Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El incumplimiento de los acuerdos por parte del director de administración de personal del gobierno de la ciudad respecto de quién sería el candidato a la presidencia del SUTGCDMX a cambio que no se postulara Hugo Alfredo Alonso Ortiz, y el desaseo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), fueron los factores que contaminaron de manera grave el proceso electoral de dirigentes sindicales en la capital del país, al que se han sumado ambiciones personales.
Sergio Antonio López Montesino decidió, sorpresivamente, iniciar negociaciones con José Edel López Paz, ex secretario general de la sección 6 “Parques y jardines”, en busca que aceptara ser candidato a la dirigencia de las 25 secciones que obedecían a sus instrucciones -incluidas 14 leales a Juan Ayala Rivero y 11 que integran el grupo de “los chapulines”-.
El director de administración de personal de la Secretaría de Finanzas rompió el compromiso que se tenía, el cual consistía en que Alonso Ortiz no se postularía y que su lugar lo tomaría un secretario general seccional de su grupo. Ante el incumplimiento, el dirigente de la sección 1 “Limpia y transportes” no tuvo más opción que convertirse en candidato a la presidencia del SUTGCDMX.
López Paz rechazó la propuesta del funcionario y en un acto de congruencia sindical se sumó a la candidatura de Alonso Ortiz. El grupo de los 25 secretarios generales seccionales, aceptaron de mala gana la candidatura de Armando Bautista, a la que se sumó una llamada coalición de un frente democrático -tan democrático que tiene un liderazgo moral en un aspirante a “charrito sindical”-.
Ante lo que se perfilaba como un triunfo contundente del secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes”, el martes 7 de enero -las elecciones se programaron para el jueves 9-, un supuesto comunicado del TFCyA anunció la suspensión del proceso.
Pese a que se trató de una falsificación -el supuesto comunicado no tenía logotipo, aun cuando sí la información de un laudo en el que se señalaban fallas en la convocatoria al proceso electoral-, el tribunal se ha abstenido hasta ahora de denunciarla y que sea investigada -¿será porque un funcionario y el líder moral dejaron huellas que apuntan a ser ellos los autores?-.
El TFCyA tampoco ha clarificado que en ningún momento ordenó ja cancelación de las elecciones, debido a que carece de facultades para una decisión de esa naturaleza. Ni la dirigencia del SUTGCDMX que encabezaba entonces Hector Castelán ni la planilla azul que postulaba a Alonso Ortiz se dejaron engañar. El miércoles 8 de enero, secretarios generales de la planilla roja anunciaron que un juez de distrito en materia laboral les había otorgado la suspensión de la elección.
A las 5:50 de la tarde de ese día, en la puerta metálica del edificio sindical localizado en la calle de Antonio Caso, un actuario del TFCyA dejó pegado un aviso para que dentro de los siguientes dos días acudieran a notificarse de los acuerdos emitidos en el amparo 15/2020.
Es decir, ni el presidente ni el apoderado legal del SUTGCDMX fueron legalmente notificados de la suspensión de las elecciones ordenada por el juez 7o de Distrito en Materia Laboral, por lo que las mismas se realizaron de manera legal el día siguiente jueves 9 de enero.
Y en lo que pareció un intento por deslegitimar el proceso electoral, el TFCyA publicó el jueves 9 de enero en estrados, la notificación del amparo 24/2020 y su acumulado 30/2020, aun cuando debió hacerlo de manera personal, por lo que pudiera haber incurrido en responsabilidad
Una vez realizadas las elecciones, el amparo promovido por cuatro secretarios generales seccionales afines a la planilla roja que postuló a Bautista, quedó sin materia y por tanto debe desecharse, es decir sobreseerse.
Y toda vez que las elecciones se realizaron conforme la convocatoria, ante el contundente triunfo de Hugo Alfredo Alonso Ortiz, legalmente es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Todo parece indicar que el TFCyA le negará la toma de nota -reconocimiento gubernamental- con lo que dejará en claro la intromisión en la vida interna, con lo que violaría el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El desaseo del tribunal de conciliación en esa elección, manchó de duda la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La insistencia en desconocer el triunfo de Alonso Ortiz e imponer un supuesto “candidato de unidad” -el aspirante a «charrito sindical» impulsa tres cartuchos quemados sin influencia entre los trabajadores- lo único que hace es enredar más cosas.
Es evidente el interés de quien se ostenta como líder moral de una coalición del frente democrático de recuperar la influencia que hace quince años tuvo en el SUTGCDMX. Olvida su propia historia: fue echado de la dirigencia por un movimiento de secciones sindicales en el gobierno en la ciudad del presidente López Obrador.
PARA LA AGENDA
El lunes 7 de enero, Mauro Sánchez Méndez, encargado del área jurídica del SENEAM, acudió al Órgano Interno de Control a darse por notificado de una investigación que pudiera derivar en responsabilidades administrativas. En una actitud que denota su ignorancia en materia jurídica, pretendió presentar pruebas que había llegado a un acuerdo con el ISSSTE para pagar lo que indebidamente había cobrado de su pensión jubilatoria cuando ya se desempeñaba como funcionario. No era el momento procesal oportuno…
