*El Golpe de Estado de los Conservadores
*Otra más: la de los Cristeros en el Siglo XX
Por Jesús Michel Narváez
Parecía que las heridas estaban cerradas y nunca más volverían a sangrar.
No es así, sin embargo. La “ocurrencia”, porque no se le puede llamar de otro modo a la iniciativa que presentó la senadora María Soledad Luévano Cantú, presidenta de la Comisión de Administración y por supuesto integrante de Morena, para modificar el artículo 130 y regresar a la Iglesia –porque no dice iglesias- sus fueros y privilegios, además de otorgar permiso para la utilización de medios masivos –léanse radio y televisión- y sin cortapisa alguna, porque no hay ley regulatoria, (las redes sociales para difundir su doctrina), genera disímbolas reacciones en las que se incluye la del presidente López Obrador.
La también integrante de la comisión de Puntos Constitucionales y oriunda de Zacatecas, plantea prácticamente que la religión católica sea oficial.
Seguramente la congresista no analizó ninguna de las leyes de Benito Juárez relacionadas con la SEPARACIÓN ESTADO-IGLESIA. la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley Orgánica del Registro Civil (1859) y la Ley de Libertad de Cultos (1860).
Todas estas terminaron con el fuero y el derecho divino que alegan los clérigos para intervenir en política. Con apenas 40 años de Independencia proclamada en 1821, los representantes del Vaticano vivían de manera ostentosa. Los, aquí si cabe, conservadores los invitaban a todos sus festejos y los apoyaban con recursos económicos por sus “buenos oficios” frente al gobierno de Comonfort y más tarde de Juárez.
La Ley Juárez, que limitaba el poder e influencia del clero en asuntos civiles, fue promulgada el 23 de noviembre 1855, y la parte fundamental de su contenido fue la supresión del fuero eclesiástico y el militar en materia civil.
En aquella lejana parte de la historia, el registro de los recién nacidos tenía que hacerse en las iglesias. Sin el documento firmado por el sacerdote, los niños no existían. Juárez, ministro de la Corte encontró resistencia en los conservadores. La Ley fue reprobada por la alta jerarquía eclesiástica y la calificó de violatoria de los derechos de la Iglesia católica aludiendo al derecho divino y causó malestar en el Vaticano.
Los enfrentamientos verbales, públicos y privados, llegaron al clímax cuando Ignacio Comonfort promulgó la Constitución de 1857.
La nueva Carta Magna, primera de los liberales y plataforma de la de 1917, enfrentó los intereses de la Iglesia católica, al cancelar a muchos sus privilegios: el fuero y la adquisición y administración de bienes raíces.
Los conservadores, aquí sí caben. Provocaron el golpe de Estado con un solo reclamo: anular la Ley Juárez.
Y se inició la “Guerra de los Tres Años” en la que los enfrentamientos no cesaron y cuando Juárez restauró la legalidad, aplicó con fuerza total la legislación.
La Iglesia y sus representantes tuvieron que aceptar los términos de la legalidad o abandonar el país o en su caso dejar de ejercer sus ministerios.
LA OTRA GUERRA: LA CRISTERA
Habían transcurrido 59 años desde la aplicación de la Ley Juárez y de nueva cuenta chocaron católicos y Gobierno.
Aunque las casi seis décadas de diferencia preludiaban que los clérigos aceptarían su suerte, no faltaron jerarcas que jamás quitaron el dedo del renglón en cuando a recuperar sus privilegios.
En 1926 la conocida Ley Calles, cuyo principal objetivo era limitar el culto católico en el país –Plutarco Elías Calles era masón de grado 33 y gran maestro, por lo tanto agnóstico- tenía, según cuenta la historia, especial repulsión por los conservadores que apoyaron a Porfirio Díaz. No hay datos precisos que comprueben la aseveración, pero el hecho es que el presidente de México no soportaba ni a los nuncios enviados por el Vaticano. En solamente dos años hizo expulsar a dos: Serafina Camino y Jorge Caruana, éste en el nacimiento de la Guerra Cristera.
De acuerdo con Wikipedia, la radicalización hizo que en zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí al igual que Zacatecas, en la Ciudad de México, y en la península de Yucatán creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana a los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927, empezó el acopio de armas; las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo, cada vez se unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros.
El choque entre católicos –cristeros- y el Gobierno finalizó cuando Emilio Portes Gil asumió la Presidencia de la República por el asesinato de Álvaro Obregón, quien se reeligió en 1928, pero nunca tomó posesión de su segundo periodo.
Hubieron de pasar 62 años para que los clérigos recuperaran dos de sus privilegios más amados: el reconocimiento de la autoridad gubernamental a su ministerio y la adquisición de tierras y bienes inmuebles sin fines de lucro.
El artículo 130 fue reformado y surgió la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
A 27 años de distancia, hoy la senadora de Morena María Soledad Luévano Cantú, propone que a la Iglesia se le devuelvan sus fueros y privilegios y, conforme a los tiempos, se les autorice a utilizar los medios masivos de comunicación para difundir la doctrina. No será solo la católica la que reciba los beneficios sino todas las iglesias. La evangélica en primer término.
Las heridas no cierran por completo y la congresista se apresta a abrirlas para que de nueva cuenta los enfrentamientos afloren y dividan, más aún, a todos los habitantes de México.
Y por supuesto, sepultar el liberalismo de Juárez.
