque es la propuesta de José Medel, un ex jubilado que en 2004 renunció a la dirigencia sindical entre acusaciones de malos manejos de las cuotas sindicales. Son parte de un llamado frente democrático que es tan “democrático” que tiene al segundo de ellos como líder moral y al que la subsecretaria de Egresos de la ciudad, Berta Gómez Castro, obedece.
Del otro lado, Maximiliano García Arteaga debió conformarse con aceptar la candidatura de un inexistente Foro de Trabajadores. Es evidente que no le cumplieron.
Olvidan que el estatuto sindical es muy claro: la convocatoria la aprueba el consejo general de delegados y la emite el comité ejecutivo general.
Suponiendo sin conceder, que Alonso Ortiz y las secciones que lo apoyan -suman más trabajadores que las otras 25- aceptaran una nueva elección, Hugo volvería a ganarles de manera apabullante: ni De la Rosa ni García Arteaga tienen la aceptación de sus compañeros trabajadores.
PARA LA AGENDA
Deleznable, por decirlo eufemísticamente, la actitud asumida por funcionarios del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE: más interesados en sus teléfonos celebrares, que en dar respuesta a las inquietudes que les planteaban representantes de los trabajadores en torno al coronavirus el pasado 19 de marzo. El director Valentín Herrera Alarcón, el subdirector médico Luis Alberto Castañón Ramírez y la subdirectora administrativa Elizamara Leslie Aguilar Ayala –“luego dicen que soy protagonista”-, con una indiferencia total frente a los planteamientos del secretario general de la sección del SNTISSSTE que les dijo que ante la escasez de insumos para realizar sus tareas, los trabajadores estaban dispuestos a comprar con su dinero lo que necesitaban, siempre y cuando les dieran por escrito que no les llegaban. La situación en ese nosocomio emblema del ISSSTE es de tal gravedad, que la noche del domingo 22 de marzo, en el quinto piso -se ubican las áreas de nefrología, medicina interna y geriatría- les dieron 11 cubrebocas -de los azules que tienen una vida útil de minutos- para 8 trabajadores para toda la jornada laboral… Y en el Centro Médico Nacional «20 de Noviembre», también del ISSSTE, la jefa de la Unidad de Cuidados Intesivos Adultos (UCIA) no supo cómo reaccionar frente a la llegada de un paciente al parecer infectado del coronavirus que les envió un hospital particular, el 19 de marzo. Mientras, Luis Antonio Ramírez Pineda develó una placa en la planta baja del edificio central del instituto -con el nombre del presidente López Obrador y el suyo incluidos- del 60 aniversario de su fundación… El pasado lunes 23 de marzo concluyó el registro de planillas para la elección de dirigentes del STUNAM. Sin duda Agustín Rodríguez Fuentes será ratificado para un nuevo periodo de tres años más. Ese es uno de los pocos sindicatos que desde su fundación realizan elecciones a través del voto Personal, universal y secreto de sus agremiados…
